Cuando no han pasado cien días de la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez, el gobierno empieza a revelar síntoma de fatiga de los materiales de su acción política.
Hasta ahora, pudiera decirse que ha funcionado a la perfección el sistema de comunicación ideado por Iván Redondo, el sociólogo y experto en marketing político que ha sido designado jefe de gabinete del presidente.
Redondo: un tecnócrata de la comunicación sin ningún residuo socialista. Un puro técnico. Ha establecido que la política sea sustituida, en parte, por fuegos de artificio.
Los fuegos artificiales de Pedro Sánchez
El presidente primero organizó una cadencia rítmica constante de los nombramientos de los miembros del gobierno. Aplausos generalizados a la lista, con la excepción del patinazo cometido con Màxim Huerta.
Todo bien, con el pequeño tropiezo del equipo de propaganda con las fotos fashion de Sánchez, hasta el sarpullido de la negociación de los nuevos cargos de RTVE con Podemos. Pablo Iglesias se tomó la libertad de anunciar el nuevo jefe de la televisión pública sin que el asunto estuviera cerrado con los grupos parlamentarios que tenían que votarle.
El clímax de este desvarío se produjo con la equivocación, intencionada o no, de dos diputados que cerraron la puerta a los nombramientos. Al final, sin entusiasmo de Podemos, se ha elegido a una profesional solvente y con pedigrí como es Rosa María Mateo.
Poco sabemos de la financiación o las repercusiones de algunos proyectos de Sánchez
La propaganda ha seguido funcionando. Habrá sanidad universal y gratuita para los inmigrantes sin regulación desde el minuto uno de su llegada. El nuevo impuesto sobre la banca garantizará la revalorización de las pensiones.
Una nueva versión de la ley de memoria histórica, esta vez se supone que, con dotación presupuestaria, zanjará por fin las heridas que permanecen abiertas. Poco sabemos de la financiación de estos proyectos o de las repercusiones que pueden tener en la economía la subida de impuestos.
Los roces de Sánchez con Podemos
Los primeros roces con Podemos no han pasado desapercibidos. Primero, Sánchez anunció, por exigencias del partido morado, la publicación de beneficiados de la amnistía fiscal. Finalmente, no se hará pública.
Quizá para compensar a Podemos, el presidente ha anunciado que prohibirá por ley cualquier amnistía fiscal futura. Un guiño al sol. Cualquier ley posterior dejaría sin efecto esa proscripción.
Rafael Mayoral en el pleno del Congreso manifestó claramente el descontento de Podemos con las acciones de Sánchez. Un aviso de que las cosas no van bien. Hay dos piezas más que no encajan en el puzle.
Sánchez ya lleva un mal precedente de lealtad o falta de solidaridad con el rey
Sotto voce se ha llamado la atención sobre la falta de respaldo de Sánchez en la criminalización que del rey están haciendo las fuerzas secesionistas. Han aceptado al presidente como policía bueno y han condenado al rey como policía malo y responsable único de los supuestos agravios a Cataluña. ¡Ojo con la importancia del papel del rey en el discurso del 3 de octubre!
Un mal precedente de deslealtad o falta de solidaridad de Sánchez con el jefe del estado.
Podemos también aprieta con su petición de que se abra una investigación a don Juan Carlos a cuenta del contenido de las grabaciones realizadas por el policía Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein. De momento, Sánchez ha parado el golpe con el anuncio de comparecencia del director del CNI, Félix Roldán, a petición propia.
El traslado de los restos de Franco
Otra promesa en entredicho es el traslado este verano de los restos del dictador Francisco Franco. Alfonso Guerra ha sentenciado: «Sánchez quiere boxear con el cadáver de Franco». Como siempre, el ácido ex vicepresidente de gobierno sintetiza el pensamiento que alerta de los riesgos que conlleva la precipitada decisión de exhumar el cadáver del dictador.
En su última comparecencia en el Congreso, Sánchez matizó el anuncio de que el trasladado de los restos del dictador se realizaría en el mes de julio. Ahora se hará en un plazo breve. Es un asunto recurrente.
Existe consenso en la necesidad de trasladar los restos del dictador y reconfigurar el Valle de los Caídos, despojándole de cualquier valor simbólico reivindicativo de la dictadura y de la guerra civil. Pero es importante cómo se haga.
«Debe valorarse el impacto que el traslado de Franco en la opinión pública para evitar la radicalización»
En 2011, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nombró al ministro Ramón Jáuregui presidente de una comisión de expertos para evaluar las actuaciones sobre el Valle de los Caídos.
Entre las recomendaciones más llamativas figura: «Si en su momento, el Gobierno estimase oportuno el traslado de dichos restos con la dignidad que requiere la inhumación de un jefe de Estado debería valorarse el impacto que ello pudiera tener en la opinión pública para evitar la radicalización de la misma».
Además, recomienda «contar con el más amplio consenso parlamentario al afecto y llevar a buen término la correspondiente negociación con las autoridades eclesiásticas competentes».
La última palabra sobre el traslado de Franco la debe pronunciar el Vaticano
Existe la creencia general de que el traslado se llevará a cabo, pero no sin antes una disputa legal con los descendientes del dictador y con la incógnita de cómo reaccionarán los superiores de la orden de los Benedictinos, responsables sin posibilidad de intervención de Patrimonio Nacional, de la basílica.
Legalmente, el Gobierno necesita el consentimiento de los rectores de la orden. A su vez, según los acuerdos con la Santa Sede, la última palabra de este asunto la tendría el Vaticano.
La documentación que acredita la orden de enterrar al dictador es algo ambigua o extraordinaria. Se reduce, en realidad, a una carta remitida por el rey Juan Carlos al Abad del Valle de los Caídos, solo dos días después de la muerte del dictador, haciéndose responsable de la orden de enterramiento en la básilica.
La carta del rey Juan Carlos tiene un valor legal dudoso, casi como una carta feudal
En la carta, según ha publicado El País, el rey comunicaba al Abad que había decidido que el primer y segundo jefe de la casa militar, así como el jefe de la casa civil «que acompañan a los restos mortales», fueran quienes se los entregasen para enterrarlos en la basílica ubicada en el interior del monumento. Y así fue.
En realidad, la carta de don Juan Carlos pudiera tener un valor jurídico y legal dudoso, casi como una carta feudal. De hecho, durante el entierro, el notario mayor del reino, es decir el ministro de Justicia, entonces Sánchez Ventura, les hizo jurar que el cadáver que contenía la caja era el que les había sido «entregado en el Palacio de Oriente la mañana del viernes 21 de noviembre».
No hay un decreto ley ni ningún otro documento que respalde el hecho del enterramiento de Franco en el Valle de los Caídos. Hay consenso en que la familia Franco, lo mismo que no intervino en la decisión del enterramiento, no tiene capacidad legal de oponerse al traslado del cadáver.
Los ultras pueden ser despertados
¿Por qué se ha apresurado Sánchez a anunciar un traslado inmediato de los restos sin tener un estudio cerrado y la previsión del impacto del que alertaba el informe de la comisión de Jáuregui en la opinión pública?
El afán que denunciabaGuerra de Sánchez de boxear con el cadáver de Franco ya ha tenido como consecuencia la movilización de ultras franquistas en la explanada del Valle de los Caídos. Estaban dormidos y pueden ser despertados.
Esperemos que no se empiecen a secuestrar cadáveres como ocurrió en Argentina con los de Juan Domingo y Evita Perón. Lo malo de desenterrar a los muertos es que luego no se sabe que van a hacer con ellos. A lo mejor un santuario con muchos peregrinos.
FUENTE: ECONOMIADIGITAL
