El PSOE se plantea retrasar la reunión de la Mesa para que la suspensión de los presos no le estalle en campaña

Aunque tradicionalmente la primera reunión de la Mesa se realiza al finalizar la sesión constitutiva (que tendrá lugar este martes), fuentes parlamentarias próximas a la nueva presidenta no dan por hecho que Meritxell Batet vaya a convocarla con tanta urgencia. A cinco días de los comicios del 26 de mayo, la socialista catalana podría retrasar el primer encuentro para que la polémica decisión no le ‘estalle’ en los últimos días antes de acudir a las urnas. En todo caso, la cuestión se dilatará hasta recibir un informe de los letrados en el que ya se está trabajando pero que podría tardar una semana en estar listo.

El Alto Tribunal que juzga a los líderes separatistas elegidos como diputados el pasado 28 de abril (Oriol Junqueras -ERC-, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez -Junts per Catalunya-) cree que la Mesa debe decidir si quedan suspendidos de sus funciones en base al apartado 2 del artículo 21.1 del Reglamento: «Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». Lo mismo ocurre con el Senador electo Raul Romeva. Lo contrario, dicen en el Supremo, sería «una injerencia del poder judicial en el parlamentario».

Pero la cuestión legal es muy enrevesada. Aunque los dos últimos requisitos sí se cumplen, no se da el primero. El Supremo consideró innecesario solicitar el suplicatorio dado lo avanzada que estaba la vista oral del juicio del procés. Algunas fuentes parlamentarias sostienen, sin embargo, que esos requisitos podrían llegar a entenderse como «acumulativos«; es decir, que deberían cumplirse todos para poder aplicar el artículo.

Si los miembros de la Mesa suspendiesen a los diputados catalanes de sus funciones y las defensas de los independentistas ganasen un eventual recurso, los primeros podrían enfrentarse a un posible delito de prevaricación y acabar procesados como ocurrió con los miembros de la Mesa del Parlament.

Algunas fuentes del órgano de la Cámara Baja consideran que ellos no son quienes deben interpretar una resolución judicial como la del Supremo y serían partidarios de devolver la pelota a magistrado Manuel Marchena. Sería él -sostienen estas fuentes- quien debería decidir si los suspende dictando, por ejemplo, un auto de extensión de efectos sobre que ya emitió el instructor de la causa Pablo Llarena en julio de 2018, amparándose en el artículo 384.bis de la Ley de Enjuciamiento Criminal(LECRIM).

PP y Cs: forzar la suspensión

En cambio, tanto PP como Ciudadanos ponen toda la presión sobre los socialistas para que los independentistas sean suspendidos sin más dilación. El presidente del PP, Pablo Casado, pretende que los órganos correspondientes del Congreso y Senado adopten las medidas necesarias y urgentes para que los cinco encausados sean «inmediatamente suspendidos como parlamentarios». El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, ya ha asegurado que su partido tiene preparado ya un texto para solicitar la suspensión de los catalanes en cuanto se reúna la Mesa.

Las implicaciones de la suspensión de funciones no son menores. En caso de que los procesados por rebelión no renuncien a sus actas, no podrán ejercer su derecho al voto en el tiempo en el que estén suspendidos, lo que afectaría a la mayoría parlamentaria en beneficio de Pedro Sánchez. Aunque sean suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios, no pierden su condición de diputado.

La mayoría absoluta bajaría de 176 a 174 diputados, con lo que, llegado el caso, el líder socialista no necesitaría los votos de los independentistas en la segunda vuelta de su investidura. Le bastaría con el respaldo de PNV, Compromís, Coalición Canaria y el partido cántabro de Miguel Ángel Revilla.

La mayoría absoluta bajaría de 176 a 174, con lo que Sánchez no necesitaría los votos de los independentistas en segunda vuelta

Por otra parte, fuentes populares señalan a Vozpópuli que el líder del PP estudia pedir a la Mesa que la mayoría absoluta siga en 176 escaños incluso si los cuatro diputados presos de JxCat y ERC son suspendidos. El artículo 21 del reglamento de la Cámara baja establece los casos en los que un diputado quedaría suspendido de sus funciones, pero las citadas fuentes subrayan que no se dice nada de que ello afecte al quorum de las votaciones en el pleno. Asimismo, Casado pretende también que la Mesa obligue a respetar fielmente la norma legal de jura o promesa de la Constitución para que se acabe con el «humillante espectáculo de esas ‘codas o añadidos’ que se han tenido que soportar en los últimos tiempos en la sede de la soberanía nacional».

Podemos: «legalistas»

Desde Podemos, por su parte, están dispuestos a dejar que los presos investigados ejerzan como diputados. Fuentes cercanas a Pablo Iglesiasresumen a Vozpópuli su reflexión: «Hay que ser extremadamente legalistas y permitir que personas que han recibido miles de votos puedan votar en el Congreso, al menos hasta que no haya una condena del Supremo».

Los morados inciden en que la pelota está «en el tejado del PSOE», a sabiendas de que el partido de Sánchez está sometido a una dura presión por la campaña electoral del 26 de mayo. De ahí que este lunes el grupo catalán de Podemos, En Comú Podem, haya abogado por que la Mesa permita a los investigados acudir a las sesiones del pleno de la Cámara Baja. Gerardo Pisarello, uno de los dos representantes morados en esa Mesa, ha anunciado su intención de trabajar para que se garanticen «los derechos» de los investigados.

El ex mano derecha de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona se erige así como puente del independentismo en la Mesa de la Cámara Baja. Su grupo defenderá la «autonomía parlamentaria» y luchará para que el órgano de gobierno del Parlamento haga oír «su voz», ha remarcado. Una manera para reafirmar el principio legitimista (el de los votos), que, por lo visto, comparte con el secesionismo.