ÁNGEL MONTIEL
Lo más lógico es que el consejero responsable de los Servicios Jurídicos hubiera dimitido para no verse sometido a tan insoportable dilema (el interés general o el de su suegro)
La única persona en España que al día de hoy ha ganado dinero con la hasta ahora ruinosa desaladora de Escombreras es el ingeniero de Caminos Juan Jódar, autor del proyecto: un millón de euros a la buchaca, una cifra merecida a sus méritos, sin duda, que permite vivir al sol varias vidas.
Pero ocurre que Jódar está siendo investigado (antes de que el PP reformara las leyes para introducir eufemismos, imputado) en el proceso judicial que atañe a esta infraestructura. Y da la casualidad de que quien debe defender los intereses de la Comunidad en el caso, es decir, de los ciudadanos y contribuyentes, es su yerno, el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Pedro Rivera.
Bajo su responsabilidad constan los Servicios Jurídicos de la Comunidad, que son los que deben velar por la buena administración de la gestión que dio lugar a la desaladora, tan en entredicho. ¿A quién defenderá con más dedicación el consejero Rivera? ¿A los murcianos o a su suegro?
Por su voluntariosa entrega al cargo hay que suponer que los murcianos están en la primera línea de interés, pero quién sabe si algún día Rivera acaba siendo heredero, de algún modo, indirectamente o por gananciales, de esa fortuna o de una parte de ella. Esta posibilidad, que legítimamente podemos suponer, tal vez podría influir en su voluntad de esclarecimiento de las cosas, pues todos sabemos cómo el ámbito familiar nos acaba determinando, sobre todo en las persuasivas cenas de Navidad y en otros episodios de franco recogimiento cuñadista.
Lo más lógico es que el consejero responsable de los Servicios Jurídicos hubiera dimitido para no verse sometido a tan insoportable dilema (el interés general o el de su suegro), o al menos podría haber sugerido a su presidente, Fernando López Miras, ya que de éste no ha salido, que le encargara otra dedicación y poder seguir así prestando sus inestimables servicios (desconocidos por el vulgo, es verdad, pero tan apreciados por sus valedores); todo antes que verse en la tesitura de que alguien (sin duda, desnortado) pudiera creer ni de lejos que es capaz de poner el aparato jurídico de la Comunidad autónoma al servicio de su imputado suegro.
Los Servicios Jurídicos de la Comunidad son independientes y estrictamente profesionales, qué duda cabe, pero el consejero del que dependen algo tendrá que ver en nombramientos y orientaciones. Un abogado como Rivera daría la razón, en cualquier otro caso, a quien le recordara que es mejor no poner la zorra al cuidado de las gallinas.
No tengo la seguridad de que Rivera sea acreedor del máximo aprecio de López Miras; de hecho, éste lo destituyó de la consejería de Fomento para poner en su lugar a otro que resultó, por increíble que parezca, todavía más incompetente. Pero Rivera es, en el Gobierno, el ‘contacto técnico’ de Pedro Antonio Sánchez, mentor del presidente, y esa cualidad lo hace intocable.
Cuando tras varias entregas informativas de este periódico sobre el caso, el presidente se vio obligado a responder, hizo como que le hablaban de algo que no le afectaba. La oposición tampoco se dio demasiada prisa en reflexionar sobre el asunto, tal vez porque este tipo de cosas siguen sin dar votos, aunque den mucha vergüenza; ajena, por supuesto.
Y ahí siguen, imperturbables. López Miras aparece en los carteles electorales con el lema «En defensa de la Región», pero le falta precisar: «Y si eso, también del suegro».
