En el PP surgen dudas sobre si habrá un hotel bajo la torre, para la que MC demanda la declaración de BIC que ya lleva años tramitada

El PP plantea en el Congreso de los Diputados convertir en un hotel con restaurante el faro de Cabo de Palos pese a que en las propias filas populares lo consideran poco probable y, por tanto, un desgaste innecesario las movilizaciones vecinales en un pueblo que les vota mayoritariamente en cada cita electoral. Mientras tanto, los partidos de la oposición sacan rédito a lo que consideran un «movimiento especulativo» del PP y Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC) reclama su declaración como bien de interés cultural (BIC), tramitación que está en marcha desde julio de 2002.

En este enredo lo único claro es que los vecinos de Cabo de Palos se manifiestan mayoritariamente por mantener el faro como está. En las últimas horas, aparecieron pintadas en el entorno del edificio contra lo que ellos llaman un intento de «privatización», pues hay quien cree erróneamente que hasta puede desaparecer la señal luminosa que guía a los navegantes desde hace más de un siglo y medio.

La proposición no de ley presentada en el Congreso por el diputado Teodoro García para que se estudie la posibilidad de establecer un hotel en el edificio garantiza el mantenimiento de la linterna. La idea va dirigida a convertir la base de la torre, donde están las viviendas y oficinas de los fareros, en un alojamiento con encanto dotado de restaurante. Aun así, el proyecto no tiene todas las simpatías en el PP. Es más: en el partido hay quien piensa que fue una torpeza plantearlo sin garantías de que salga adelante (los populares están en minoría en el Congreso). Además, lograron sublevar a buena parte de los vecinos del pueblo, «donde la inmensa mayoría son votantes nuestros», indican fuentes del PP. Por si fuera poco, la estrategia política también está en entredicho. En las filas populares se cuestiona la idoneidad de tramitar la iniciativa en pleno verano, cuando más gente se concentra en el pueblo.

Aun así, el diputado regional del PP Domingo Segado defendió, en la reunión que el miércoles pasado mantuvieron en la Asamblea miembros de cuatro partidos y representantes de la plataforma ciudadana que clama contra la «privatización» del faro, que la medida pretende todo lo contrario: servir de reclamo turístico y que cualquier persona pueda disfrutarlo. Y es con un hotel, o con un restaurante, como la torre podría ser accesible para los ciudadanos, ya que ahora el paso a las instalaciones solo está permitido a los fareros, empleados de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Este organismo público es el responsable de todas las señales de seguridad marítima que hay en el litoral de la Región de Murcia, aunque la propiedad del edificio es estatal.

En plena polémica, el diputado nacional de Podemos Javier Sánchez Serna pidió la comparecencia en el Congreso del presidente del Puerto de Cartagena, Antonio Sevilla, para que concrete los planes para el faro. Podemos y PSOE también anunciaron sendas proposiciones no de ley para frenar la del PP.

Quince años de trámites
Además, el concejal del Área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, Ricardo Segado, anunció el pasado sábado que solicitará en el Pleno del martes la adhesión de todos los grupos políticos a la solicitud presentada por MC ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para desbloquear el procedimiento de declaración del faro como BIC, con categoría de monumento. En una resolución fechada el 1 de julio de 2002 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un mes más tarde, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio acordó incoar expediente para declararlo bien de interés cultural. Pero nada avanza desde entonces.

Fuentes conocedoras del procedimiento indicaron que, sobre la petición de catalogación del faro como monumento, puede existir otro problema legal. En teoría, el expediente incoado seguiría ‘vivo’ pues la ley de Patrimonio Histórico establece que no hay caducidad si no hay denuncia de mora. Pero en estos momentos no se conoce a ciencia cierta si la hubo.

La Consejería de Cultura de la Comunidad se mantiene al margen de este asunto porque se trata de un inmueble propiedad del Estado. De ahí la incoación por parte de Bellas Artes y Bienes Culturales, así como su publicación en el BOE.

FUENTE: Gregorio Mármol, LA VERDAD