El vigente Estatut catalán establece que la inversión del Estado en Catalunya debe equipararse a su peso en la economía española. Los presupuestos aprobados por el gobierno de Pedro Sánchez serán los primeros que se acerquen a cumplir ese mandato legal. La Santa Alianza de la derecha española se ha lanzado a denunciar las cuentas como un pago a separatistas y golpistas. Con su habitual profundidad en el análisis, Inés Arrimadas ha denunciado que los ha hecho Oriol Junqueras desde la cárcel. Las cuentas de Sánchez prevén para Catalunya una inversión cercana al 18% del total, casi el peso de Catalunya en el PIB estatal. Qué paradoja que los supuestos defensores de la constitucionalidad vigente denuncien este cumplimiento como un acto de chantaje y traición.
Tanto se habla de elecciones cuando se comentan estos presupuestos que apenas nos queda tiempo para repasar los números. Andamos sobrados de descalificaciones políticas de las cuentas y la España cabreada ha encontrado en los presupuestos de Sánchez otro motivo más para el drama calderoniano y la tragedia patriotera que nos sirven a diario. En cambio, andamos escasos de números y cálculos que expliquen por qué son tan malos estos presupuestos para nuestra economía o nuestro bienestar; cuando no nos vemos sumidos directamente en el lodazal de mentiras como ésa que rodean a la inversión en Catalunya.
En materia de fiscalidad las invenciones que se difunden sobre estos presupuestos superan a cualquier saga fantástica. No sólo no aumentan la deuda, que los gobiernos de Rajoy multiplicaron por dos, sino que la contienen. No crece una presión fiscal que sigue cinco puntos por debajo de la UE15, tampoco resultan confiscatorios para los beneficios de sociedades y rentas de capital. Sólo se suben un poco, menos de lo necesario y conveniente, los impuestos a quienes ya hace tiempo que han salido de la crisis, para redistribuir con algo más de justicia los costes de la recuperación. Un ejemplo: mientras aquí se califica de inconstitucional y confiscatorio reducir al 95% la bonificación total que las empresas españolas disfrutan por sus beneficios en el extranjero, en la Meca del liberalismo español, los USA de Donald Trump, los gravan entre un 7% y un 15%. A ver si así empezamos a conseguir que las empresas que ya han vuelto a los beneficios de 2007 retornen también a pagar un volumen similar de impuestos.
Tampoco se dispara el gasto público. El gasto corriente sube un más que ajustado 5% y progresa un 40% la inversión social, pero debe contextualizarse en un crecimiento del gasto total que seguirá por debajo del 40% del PIB, cuatro puntos por debajo de la media de la UE15. Un objetivo más que modesto, especialmente si tenemos en cuenta que resulta razonable esperar un significativo aumento de los ingresos, dado que el ejercicio anterior marcó récord de recaudación y las previsiones auguran lo mismo para 2018. Si vamos a debatir los presupuestos, hagámoslo como no quieren que lo hagamos quienes prefieren que no hablemos de presupuestos o impuestos: más cuentas y menos cabreos.
