El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, arremetió este miércoles con dureza contra los auditores de la Cámara de Cuentas que, en diez años, nunca fiscalizaron las cuentas de la Agencia IDEA -pese a que éste es uno de los entes intrumentales más importantes de la administración autonómica-, ni tampoco la partida presupuestaria 31-L -la bautizada como ‘fondo de reptiles’-, que sirvió para pagar las ayudas a los trabajadores y empresas supuestamente en crisis eludiendo todo tipo de controles: «No me parece serio que la Cámara no haya dicho nada en 10 años y los auditores vengan aquí y digan lo que dicen», afirmó Gómez Martínez.
El ex interventor, para el que la Fiscalía pide 6 años de prisión por malversación y prevaricación, admitió que había «muchas deficiencias» en los expedientes de las ayudas pero afirmó que esas deficiencias no implicaban un «menoscabo» de fondos públicos.
El funcionario aseguró también que nunca tuvo noticia del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía que después se transformaría en la Agencia Idea) que amparó el pago masivo de las subvenciones y que, según la Fiscalía, permitió sortear todos los controles previos de fiscalización.
La declaración del ex interventor de la Junta se esperaba con gran expectación en el juicio de la pieza política de los ERE, no ya sólo por la importancia de su papel en la fiscalización de las cuentas sino sobre todo porque, en sus declaraciones anteriores, había señalado con claridad al Gobierno andaluz por haber «mirado para otro lado» pese a los 17 informes que emitió su departamento durante la década en la que él estuvo al frente, alertando sobre las irregularidades en la gestión de las ayudas a trabajadores y empresas en crisis.
Sin embargo, a Gómez Martínez se le reprocha -y así lo admitió él- que no presentara un ‘informe de actuación’, la herramienta que sí hubiera obligado a la Consejería de Empleo a corregir las deficiencias detectadas en las ayudas. Y por «esta omisión» -explicó el ex interventor- «me piden prisión».
Previamente, el acusado había intentado desacreditar también el dictamen de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado -dependientes del Ministerio de Economía- que elaboraron un informe sobre el caso a instancias de la juez Mercedes Ayala, y cuyo resultado es pieza fundamental en el sumario.
En ese informe, se considera «fraudulenta» la fórmula empleada por la Junta para inyectar fondos a la Agencia IDEA, convertida en la ‘caja pagadora’ de las subvenciones. Hablar de «fraude» constituye, a ojos de Gómez Martínez, un «exceso conceptual». Su tesis es que el uso de las tranferencias de financiación para alimentar la partida de los ERE era «inadecuada» pero no ilegal.
FUENTE: ELMUNDO