El tribunal encargado de juzgar a Oriol Junqueras y otros 11 políticos catalanes por el ‘procés’ tiene previsto rechazar la solicitud formulada por las defensas para que el juicio que comenzará previsiblemente a partir del 5 de febrero cuente con la presencia de observadores internacionales para avalar que se cumplan todos las garantías. Tras el inicio de las deliberaciones esta semana sobre las distintas solicitudes formuladas en las defensas en sus escritos, los siete magistrados consideran de la presencia de estos expertos no es necesaria debido al alto grado de publicidad con la que contará la vista oral.
La Sala de lo Penal no reservará así, asientos en la Sala, aunque recordará que dado que las sesiones del juicio serán públicas, puede asistir a ellas cualquiera que lo desee siempre que consiga acceder por motivos de espacio. El salón de plenos, donde se celebrará el juicio durante aproximadamente tres meses, cuenta con más de 100 plazas aunque parte de ellas se destinarán a familiares y a la prensa nacional e internacional que ya ha comenzado a acreditarse para la cobertura de este proceso histórico.
Esta misma semana, el Supremo dio su ‘ok’ a que miembros del Parlamento vasco acudan a la vista que se celabrará de martes a jueves en horario de mañana y tarde. En este caso la admisión se debió al carácter institucional de la cámara cuya presidenta reclamó por escrito al alto tribunal poder acudir a las sesiones. También lo han reclamado, además de los propios acusados, Amnistía Internacional y una plataforma de asociaciones catalanas creadas con ese propósito.
Cinco asientos
Los siete jueces también prevén decir no a la solicitud de que relatores de Naciones Unidas comparezcan como testigos-peritos para analizar el derecho de autodeterminación en el marco de la UE. Los magistrados del tribunal analizan estos días la prueba reclamada por las partes y ya han ido acotando qué testificales se escucharán y cuales no. Así, declarará el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exministro Cristobal Montoro pero se prevé rechazar en un auto que se conocerá la próxima semana, la presencia de Carles Puigdemont. Tampoco asistirá el rey Felipe VI, exento en aplicación de la ley, ni el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
En sus escritos, los acusados reclamaban, en concreto, cinco asientos para estos expertos. Por ejemplo, Oriol Junqueras expresaba que «el conocimiento del desarrollo del juicio oral no puede depender de la edición o difusión efectuada por medios de comunicación, debiendo de ser una percepción directa e inmediata de la vista». Añadía que estos observadores «no pueden depender de las concretas imágenes que se difundan, debiendo percibir el juicio de forma directa».
La reclamación y las solicitides privadas levantaron críticias del sector de la Justicia que vio la iniciativa como un deseo de cuestionar las garantías de la vista. En ella, los medios de comunicación tendrán acceso a la sala y podrán seguir también el desarrollo íntegro del juicio desde los espacios habilitados al efecto en la propia sede del tribunal. Además, la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo facilitará señal institucional de televisión que será enviada gratuitamente a los medios interesados por el medio público TVE, tal y como acordó la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en su reunión del pasado 11 de diciembre.
Este hecho contrasta con lo habitual en países de nuestros entorno. En Francia, por ejemplo, no se puede acceder a la sala con medios de grabación bajo la amenaza de multas. Tampoco se permite en Reino Unido. En Portugal, la norma es no autorizar la transmisión de imágenes salvo resolución judicial que así lo acuerde. Algo parecido sucede en Italia, donde solo se emite un juicio si hay interés social relevante y nunca sin el consentimiento expreso de las partes.
El catalán
El tribunal ya ha abordado, también, la reclamación para que los acusados puedan declarar en catalán contando con una traducción simultánea. Fue el abogado Jordi Pina el que puso sobre la mesa la cuestión. Durante su exposición en el estreno del tribunal el pasado 18 de diciembre, verbalizó una reclamación. El letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull defendió el derecho de los acusados de «poder expresarse en catalán» en el Tribunal Supremo, un idioma «innato» para ellos, su «lengua materna”. «Solicitaremos a este tribunal que se arbitren los mecanismos oportunos para que pueda haber traducción simultánea”, dijo entonces.
Sin embargo, los miembros de la Sala de lo Penal aceptarán que aquellos que lo deseen empleen su lengua materna para expresarse pero descartan habilitar el sistema de traducción solicitado. El juicio sí contará con un traductor al uso que reflejará en castellano las palabras de los procesados de forma consecutiva, en la línea del precedente ya utilizado en el alto tribunal en anteriores vistas.
