El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado este martes que está ya «avanzada» una reforma legislativa que permitirá establecer los criterios por los que podrán ser retiradas las condecoraciones concedidas por la Policía Nacional o la Guardia Civil.
En una comparecencia en el Senado, el ministro ha detallado que el objetivo es «establecer determinadas circunstancias o posibilidades para la retirada o pérdida» de las condecoraciones, así como «los efectivos inherentes a la misma», en referencia a la dotación económica que algunas conllevan.
En concreto, la reforma afectará a la ley de 1964 sobre condecoraciones policiales y otra ley del año 1974 que regula los reconocimientos en el caso de la Guardia Civil.
El ministro ya avanzó hace meses esta posibilidad para quitar al policía franquista Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, las cuatro medallas policiales pensionadas de las que disfruta pese a estar acusado de torturas.
Para hacerlo posible, Marlaska encargó la elaboración de un informe que aclarase si podían retirarse ellas medallas con la normativa actual o era necesario un cambio legislativo. A su juicio, las condecoraciones tienen que obedecer a «conductas ejemplares» y, según dijo el pasado mes de junio, en el caso de Billy el Niño «la ejemplaridad es bastante discutible».
Aviso de multa de la Comisión Europea
En su comparecencia, el ministro ha adelantado también que el Ministerio trabaja en la transposición de dos directivas comunitarias cuyo plazo de incorporación al ordenamiento español ya había vencido. Según ha alertado, esto hizo que la Comisión Europea hubiese dirigido a España sendas cartas de emplazamiento como paso previo al inicio de procedimientos de infracción, «con el consiguiente pago de multas coercitivas».
«Son dos directivas comunitarias cuyo plazo de incorporación al ordenamiento interno ya había vencido en mayo de 2018 sin que en los más de dos años transcurridos desde su aprobación, en abril de 2016, se hayan producido avances significativos en la tramitación de los correspondientes proyectos normativos», ha subrayado censurando la actuación del anterior Gobierno.
Se trata de la directiva comunitaria sobre la utilización del registro de pasajerospara la prevención e investigación del terrorismo y los delitos graves; y de la relacionada con la protección de datos para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, «así como de protección y prevención frente a las amenazas con la seguridad pública».
Marlaska también ha confirmado la voluntad del Gobierno de reformar la ley de Seguridad Ciudadana para revisar «en profundidad» el catálogo de infracciones y sanciones, «en particular los tipos más polémicos que han podido constituir una limitación injustificada del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación y de la libertad de expresión».
