El Gobierno sostiene que esto, por extraño que parezca, se puede hacer y ha sido autorizado por el Tribunal Constitucional en otras ocasiones. El Ejecutivo cita expresamente otros ejemplos recientes como la modificación de cuestiones relevantes como la modificación de la Ley del Registro Civil a través de otras reformas como la ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
La estrategia se cumplió con el mayor sigilo y todos los pasos previstos. Este martes se cerraba el plazo de enmiendas para esta reforma, que tiene un nombre complejo: proposición de ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Es clave que sea orgánica, porque la ley de estabilidad lo es y no puede ser modificada por otra de menor rango. Esta reforma se está llevando por consenso, tiene muy pocas enmiendas y ha pasado desapercibida, por eso parecía ideal para plantear allí esta argucia. El argumento jurídico se basa en que el desarrollo del pacto de estado de violencia de género, del que nace esta reforma, necesita para su aplicación que se aprueben los nuevos Presupuestos de 2019 que le dotarán de los fondos necesarios.
Al cerrarse el plazo de enmiendas, el PP y Ciudadanos, que controlan la Mesa del Congreso y se habían propuesto complicarle la vida al Gobierno en este asunto, se quedan sin instrumentos. La ley pasará ahora por la Comisión de Justicia, donde el PSOE y sus aliados tienen mayoría, y después al pleno del Congreso, donde también la tienen. Los demás grupos que apoyaron la moción de censura están a favor de cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar la capacidad de veto del PP, por lo que es razonable pensar que también apoyarán este atajo, aunque es probable que la oposición utilice todos los mecanismos legales a su alcance para intentar impedirlo. La norma irá después al Senado, donde el PP podría vetarla, pero ahí el Gobierno puede pedir el procedimiento de urgencia y en 20 días podría levantarse ese veto en el Congreso. Todo cuadra en los planes del Gobierno, aunque ahora empezará a jugar la oposición.
El Gobierno y el PSOE abren así dos vías paralelas. Una, la directa, es la reforma de la ley presupuestaria, cuya toma en consideración se aprobó este martes con el apoyo de todos los grupos que conforman la nueva mayoría salida de la moción de censura. Esa es la que más le gustaba al Ejecutivo, la que pactó primero con Unidos Podemos y después sumó a los demás grupos. Pero el PP y Ciudadanos, que tienen la mayoría de la Mesa del Congreso, bloquearon su tramitación por vía exprés y en lectura única alegando que no era una cuestión urgente. Así los populares y los naranjas tienen toda la capacidad para retrasar durante meses la tramitación simplemente ampliando el plazo de enmiendas, algo que el Reglamento permite casi ilimitadamente.
Con ese retraso, los Presupuestos de 2019 y con ellos toda la legislatura peligraba. Pedro Sánchez insistió el lunes en que quiere tenerlos presentados a finales de noviembre o principios de diciembre para poder tenerlos aprobados en febrero o marzo, antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. El Gobierno no puede aceptar que toda la legislatura dependa de ese control de la Mesa del Congreso que está en manos del PP, así que ha buscado esta segunda vía.
El Ejecutivo de Sánchez pretende cambiar la Ley Presupuestaria para modificar los objetivos de déficit y deuda del próximo año. El PSOE busca suavizar los límites presupuestarios para configurar unas cuentas públicas más expansivas que le permitan suavizar el ajuste del próximo año en unos 5.000 millones. De esta forma dispondrá de más margen para convencer a Unidos Podemos de que le preste su apoyo. Esta argucia legal demuestra que el Ejecutivo no quiere ir a elecciones y hará todo lo que está en su mano para consolidar la legislatura y aprobar los Presupuestos con sus medidas estrella de reforma fiscal y aumento de gasto social. Ahora habrá que ver si la argucia funciona en tiempo y forma.
