El comportamiento de determinados mandos de los Mossos d´Esquadra a propósito del proceso soberanista en Cataluña está bajo la investigación del juzgado central nº 3 de la Audiencia Nacional, del que es titular la jueza Carmen Lamela. Entre la documentación aportada a la instrucción por la Policía Nacional consta un amplio informe sobre el funcionamiento de un “departamento de espionaje ilegal” integrado por funcionarios policiales autonómicos que vigilaba, con seguimientos, fotografías, grabaciones e informaciones de distintas fuentes, a políticos y periodistas. Una actividad, además, financiada con fondos reservados.
Varios de los periodistas así espiados son profesionales de El Confidencial, medio que también es objeto de pormenorizado análisis por las noticias —muchas en exclusiva— que nuestro diario ha ido proporcionando sobre la marcha del proceso soberanista en Cataluña. Se trataba «de controlar» a personas de distintos ámbitos —empresarial, social, informativo— que pudieran “representar una amenaza para el proceso que estaba poniendo en marcha la Generalitat de Cataluña”, según reza literalmente el informe policial que obra ya en los documentos de la causa que instruye la Audiencia Nacional.
Al margen de las responsabilidades penales que mandos y subalternos de los Mossos d´Esquadra hayan podido contraer por esta y otras actividades, el espionaje a los periodistas de El Confidencial es un hecho acreditado en los informes de la causa que instruye la jueza Lamela, y resulta especialmente grave. La policía autonómica catalana se debe a la observancia de los mandatos constitucionales como, de modo explícito, impone su ley reguladora de 11 de julio de 1994. Le concierne, por lo tanto, la defensa —y no la agresión— de los derechos individuales de los ciudadanos y de sus libertades colectivas.
El espionaje practicado por los Mossos d´Esquadra descubierto por la Policía Nacional demuestra que se produjo una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de los políticos y de los periodistas seguidos y vigilados, se perpetró un grave atentado a la libertad y privacidad de las comunicaciones y, en definitiva, por vía de hecho, sin orden judicial alguna, se trató de localizar subrepticiamente argumentos para coartar la libertad de expresión mediante la obstaculización a la de prensa. Es decir, se ha atentado contra las garantías que a los ciudadanos y a los profesionales de la información reconoce y ampara el Título Preliminar de la Constitución.
La ilegalidad e ilegitimidad del comportamiento policial de los Mossos d´Esquadra que intervinieron en este episodio bochornoso son palmarias, como demuestra su propósito de incinerar este material el pasado 26 de octubre en Sant Adrià de Besòs, lo que impidió la Policía Nacional, que trasladó los correspondientes informes a la Audiencia Nacional. En definitiva, más allá de cualquier eufemismo, los Mossos d´Esquadra pretendieron con esta actividad de espionaje ilegal intimidar, coaccionar y obstaculizar la libertad de información de este diario. Y, por consiguiente, la respuesta, además de legal, ha de ser deontológica y ética.
El Confidencial es un medio libre, plural, riguroso en sus informaciones, que —salvo en casos tan graves— no acostumbra a pronunciamientos editoriales
El Confidencial es un medio libre, plural, riguroso en sus informaciones, criterios que son los que conforman una línea reconocible que —salvo en casos tan graves y especiales como este— no acostumbra a pronunciamientos editoriales. Respetamos la libertad e inteligencia de nuestros lectores para que sean ellos los que elaboren sus propias opiniones a partir de informaciones veraces y análisis plurales. La defensa de esta cultura periodística característica de nuestro medio es la que nos exige reclamar responsabilidades por este grave episodio de intrusión en los derechos de nuestros profesionales que conforma una manifiesta coacción a la libertad de expresión.
Con independencia de la depuración de culpabilidades que corresponde a instancias judiciales y administrativas, parece indicado que ante este tipo de acontecimientos, los profesionales de la información y los editores de medios —a través de sus asociaciones y agrupaciones profesionales— levanten la voz y adviertan de los peligros que conllevan acciones policiales fuera del cualquier control judicial y con clara infracción de los derechos y libertades constitucionales. Una protesta profesional que si es exigible en todos los ámbitos territoriales, sería de desear se produjese también en Cataluña, en donde los casos de subordinación de los medios a los designios de la clase dirigente resultan particularmente impositivos y prepotentes.
