“Había una pequeña pelea cuando se adjudicó la obra», continuó el constructor su relato, «Paco [Granados] decía que había sido por él, mientras que López Madrid decía que había sido por Nacho [Ignacio González]”, explica Marjaliza. González, que pasó 201 días en prisión el año pasado por su presunta vinculación con el caso Lezo,acaba de pedir volver al Ayuntamiento como funcionario municipal.
El tren a Navalcarnero fue un proyecto (no realizado) de 2007 —cuando Aguirre era presidenta de la Comunidad— que iba a unir Móstoles con Navalcarnero con un Metro ligero. La obra se presupuestó en más de 350 millones de euros. Se licitó y logró el contrato el gigante de la construcción OHL, propiedad en esa época de Villar Mir. Por otro lado, ese año, más de 1,45 millones de euros se transfirieron desde varias sociedades mexicanas, controladas por el holding de Villar Mir, a cuentas en Suiza vinculadas a personas del Partido Popular. Villar Mir, que ha tenido que declarar sobre estas partidas en la Audiencia Nacional como imputado, ha negado siempre tener relación con dichos pagos.
“Sobre el tren a Navalcarnero, López Madrid me dijo que les habían pedido [una comisión de] entre 1 y 1,5 millones de euros”, declaró Marjaliza. “¿Quién pedía ese dinero?”, le inquirió el juez: “Granados y Nacho González”, respondió el empresario. “Sé que se produjeron esos pagos porque no tengo ninguna duda de lo que he leído y he escuchado”, añadió Marjaliza en su declaración. El empresario arrepentido aseguró que en esa comida “de amigos” Granados se cabreó: “Paco [Granados] decía que le debían un millón de euros de la adjudicación de Navalcarnero, pero López Madrid me dijo que todo había sido gracias a González”.
También contó que en aquel momento él no supo qué pasaba con la supuesta mordida, pero que años después, cuando se destapó el caso Lezo y salió a la luz la transferencia de fondos de México a Suiza, “redondeó” la información recibida en la comida: “González es el que se queda el dinero; se le pagó un millón de euros”. Tras oír la declaración, el juez Manuel García Castellón anunció que iba a deducir testimonio de sus palabras para incorporarlos al caso Lezo, que también investiga él. En este sumario, el magistrado indaga sobre las irregularidades en la adjudicación de Navalcarnero, pero también sobre la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II y el desvío de fondos públicos hacia cuentas de miembros del PP que formaban parte del Ejecutivo madrileño. Ignacio González es uno de los principales investigados por la adquisición de empresas latinoamericanas pagando un precio muy superior al establecido por el mercado.
