Granados lleva al juez «facturas falsas» para probar la financiación irregular del PP

Granados lleva al juez «facturas falsas» para probar la financiación irregular del PP

El exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados ha aportado este jueves al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que le investiga por la trama de corrupción Púnica, «facturas falsas» de la Consejería de Justicia que dirigía Alfredo Prada -que le precedió en el cargo- y que él cree que servían para pagar los gastos de esa «campaña paralela» de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en las elecciones 2007.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Granados ha explicado al juez que estas facturas las encontró cuando llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que las tenía en su casa sin darle mayor importancia, pese a que en su anterior declaración judicial dijo ante los medios de comunicación que él no guardaba documentación alguna de sus cargos en organismos públicos.

Al respecto ha dicho que ha sido tras su análisis cuando se ha percatado de que se ocultaban conceptos en la misma (cuyas cuantías no ha indicado) con los que se habrían costeado gastos de publicidad de campañas electorales, según las fuentes consultadas.

Aunque no ha hecho referencia concreta a los años de estos comicios, todo apunta a que se trataría de los relativos a 2007 y 2011, en las que resultó ganadora la candidata popular. En esta tercera citación judicial, el presunto cabecilla de la trama Púnica ha vuelto a insistir en que se trata de gastos que estaban al margen de las cuentas oficiales del partido y que eran controlados por Esperanza Aguirre y su sucesor en la presidencia, Ignacio González.

Así, ha precisado que lo vigilaban «todo» dentro de la Comunidad de Madrid y que no había ningún gasto correspondiente a ninguna partida que no estuviera supervisado por ellos y por la jefa de comunicación de la exmandataria regional Isabel Gallego. También ha incluido en este círculo a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de quien ha dicho que era la encargada de hablar con alcaldes populares y candidatos y al diputado de la Asamblea de Madrid Jaime Taboada.

Mala relación con el PP nacional

Granados ha justificado su desconocimiento de los hechos afirmando, como ya hiciera en su primera declaración de esta serie el pasado 12 de febrero, que no le dieron responsabilidades de mando y que no tenía capacidad de decisión alguna pese a su cargo dentro del partido. En su declaración de este jueves, que se ha alargado por poco más de dos horas, ha añadido que existía un mecanismo de control dentro de la Comunidad de Madrid y que el nivel de mando de Aguirre y González le hacen dudar de que Prada fuera un mero «mandado».

Detrás de las facturas aportadas se recogerían algunos pagos cargados a la agencia de publicidad Swat, la cual, bajo partidas falsas, camuflaría una financiación paralela en el PP madrileño. También incluye otras cuentas que implicarían en la trama de corrupción al expresidente de Telemadrid Álvaro Renedo y al fallecido periodista Germán Yanke.

En concreto ha explicado que Ginso (Asociación Para Gestión de la Integración Social) dependiente de la Consejería de Justicia, firmó varios convenios con Renedo y con Yanke para la realización de un estudio sobre menores y delincuencia en la Unión Europea. Al respecto el exconsejero regional ha dicho que le generó sospechas el hecho de que estos dos profesionales de la comunicación se encargaran de estos trabajos y que por tanto, no tuvo duda de que eran partidas camufladas para pagar en negro gastos de campaña.

Además, Granados ha resaltado que la mala relación entre Aguirre y el presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, hizo que el contacto entre la formación a nivel nacional y la regional fuera inexistente pese a estar ubicadas en el mismo edificio de la calle Génova. Por tanto, ha añadido, es muy probable que Rajoy desconociera las presuntas irregularidades que ha detallado ante el juez.

Según las fuentes consultadas, José Javier Vasallo, letrado de Granados, ha anunciado que se querellará contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por apuntar en su informe a una adjudicación en su etapa como consejero de Transportes desde Mintra (sociedad pública responsable de las gestión de la infraestructuras de Madrid). Se apuntó entonces que él se benefició de este movimiento a través de la sociedad Bustren PM, participada por él mismo.

Pendientes de una cuarta situación

Al término de su declaración, Granados ha señalado a los periodistas que le esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional que él ha seguido este jueves con la línea de colaboración con la Justicia que ya había iniciado «como no podía ser de otra manera,» aportando documentación de la que no ha querido dar ningún detalle.

«Queremos aclarar hasta sus últimas consecuencias esto que como siempre digo se ha mal dado en llamar trama Púnica», ha manifestado el exdirigente del PP, para añadir que su declaración ante el juez no ha acabado «lamentablemente» tanto para él como para los representantes de los medios de comunicación que siguen el caso.

La de este jueves ha sido la tercera citación judicial después de que el juez suspendiera las que tuvieron lugar el 12 y 27 de febrero, respectivamente. Entonces Granados apuntó a la presunta financiación «paralela» dirigida por Aguirre y González y también explicó el contenido de su agenda incautada por los agentes que registraron su domicilio tras el estallido de la trama. Al respecto negó que las siglas correspondieran a donantes de la formación.

 

 

 

 

FUENTE: PUBLICO

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