El 54% de los españoles sería favorable a una coalición PP-PSOE liderada por el partido que de los dos tenga más votos y escaños el 10-N. Esa es la principal conclusión del sondeo-exprés que ha elaborado el pasado día 3 de octubre Metroscopia. Este Gran Pacto lo desean el 87% de los electores del PP consultados y el 53% de los del PSOE. También los electores de Ciudadanos (79%) y de Vox (65%) y, escasamente, los de Podemos (21%). Los mayores de 65 años se inclinan más que otros segmentos de edad por esta solución (58%) —solo en caso de que se produjera un bloqueo—, aunque los ciudadanos entre 55 y 64 años también la apoyan (57%), lo mismo que los que están entre los 35 y 54 (54%), siendo los más reticentes los jóvenes entre 18 y 34 (45%). Tanto González como Mariano Rajoy, en coherencia con este sentir popular, apostaron ayer en el Foro Atlántico, celebrado en La Toja, por el desbloqueo tras las elecciones de modo que no se obstruya la formación de un futuro gobierno.
Este sondeo de 1.310 entrevistas tiene un valor tendencial pero muy interesante: los electores de cinco opciones nacionales son realistas, entienden que no serían soportables unas nuevas elecciones y que se impondría un Gran Pacto que no necesariamente tendría que ser de coalición gubernamental porque bastaría que se repitiese el apoyo del PSOE de 2016 al PP (si los socialistas, como parece, ganan las elecciones del 10-N). La gran dificultad consistiría en superar la actitud que tuvo Pedro Sánchez el 29 de octubre de ese año.
El actual secretario general del PSOE leyó aquel día desde la tribuna del Congreso un concluyente discurso en el que renunciaba a su escaño para no tener que abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Dijo entonces el actual presidente en funciones: «Estoy en profundo desacuerdo con facilitar el gobierno a Mariano Rajoy. Como muchos socialistas, mantengo mi no, firme y claro». Sostuvo también que «dejo el escaño como diputado porque no renuncio a mis ideas y porque quiero a mi partido». Y añadió: «la abstención (a la investidura de Rajoy) es una ruptura con nuestro compromiso electoral y es contraria a la posición política defendida por la Comisión Ejecutiva federal elegida por los militantes en el último Congreso: más del 40% de los miembros del Comité Federal votaron en contra de la abstención…». Adujo Sánchez que con su renuncia quería ofrecer un sentido de «fidelidad a la palabra dada».
Es esencial —por las consecuencias que tuvo la intervención parlamentaria de Sánchez el 29 de octubre de 2016— que en la precampaña y en la campaña del 10-N, y en atención a la muy verosímil posibilidad de que la aritmética parlamentaria no ofrezca mayorías suficientes a ninguno de los dos bloques, que no se formulen compromisos negativos que cierren luego el paso a soluciones de gobierno pragmáticas que los ciudadanos sí desean. De ahí que resulte constructiva la posición de Pablo Casado que está adecuando el discurso del PP a la nueva realidad de un electorado muy molesto con la incapacidad de la clase política en la gestión de pactos de gobierno.
De tal manera que, aunque no se altere demasiado la aritmética parlamentaria, sí lo hará su dinámica. La crisis de Cataluña, por una parte (que exige una solución de Estado), y los problemas económicos que se avecinan (algunos ya están presentes), por otra, aconsejan una solución gubernamental estable y de amplio espectro y que se sostenga en la representatividad mestiza de izquierdas y derechas. De ahí que el Gran Pacto sea una posibilidad que ronda en la mente de los electores y en no pocas previsiones de líderes políticos. El «no es no» ha sido una fatua de la vida pública española dañina e incompatible con un sistema parlamentario multipartidario.
De esta ecuación de pacto salen Albert Rivera y Ciudadanos. Acaban de negarse a una coalición con el PP para el Senado; además, el presidente del partido naranja ha desmantelado su organización en el País Vasco después del intento de sus compañeros por aliarse con el PP de Alfonso Alonso, y, por fin, ha cometido el error —por extemporaneidad e inconveniencia— de presentar una moción de censura a Torra que este aprovechará para aglutinar a la mayoría parlamentaria independentista (¿con los comunes?) cuándo se encuentra más descompuesta y enfrentada.
Rivera —que además persiste en el «no es no» a Sánchez, cerrándose la salida tras el 10-N— será el mayor damnificado en los próximos comicios. El catalán se confundió cuando lanzó una oferta de pacto con el PSOE a 36 horas de concluir la ronda de consultas del Rey, y vuelve ahora a equivocar los tiempos al plantear en el Parlamento de Cataluña una reprobación al presidente vicario de la Generalitat, una iniciativa que debió intentar muchos meses antes y con Inés Arrimadas de alternativa.
En definitiva, del «bibloquismo» que tanto desencanto y frustración ha producido después del 28-A, se puede pasar a la posibilidad de que la política española, tras el 10-N, se resetee al modo de los sistemas democráticos más maduros que manejan el multipartidismo sin vetos y con pactos transversales en los que una mayoría de los electores se ven reflejados en la acción de gobierno. La lógica intrínseca del modelo español —construida a lo largo de décadas— debe cambiar en la misma medida en que han cambiado los propios ciudadanos que son los que han transformado el bipartidismo imperfecto en un nuevo pluralismo que reta a una diferente metodología en la conformación de mayorías en el Congreso.
