El Gobierno admite que carece de cualquier interlocutor fiable entre los independentistas catalanes que le permita ahora mismo hacer cálculos sobre el establecimiento de relaciones institucionales con el gobierno de la Generalitat que pueda formar Quim Torra. Los primeros anuncios del dirigente secesionista designado por Carles Puigdemont para insistir en la intentona golpista obligan al Ejecutivo a destacar que volverá actuar «exactamente igual» que en octubre pasado (aplicación del artículo 155 de la Constitución) en cuanto el nuevo gobierno autonómico se salte la ley.
El pensamiento de Torra plasmado en sus tuits, la militancia en el sector más ultra del nacionalismo catalán y, sobre todo, la proclama de que si llega a la presidencia seguirá en la línea de rebelión del ‘expresident’ prófugo abonan en el Ejecutivo la idea de que el descontrol en el bloque independentista es absoluto. Los mensajes que transmiten desde la dirección de ERC o la antigua Convergència a La Moncloa «o no se cumplen directamente o sucede lo contrario de lo que dicen», reconocen fuentes gubernamentales.
Un día después de que diputados de ERC y del PDeCAT insinuaran en el Congreso que llegaba una nueva etapa de «diálogo» en Cataluña, Torra anunciaba su propósito de abrir un «proceso constituyente», seguir con «el mandato»» de la consulta ilegal del 1-O y nombrar un «comisionado» para revisar la aplicación del 155 en la Administración autonómica.
En el Gobierno no hace más cálculos que esperar a ver si se sustancia la elección de Torra, comprobar si plasma en su discurso de investidura iniciativas concretas recurribles al Tribunal Constitucional y la Justicia y advertir que la reposición del artículo 155 sería la respuesta inmediata a cualquier violación de la ley de leyes, el estatuto de autonomía y demás leyes. Visto el panorama, en medios de La Moncloa no quisieron confirmar si la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o algún otro miembro del Ejecutivo asistirá a la toma de posesión de Torra en el caso de que sea investido.
Ante lo que pueda ocurrir en los próximos días, Mariano Rajoy se comprometió desde Cádiz a mantener la unidad de los constitucionalistas. «Tomamos una decisión juntos y haré cuanto esté en mis manos para mantener ese consenso, aunque eso me obligue a tener que no decir algunas cosas», comentó sobre los cambios de opinión de Rivera.
El presidente del Gobierno insistió en que a Torra habrá que juzgarlo «por sus hechos» y que su Ejecutivo siempre va a garantizar que la ley y la Constitución se cumplen («es la base de nuestra convivencia») y que la unidad de España se respete. También apuntó cuáles pueden ser sus próximos pasos al destacar que el 155 es ya más que un artículo de la Constitución porque desde que se aplica en Cataluña es un «precedente» para el futuro si se vuelve a incumplir la ley.
Los Presupuestos Generales del Estado terminan este mes su tramitación en el Congreso, Cámara en la que el Gobierno necesita los 5 votos a favor del PNV junto con los de Ciudadanos y los dos diputados regionalistas canarios. Después, en el Senado, la mayoría absoluta del Grupo Popular hará prescindible el apoyo de los demás grupos como el de los nacionalistas vascos, quienes consideran incompatible su aval a las cuentas del Estado con que el 155 siga en vigor en Cataluña. Rajoy tendrá las manos libres en junio para volver a intervenir la Generalitat, previo aval del Senado, si los independentistas reactivan el golpe como anuncia Torra.
