El gatillazo de Puigdemont en el espejo de Rajoy

Todos sabemos que no la hubo, que Puigdemont empujó esa puerta y dejó bambolear sus hojas ante los estremecidos parroquianos del ‘saloon’, pero no franqueó su umbral, porque «asumir» un «mandato» -aunque sea el de declarar la independencia- es un ejercicio espiritual, una disposición de ánimo, una inhalación de brío o, si se quiere, un trance volitivo, pero en ningún caso un acto ejecutivo.

Partiendo de esa base, la subsiguiente propuesta de «suspender los efectos de la declaración de independencia» no fue sino un truco épico, retórico, hiperbólico, todo lo esdrújulo que se quiera, pero carente del menor significado, pues no se puede suspender, y menos en un parlamento, lo que no ha entrado en vigor mediante votación o tan siquiera proclamación.

No hay prueba más elocuente de que Puigdemont no se atrevió a cruzar la raya roja de su paralelo 38, sino la decepción con que la comitiva que le arropaba giró sobre sus talones y volvió, silenciosa y derrotada, meditabunda y cabizbaja, a sus hogares. 

Es cierto que el hecho de que suscribiera, acto seguido, un documento que incluye las palabras «Constituimos la República Catalana», introduce un elemento de confusión. Pero al haberlo hecho fuera del hemiciclo, y como parte de un totum revolutum de abajo firmantes, que incluye tanto a parlamentarios como a personas que no lo son, ese texto queda reducido a la condición de manifiesto o pliego de adhesiones sin valor jurídico alguno. 

A la hora de la verdad, Puigdemont fue como el pájaro tero porque, según el canon de Martín Fierro, en un sitio lanzó los gritos y en otro puso los huevos. Y, por ceñirnos a la metáfora de la reproducción humana, al hacer cada cosa en el lugar inadecuado, no hubo ni erección, ni polución, pues en el hemiciclo todo quedó en el coitus interruptus con más telespectadores de la historia y en la sala anexa los alardes de virilidad política ya eran estériles. 

A la impotencia coeundi sucedió así la impotencia generandi. El dictamen es claro: nada se ha consumado, la República Catalana no existe hoy y no existió el 10 de Octubre, ni siquiera durante esos ocho segundos destinados a engrosar el mito del irredentismo estelado. 

Pero si Puigdemont interpretó una españolada de cine de barrio de tercera -tanta bravata sobre lo que pensaba hacer con la vecina para desfallecer acobardado en la orilla-, los términos del requerimiento de Rajoy, con su ortografía a la virulé y su sintaxis descuartizada, tampoco merecen otra consideración. Mucho abaniqueo jurídico-constitucional y, al final, lo único que pide a Puigdemont es que reconozca la verdad, o sea que admita que le fallaron las piernas y no subió el último peldaño que le hubiera colocado en la cima del delito de rebelión.

¿Por qué le hace esa pregunta campanuda y solemne, conminándole a que conteste «afirmativa o negativamente», como si un monosílabo pudiera cambiar la realidad de lo que todos vimos y escuchamos el pasado martes? La interpretación más obvia es que Rajoy trata de poner en evidencia a Puigdemont ante los suyos, obligándole a admitir expresamente que los hechos más recientes -mensaje del Rey, movilización ciudadana, fuga de empresas, vacío internacional- han demostrado que perseguía una quimera y que, en el último momento, se echó atrás, con la coartada de la búsqueda de una mediación, para evitar los «males mayores» que se le venían encima. O sea, que llegó doña Realidad y Jaimito se hizo pis en los pantalones.

Pero ese propósito es bastante redundante con lo que ya ha sucedido en Cataluña, una vez que la CUP no se ha llamado andana sino que ha denunciado el cambio de guión de última hora, ha dejado a Puigdemont sin mayoría parlamentaria, subiéndose al Aventino, y ahora le exige que cumpla lo prometido. Es obvio que, tras su gatillazo, el president no va a conseguir un nuevo clímax ni en una semana ni en un mes. Hay cosas que no se curan deprisa. Las elecciones anticipadas están cantadas, por mor de la aritmética del hemiciclo catalán.

No, la verdadera razón del requerimiento firmado por Soraya, con desenlace de test de aptitudes psicotécnicas, no es que Puigdemont quede mal ante sus seguidores engañados y traicionados, sino que Rajoy quede bien ante los suyos, igualmente engañados y traicionados. Todo se reduce a la pamema de quien, después de haber sido víctima de una larga retahíla de afrentas y agravios, exige a su adversario que deje pública constancia de que no le ha mentado a la madre, para no tener que batirse en duelo.

O sea, que seguimos envueltos en las volutas de humo del casino provinciano: cubramos las apariencias para que el honor quede a salvo, pero no hagamos nada para incidir en el fondo del problema. Si yo fuera Puigdemont, me debatiría entre contestar el lunes con un escueto «no» o adornarlo en tablas, añadiendo algo así como «…pero pienso hacerlo en cuanto las circunstancias me lo permitan».

En el primer caso se acabó el riesgo de que Rajoy aplique el 155. Y en el segundo, probablemente también, porque siempre le concedería el beneficio de la duda, alegando que el aún Molt Honorable President -así le dirige Soraya el requerimiento- se refiere al devenir histórico de la civilización humana. 

«Deseo fervientemente que el presidente de la Generalitat acierte en su respuesta», dijo Rajoy en el Congreso. Es patente que tras esas palabras asoma su ansia de inmovilismo. O, como máximo, la fidelidad a su naturaleza estaférmica, de forma que si algo ocurre, sea una reacción mecánica al empecinamiento de Puigdemont en estrellar su lanza contra el escudo de la legalidad que Aznar dejó colgado, hace catorce años, de un brazo de madera. 

