La Agrupación Sur exige sus dimisiones y que corra la lista: «Esta gente nunca ha sido socialista».

A través de un comunicado oficial y sin aceptar preguntas por parte de los medios de comunicación. Así es como la dirección regional del PSRM-PSOE ha hecho pública este martes la expulsión del partido de la regidora de Cartagena, Ana Belén Castejón, y de los otros cinco concejales socialistas presentes en el equipo de Gobierno: David Martínez, responsable de Cultura, Juventud e Igualdad; Mercedes García, de la Delegación de Servicios Sociales; Alejandra Gutiérrez, encargada de la Delegación Especial de Transparencia, Servicios Generales y Administración Electrónica; Irene Ruiz, concejala del Área de Educación, Empleo y Empresa, y Juan Pedro Torralba, edil del área de Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Festejos.

Seis nombres que desde hace unas horas aparecen desligados al del Partido Socialista y que, por tanto, ya no actúan -no pueden- en nombre de él en caso de que sigan formando parte, junto al Partido Popular y a Ciudadanos, del Gobierno municipal. Por ahora la alcaldesa no ha querido hacer declaraciones, como tampoco lo ha hecho el resto.

El hermetismo se justifica con la necesidad de dar una respuesta sin interferencias que esperan hacer esta mañana, a las 11:30 horas, en el hotel Los Habaneros, fuera de la casa consistorial. Esa cerrazón también la han seguido en el PSOE regional. Su secretario, Diego Conesa, emitió este martes, a las 12 de la mañana, un mensaje dirigido a los miembros de la dirección del partido para que guarden silencio absoluto hasta nueva orden. Y le han hecho caso.

Los expedientes abiertos contra los concejales han sido redactados por la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) después de estudiar durante varios meses la situación a instancias de la Regional. En Madrid tienen claro que hay argumentos para echar a Castejón y a su equipo por el pacto que alcanzaron con los grupos de PP y Ciudadanos al objeto de impedir el ascenso a la alcaldía de José López, de Movimiento Ciudadano (MC).

Esta formación obtuvo el 27,44 por ciento de los votos -el mayor resultado de todos los grupos- en las elecciones municipales de mayo y, por tanto, la opción más lógica era, según arguyó entonces el PSRM-PSOE, pactar con él. Sin embargo, Castejón no solo no lo hizo sino que, además, formó gobierno con el que se supone su mayor contrincante, el PP de Noelia Arroyo.

Un acuerdo sin la ‘bendición’

En los expedientes, el PSOE nacional esgrime que, como indicaba el escrito remitido por el autonómico, el acuerdo se alcanzó «supuestamente» sin conocimiento de la Comisión Ejecutiva Regional, ni la Municipal, y sin haber realizado la obligatoria consulta a la militancia prevista en los Estatutos Federales del partido. En su artículo 53, señalan que «será obligatoria la consulta a la militancia, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político». A esto se suma la pasividad de Castejón ante los varios «apercibimientos» que recibió del equipo de Conesa y, por supuesto, el no haber materializado una ruptura con sus actuales socios.

Tampoco hizo caso, ni la regidora ni sus concejales, al requerimiento enviado por la CEF mediante burofax para que presentara su renuncia expresa a las competencias delegadas que había asumido y «demás nombramientos derivados de su pertenencia al Grupo Municipal Socialista» en un plazo máximo de 48 horas. En esta comunicación, el PSOE dejaba claro cuáles serían las consecuencias de no acatar lo reclamado: la expulsión provisional. Ante la inacción, esta se produjo a finales de julio.

Los afectados presentaron entonces alegaciones, que Madrid divide en dos partes: las formales, en las que pretendían demostrar la falta de competencia de la CEF para iniciar el expediente, y las materiales. Estas últimas son la clave en la que se explica la motivación de la expulsión: el acuerdo fue tomado «a espaldas del partido» y los ediles se han mantenido en el equipo de gobierno municipal pese a los requerimientos, lo que, añade el expediente, «supone la vulneración de lo dispuesto y la comisión de dos faltas muy graves sancionable con la expulsión del PSOE».

La resolución da por informados de la decisión tanto a las personas expedientadas, recordándoles que la expulsión del Partido «conllevará en todo caso la pérdida de los cargos públicos dependientes del Partido que ostentase el sancionado», como a las comisiones ejecutivas de los ámbitos territoriales correspondientes y al Departamento de Atención al Militante y a la Ciudadanía. Los afectados podrán presentar un recurso ante la Comisión de Ética y Garantías en el plazo de 10 días hábiles.

 

 

FUENTE: LAOPINIONDEMURCIA