La candidatura de Elsa Artadi no suena «del todo mal» en Moncloa. La directora de campaña de Junts per Catalunya para el 21 de diciembre no está inmersa en la investigación sobre el procès que abrió el Tribunal Supremo contra los líderes del procès. En otras palabras, su perfil encaja perfectamente en lo que el Gobierno cataloga como «candidato limpio» dentro del independentismo.

El bloque secesionista todavía no se ha puesto de acuerdo en cómo investir a un candidato para dirigir la Generalitat. Con Carles Puigdemont huido de la justicia y Oriol Junqueras en la cárcel, las opciones se reducen considerablemente. En esta quiniela y ante las continuas advertencias que lanzan desde Madrid de que el candidato que proponga el presidente del Parlament, Roger Torrent, no debe tener cuentas pendientes con la justicia, Artadi gana muchas opciones de convertirse en la primera mujer presidenta de la Generalitat de Cataluña.

Artadi fue directora de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat de Cataluña con Puigdemont de presidente, un cargo que mantuvo una vez que Mariano Rajoy pidió permiso al Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución y destituir a todo el Govern. El ala más dura del Gobierno nunca vio con buenos ojos que se mantuviera en su puesto. Sin embargo, el Ejecutivo permitió que mantuviera su trabajo a pesar de que se encargaba de preparar los consejos del Govern. Durante la campaña electoral para el 21-D, se cogió vacaciones en su puesto de trabajo para convertirse en la persona más cercana a Puigdemont.

Fuentes del Gobierno optan por la cautela antes de pronunciarse públicamente sobre la posible candidata pero, de puertas para dentro, reconocen que es «lo menos malo» que puede ofrecer el independentismo para desbloquear la situación y volver a la legalidad. A pesar de que en Moncloa respiran un poco más tranquilos al saber que los independentistas ya barajan su nombre para elevarla a la cúspide, advierten de que es alguien «del núcleo duro» del expresidente fugado y creen que, una vez llegue a lo más alto de la Generalitat y el Gobierno anule el artículo 155 de la Constitución, podría retomar la senda de la unilateralidad marcada por Puigdemont.

No obstante, el Gobierno cree que los procesos judiciales abiertos contra los cerebros del 1 de octubre va a provocar que los nuevos dirigentes de la Generalitat «se cuidarán mucho» para no cometer ilegalidades que les conduzcan directamente a la cárcel. La causa abierta en el Supremo contra el independentismo ha provocado una desbandada en las filas independentistas que ha provocado que el bloque secesionista se ha quedado sin cantera para sustituir a los que hasta ahora eran líderes del procès.

La opción que en Moncloa no comparten de ninguna de las maneras es la presidencia simbólica para Puigdemont. Fuentes gubernamentales reconocen que no pueden impugnar un mitin «disfrazado de investidura» en el que «cuatro alcaldes vayan a alabar» a Puigdemont. Sin acto administrativo de por medio, insisten, es muy difícil pararlos. Sin embargo, insisten en que cualquier cambio en el reglamento del Parlament para respaldar al prófugo con caché de presidente «será inmediatamente impugnado» ante el Tribunal Constitucional.

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELESPAÑOL