El proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia, que el Gobierno regional quiere aprobar este mes, recoge por mandato expreso del jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia que «el aborto no es un derecho, sino un fracaso del proceso natural de la maternidad».
Según ha adelantado La Verdad, la norma presentada por los populares murcianos pretende «otorgar una atención prioritaria a las familias más necesitadas, las que requieren una especial protección: familias numerosas, monoparentales, con personas mayores o dependientes a cargo, con personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad».
Entre otras medidas, la normativa contempla el desarrollo de una «red de apoyo a la mujer embarazada», incluyendo la creación de puntos de lactancia materna de acceso libre.
En la misma línea, el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, ratificaba la idea de describir el aborto como un «fracaso». En un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, el popular afirmó que «nadie puede ponerse en la piel» de la persona embarazada y que se encuentra ante la situación de tener que abortar. Por eso, indicó que su partido quiere una «red de protección» a las mujeres embarazadas y que «nadie pueda tomar una decisión como ésa por motivos económicos o por falta de apoyo».
Críticas desde el feminismo
Tras las declaraciones de López Miras, agrupaciones políticas y plataforma feministas han criticado las palabras del presidente murciano. En este sentido, el Movimiento Feminista de Cartagena ha señalado que negar el aborto como un derecho «atenta directamente contra la dignidad de la mujer. De mala manera podrá fomentar una saludable construcción de la familia restándole dignidad a la mujer».
Por otro lado, la asociación feminista ha recomendado a López Miras que se aleje de las «paranoicas visiones sobre ataques al concepto ‘familia'», y que se centre más en las causas que han provocado que quizá sea un «modelo social fracasado tal y como se estaba desarrollando, desde una clara desigualdad».
Asimismo, María Ángeles García Navarro, diputada regional de Podemos, ha asegurado que esta ley «no aborda la diversidad de las familias actuales, ni propone medidas reales de apoyo a las familias que sean efectivas y concretas, como escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años, ayudas para comedores escolares o para la conciliación laboral y familiar».
García Navarro ha criticado, en declaraciones a eldiario.es, que esta ley «se suma a la ya precaria situación de las murcianas, ya que todas las que abortan tienen que hacerlo en clínicas privadas». De esta forma, la diputada ha lamentado que «la mayoría de ginecólogos de la Región se han declarado objetores de conciencia. Aún así, hay un número elevado de facultativos en La Arrixaca que no se han declarado objetores y podrían llevar a cabo estas intervenciones y, aun así, no se realizan». La diputada ha señalado, por tanto, que es «responsabilidad del Servicio Murciano de Salud que no se realicen abortos en centros públicos».
María Ángeles García Navarro también ha explicado a este medio que «si una mujer solicita que el aborto se le practique en un centro público, es derivada a Albacete, Valencia o incluso Madrid, derivando en gastos no cubiertos por la Seguridad Social».
