El Gobierno y los partidos constitucionalistas catalanes renuncian por ahora a abrir un nuevo frente judicial y, en lugar de presentar ante el Constitucional un recurso contra la delegación de voto de Carles Puigdemont y Toni Comín, prefieren facilitar que se forme un nuevo Ejecutivo en Cataluña, surgido de una mayoría independentista, para poner fin a la intervención del Estado en Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución. Mariano Rajoy debatió con la cúpula del PP si debían recurrir pero estimaron que era mejor dar facilidades para que voten por delegación y favorecer que no haya elecciones.

Hubo dudas en una reunión del comité de dirección del PP, presidido por el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre si debían recurrir las decisiones de las Mesa del Parlament por las que se autorizaba a Carles Puigdemont y a Toni Comín a votar por delegación. No todos estuvieron de acuerdo en la bondad de renunciar al frente judicial por la imagen que podía darse de debilidad ante estos nuevos movimientos de los independentistas.

Al final, se impuso la visión más pragmática ya que el voto desde Alemania y Bruselas de Puigdemont y Comín, respectivamente, puede facilitar la investidura de un presidente de la Generalitat sin cargas judiciales. Sin vulnerar conciencias ni principios, según fuentes de la dirección del PP, se optó por no impugnar esas decisiones de la Mesa de la Cámara autónoma. “Hemos demostrado que no se ha dejado pasar ninguna acción claramente ilegal y volveremos a recurrir si se promueve la elección de alguien que está fugado o en la cárcel, incluido Puigdemont”, señalan los interlocutores que conocen la deliberación de la dirección del PP.

En ese debate sobre si dejar pasar que voten por delegación, con la expectativa de que ese derecho se utilice para elegir a un presidente de la Generalitat, se argumentó el riesgo de recurrir sin éxito. “Mejor no impugnar la decisión antes de tener que afrontar una derrota y dar más bazas al independentismo”, señalan fuentes gubernamentales para justificar su decisión. Hasta ahora todas las decisiones recurridas ante el Tribunal Constitucional las ha ganado el Gobierno por unanimidad y no quiere que este hilo se rompa, señalan como otro argumento para justificar que no se recurra la capacidad de Puigdemont y Comín de votar en el Parlament.

Esta decisión está muy cerrada, aunque este martes algunas expresiones de Rajoy han inducido a pensar que la vía del recurso estaba abierta. El equívoco se produjo cuando el presidente del Gobierno ha comparecido con el primer ministro turco, Binali Yildirim, y se le ha preguntado si trataría de anular la decisión de permitir la delegación de voto del exconsejero de ERC Antoni Comín, huido en Bélgica. El jefe del Gobierno ha señalado que lo primero será pedir a la Mesa del Parlament que no lo permita. “A partir de ahí estudiaremos todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo que establece nuestra legislación vigente”. En el Ejecutivo se mira hacia los grupos parlamentarios catalanes y especialmente hacia Ciudadanos, que ganó las últimas elecciones autonómicas y dispone de 36 diputados en la Cámara catalana, frente a los cuatro del PP.

Tomar la iniciativa

No se trata de “renunciar” a nada sino de fijar prioridades. El Ejecutivo de Rajoy quiere un Govern cuanto antes, pero sí emplaza a Ciudadanos a que como primera fuerza política de Cataluña tome la iniciativa que estime oportuna. No está descartado del todo que el Gobierno pudiera decidir recurrir pero entre fuentes gubernamentales se reconoce que lo urgente es que haya un Gobierno “legal en Cataluña”.

Aunque el PSC ha votado en contra en la Mesa del Parlament y ha pedido la reconsideración de lo decidido, tampoco lo llevará al Tribunal Constitucional. Fuentes de la dirección del PSC explican que el alto tribunal ya se ha pronunciado en las medidas cautelares sobre las condiciones para delegar el voto, y por tanto si considera que el acuerdo de la Mesa vulnera su sentencia puede actuar de oficio con un incidente de ejecución de sentencia, sin necesidad de presentar un nuevo recurso.

Lo urgente para el Gobierno es que con los votos de Puigdemont y Comín se elija a un jefe de gobierno autonómico para levantar el artículo 155 de la Constitución y emprender, si es posible, un camino de normalidad, señalan en el Ejecutivo.

 

 

FUENTE: ELPAIS