Tal y como está redactado el requerimiento sorayesco, es Puigdemont quien tiene en sus manos decidir cómo deben modularse los siguientes episodios de la rebeldía catalana frente al orden constitucional. Téngase en cuenta, y esto es esencial, que sólo si miente y dice que sí ha declarado la independencia o incurre en alguna de esas evasivas, como la de mandarle el vídeo y punto, que el texto equipara, arbitraria y destartaladamente, a la respuesta afirmativa; sólo entonces, insisto, estará sometido al segundo requerimiento que le exige revocar lo que no ha hecho y le ordena «el cese de cualquier actuación dirigida a la proclamación, avance o culminación del denominado proceso constituyente, tendente a la declaración y configuración de Cataluña como Estado Independiente del resto de España».

El disparate es de tal calibre que sólo si Puigdemont asegura haber declarado la independencia, estará sometido al requerimiento de no hacer nada para declararla; mientras que si reconoce que no lo ha hecho, podrá seguir desarrollando «cualquier actuación» que «tienda» a ello, sin sentir la espada de Damocles del 155 sobre su cabeza. 

Siendo esta la literalidad del requerimiento, parecería claro que lo que más le conviene es optar por la respuesta negativa, en una u otra modalidad. Pero, teniendo en cuenta la liviandad de la amenaza que se deriva del contexto político en el que se invoca el 155, no hay que descartar que Puigdemont llegue a la conclusión de que tiene más que ganar si alcanza la misma desembocadura -las elecciones anticipadas-, empujado por el victimismo que se derive de la intromisión del Estado.

Eso le induciría a hacer un beau geste y contestar, desafiante, lo que le pida el cuerpo, en la confianza de que el PSC no permitiría al PSOE que permitiera a Rajoy utilizar el 155 sino para asumir la competencia de disolver las cámaras y llamar a las urnas, en esa interpretación restrictiva y timorata que hasta Ciudadanos parece avalar.

Así las cosas, el gatillazo de Puigdemont puede quedar paliado, e incluso neutralizado, en sus efectos adversos para el separatismo, por lo que lleva camino de ser un alarde paralelo de impotencia política de Rajoy. Con el agravante de que esta falta de vigor en el momento decisivo puede tener dos consecuencias estructurales nefastas para la causa constitucional. 

La primera sería la forja de la percepción de que el artículo 155 está destinado a responder únicamente a un Supuesto Anticonstitucional Máximo, como la declaración unilateral de independencia de una Comunidad Autónoma, cuando su textualidad habla de corregir cualquier actuación «que atente gravemente al interés general de España». Cabe recordar que cuando Companys declaró la independencia en el 34, el gobierno de Lerroux respondió con el Estado de Guerra y que nuestra legalidad incluye una panoplia de armas jurídicas mucho más fulminantes y operativas que el 155.

Todo sugiere que los redactores de ese artículo de la Constitución lo concibieron más bien como un instrumento destinado a evitar que se llegue nunca a tal situación límite; y que, si hubieran hecho un catálogo de los motivos de su activación, habrían incluido, sin ninguna duda, la sistemática utilización de competencias transferidas para estimular el odio a España, la convocatoria de un referéndum ilegal, la aprobación de leyes destinadas a romper con el Estado o la desobediencia contumaz al Tribunal Constitucional. O sea, todo lo que ha sucedido sin que al Estafermo se le mueva ni una carcomida astilla ni una herrumbrosa esquirla. Ay, cómo me quema entre las manos el «segundo sobre»…

La otra derivada nefasta que podría cristalizar, según como transcurran los acontecimientos, supondría convertir el robusto sistema de freno hidráulico que diseñaron los constituyentes en una especie de mero reseteador del separatismo. Si el 155 se empleara para que el Gobierno central asumiera la competencia de disolver el Parlament y convocara elecciones autonómicas de inmediato, sin antes desmantelar la trama golpista que incluye a las actuales cúpulas del PDECat, Esquerra, la CUP, la ANC, Omnium, los Mossos, el circuito educativo y TV3, el remedio podría ser peor que la enfermedad. ¿Qué ocurriría si, en esas elecciones, la tutela del poder central provocara un efecto bumerán que aumentara la mayoría parlamentaria de los «indepes»?

Pase lo que pase a partir de este lunes, mi único gran factor de confianza es que todavía hay juezas en Madrid y Barcelona, empeñadas en cumplir con su obligación, en los términos demandados por el Rey. La senda abierta por las magistradas Carmen Lamela y Mercedes Armas conducirá inexorablemente al procesamiento, juicio y condena de Puigdemont y sus principales cómplices, al menos por los delitos de prevaricación, desobediencia, malversación y preparación para la sedición, penados con largos periodos de inhabilitación, además de con algunos años de cárcel.

Por eso lo que tenía que haber dicho Pablo Casado, cuando le montaron el pollo por el equívoco de su paralelismo, es que Puigdemont no terminará como el sublevado, condenado, amnistiado, repuesto en el cargo y fusilado Companys, por la sencilla razón de que nuestra democracia no incurrirá en la estupidez suicida de la España de la Segunda República cuando concedió una segunda oportunidad a los políticos delincuentes. Y tampoco desembocará, por lo tanto, ni en otra sanguinaria guerra civil, ni en otra dictadura criminal. A menos que nos volvamos locos, claro.