El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu y de la Fundación la Caixa, Isidro Fainé, pusieron rumbo el jueves al Palacio Real y a la Asamblea del FMI en Washington, respectivamente, con los deberes hechos. El pacto de ambos de abandonar la sede en Cataluña fue el pistoletazo de salida para que más de 500 empresas hicieran lo mismo y ahora han acordado un golpe final al proceso independentista por si Mariano Rajoy no logra tomar un control efectivo de la Generalitat durante un tiempo por verse o obligado a limitar el uso de las fuerzas de seguridad del Estado.

El pacto de los grandes bancos españoles a instancias de los dos grandes bancos catalanes es no reconocer a la Generalitat de Cataluña si se declara independiente e intenta, como sugiere la CUP, imponer un corralito y medidas recaudatorias rápidas. El pacto ha sido alcanzado, según ha podido confirmar este diario, por si mientras Rajoy lanza y, sobre todo, hace efectivo el artículo 155 de la Constitución se topan con dos supuestas legalidades paralelas.

Aunque, como acusa Josep Borrell, han tardado en reaccionar, lo cierto es que la banca está atacando ahora el proceso independentista con una ofensiva más rápida y contundente que la del Gobierno central. Su pacto implica de facto una especie de aplicación financiera del artículo 155: solo cumplirán la legalidad que emana del Estado español en caso de que se produzca un interregno entre las iniciativas del Parlament y la restauración del Estado de derecho por parte del Gobierno central. En particular, no acatarán ninguna medida de Carles Puigdemont para contener la fuga de capitales o recaudación paralela de impuestos que no estén cedidos por el Estado, que son dos de las medidas temidas más inmediatas en caso de secesión.

La diputada de la CUP, Eulalia Reguant, licenciada en Matemáticas, tiene claro lo que hay que hacer: un corralito. «A partir de la declaración de independencia, hacemos un control de capital y de flujos en Cataluña para garantizar, al menos durante un tiempo, dar la capacidad de funcionar a la república». Los seis principales bancos, desde CaixaBank, BBVA o Santander hasta Bankinter controlan 180.000 millones en depósitos de residentes catalanes.

Aunque no se ha hecho público, hay acuerdo en el seno de la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Fuentes de ambas instituciones ponen como ejemplo que, aunque el cambio de sede salvaguarda pagar el impuesto de sociedades en el Estado español y la seguridad del euro, la Generalitat podría empezar a aplicar la Ley de Transitoriedad e imponer controles de salidas de capital y exigir retenciones del IRPF de los empleados en Cataluña de los bancos y empresas que operen en su territorio. También podrían imponer por ley que todas las entidades financieras colaboraran en pagos de impuestos de clientes como se hace ya con la Agencia Tributaria estatal. «Estamos de acuerdo tanto los de origen catalán como los que no en que, pase lo que pase, no reconoceremos más legalidad que la española y, por ejemplo, seguiremos practicando retenciones fiscales solo en favor de la Agencia tributaria estatal y no de la catalana», afirma un banquero implicado.

En paralelo, CaixaBank y Sabadell mantienen contacto con personalidades del PDeCAT para frenar la espiral. El propio ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, se está mostrando sensible a que la declaración inmediata de independencia seria una locura y también otras figuras como el conseller de Economía, Santi Vilao la presidenta de la Diputación de Barcelona -y alcaldesa de San Cugat del Vallés, sede operativa del Banco Sabadell-, Mercè Conesa.

«Mas está más moderado, porque es consciente de que una DUI ahora llevaría a Cataluña al caos. Él no es un loco y tiene líneas rojas. El mismo reconvirtió el referéndum del 9-N cuando fue prohibido en una consulta participativa», afirma un banquero catalán, confiado en que el ex president influya en Puigdemont. «El problema es que Mas está muy dolido con el Gobierno central», teme otro alto ejecutivo catalán.

El propio Artur está insinuando ya en público que la victoria del Ejecutivo central no debe ser «humillante» para poder reconducir el proceso, pero ha mostrado que no es de fiar cuando parece que se modera.

Hoy habrá reuniones clave con Puigdemont, pero el Estado debe tener todo preparado. La banca ya lo tiene en otra muestra de que es más efectiva en el siglo XXI que los tanques. Demasiado dinero en juego.

 

 

FUENTE: ELMUNDO