El exvicepresidente madrileño Ignacio González ha relatado este lunes al juez del caso de la caja B del PP que el tesorero nacional Álvaro Lapuerta trataba de controlar cada adjudicación relevante a empresarios que se realizaba por parte del Gobierno regional, según fuentes jurídicas. Se interesaba por cada una de las licitaciones con un conocimiento detallado de los concursos públicos, una presión que González notó al poco de convertirse en número dos del gobierno regional.
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha interrogado a González como testigo en el marco de la pieza separada del caso Gürtel que investiga la presunta financiación irregular del PP con dinero de los empresarios a cambio de grandes adjudicaciones de obra pública.
González le ha dicho al juez que su caída en desgracia comenzó a fraguarse cuando se convirtió en número dos del Gobierno autonómico y, desde ese momento, percibió cómo la sede central del partido trataba de controlar cada adjudicación de un contrato público. González, alineado con Esperanza Aguirre, libró entonces una batalla interna con Mariano Rajoy y sus colaboradores de Génova.
A preguntas de la acusación popular, González ha dicho que supo del control de las adjudicaciones por parte de Álvaro Lapuerta, jefe directo de Luis Bárcenas, porque se lo dijeron personas del partido y de fuera. Según su declaración, Lapuerta tenía un conocimiento detallado de las grandes adjudicaciones en la Comunidad de Madrid.
Las tiranteces con Lapuerta se incrementaron, ha declarado, con la adjudicación del tren de Navalcarnero a la constructora de Juan Miguel Villar Mir. En el caso Lezo se investiga la presunta mordida que pagó el grupo del constructor a Adrián de la Joya a cambio del proyecto fallido. De la Joya declaró en su momento que una parte era para Ignacio González pero que él se quedó con los fondos porque el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, le debía dinero.
Ante el juez De la Mata, Ignacio González ha dicho que transmitió órdenes precisas a sus subordinados para evitar el control de las adjudicaciones por parte de Lapuerta, lo que agravó el conflicto, según su versión. El asunto de Navalcarnero, ha confirmado, se trató en una reunión a tres entre Villar Mir, Lapuerta y el propio Mariano Rajoy.
La cinta del presunto chantaje a Rajoy
Por otra parte, el que fuera gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel ha confirmado haber grabado una reunión entre él, Luis Bárcenas y el empresario Rafael Palencia, antiguo dueño de Degremont, en la que éste reconoce que abona cantidades de forma periódica para que el PP le «abra puertas», y luego realiza entregas más abultadas una vez conseguidas la concesiones de obras.
El juez había citado a De Miguel porque una conversación entre González y Zaplana intervenida en el caso Lezo reveló la existencia de esta cinta, que abunda en las sospechas sobre la financiación irregular del Partido Popular durante practicamente toda su historia.
De Miguel ha asegurado al juez que decidió grabar la reunión porque ya había una guerra abierta en el seno del PP. El juez investiga si el presidente de Intereconomía, Julio Ariza, decidió chantajear a Mariano Rajoy con esa grabación. González no ha precisado si eso llegó a ocurrir y Ariza, que ha declarado unas horas más tarde, ha negado que existiese ese chantaje.
Según ha explicado, escuchó el audio y le encargó a su periodista Javier Horcajo que hiciese las comprobaciones oportunas. Ante la imposibilidad de contrastar su contenido la cadena decidió no publicar nada, pero ha insistido en que no usaron el vídeo para chantajear a Rajoy.
El exgerente del Canal ha asegurado que recibió otras dos peticiones de reunión por parte de Bárcenas para que mantuviese más encuentros con empresarios, pero que solo se llevó a cabo la de Rafael Palencia.
Zaplana, por su parte, ha reconocido que mantuvo la conversación con González en la que se habla del chantaje, y según fuentes presentes en el interrogatorio ha reconocido su contenido y no ha aludido a que estuviese manipulada. Según el exministro, él asintió a los comentarios que le hacía González, pero jamás supo si lo que le estaba contando era verdad.
El juez accedió, como pedía la acusación ejercida por IU, a una batería de citaciones para tratar de confirmar los presuntos pagos de comisiones al PP de los que hablaron González y Zaplana en una conversación grabada durante la investigación del caso Lezo.
En ella, el expresidente madrileño relata que Mariano Rajoy fue chantajeado con un vídeo en el que se detallaba el pago de comisiones al partido por parte de grandes empresarios. Según González, Julio Ariza, dueño de Intereconomía -también citado como testigo- se habría encargado de negociar ese chantaje con Luis Bárcenas, quien habría pagado para evitar que la grabación saliese a la luz. Ariza siempre lo ha negado todo.
El juez De la Mata también ha citado a uno de los empresarios que presuntamente entregaba dinero negro al PP de Madrid, Javier López Madrid, para que respondiese sobre los presuntos pagos de la constructora OHL a la formación. El empresario lo ha negado todo y ha acusado a González de tener animadversión a su suegro, Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL. El expresidente madrileño tiene una verdadera «obsesión», ha llegado a decir.
