Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa hizo del europeísmo una de sus primeras banderas. El 8 de junio, en su primer Consejo de Ministros, entregó una carta a su gabinete en la que marcaba las líneas maestras de lo que debía ser su mandato. «Este Gobierno nace con una clara vocación europeísta. Decidido a recuperar el papel protagonista de España en la construcción europea», era uno de los puntos. En un momento en que el euroescepticismo crecía por el Reino Unido, Italia y el sur de Europa eso era una bendición para la Unión Europea. Ahora Sánchez plantea su primer pulso en Bruselas. Lo hace por el acuerdo del Brexit negociado entre la UE y Reino Unido por olvidar la posición española sobre Gibraltar y mide sus apoyos entre los Veintisiete.

Ese europeísmo es el que el Gobierno considera que ha sido traicionado en la negociación del Brexit. El 29 de abril de 2017, en las orientaciones que los Veintisiete dieron al negociador de Brexit, el francés Michel Barnier, se dejaba claro que «una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido«.

La Moncloa no quita gravedad a lo ocurrido: «No podemos aceptar que nos cambien las reglas de juego en el último momento»

Sin embargo, en las últimas horas y fuera de los focos, los negociadores de la UE ignoraron ese punto. Barnier pidió manos libres para desencallar el acuerdo, las tuvo y lo logró. Pero lo hizo a costa de lo que Madrid considera que ha sido una puñalada. En un artículo aparentemente genérico, el número 184, sobre «la relación futura» entre el Reino Unido y la UE establece que ambos negociarán «de buena fe y con pleno respeto de sus respectivos ordenamientos jurídicos» que estos acuerdos se apliquen. Eso se une a que, en otro punto, el tratado trata a Gibraltar como parte de Reino Unido, en contra de una sentencia europea de 2003. En teoría, la redacción pretendía salvar el escollo entre la frontera de Irlanda con Irlanda del Norte, pero al no mencionar lo contrario, y en contra de lo previsto, por ahí se cuela Gibraltar.

José Manuel García-Margallo, diputado del PP y exministro de Exteriores, opina que para España eso supone «una segunda rendición de Utrecht«, en alusión al tratado de 1713 por el que Inglaterra se hizo con Gibraltar. Margallo explica por teléfono el torpedo que esconde esa redacción: «Lo que aceptaríamos con ese texto es la ratificación del Tratado de Utrecht por otro acuerdo, algo que no ha hecho ningún Gobierno jamás en 300 años». España nunca ha renunciado a la soberanía sobre Gibraltar que considera su territorio. En contra de eso, el tratado incluye una frase que para Margallo «es letal»: «Dice que se negociará ‘respetando los respectivos ordenamientos jurídicos’. ¿Eso qué quiere decir, que Gran Bretaña no va a aceptar ningún cambio en el estatus jurídico de Gibraltar? ¿En ningún caso aceptarían la cosoberanía, que es lo que piden las resoluciones de la ONU?».

El controvertido artículo 184

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez no se quita gravedad a lo ocurrido. «No podemos aceptar que nos cambien las reglas de juego en el último momento introduciendo un artículo en el acuerdo de retirada que ignora las líneas rojas de España, pero también del Consejo Europeo, que en sus orientaciones dejó claro que todo acuerdo entre la UE y el Reino Unido requeriría el previo acuerdo de España», señalan fuentes de la Moncloa. «El Gobierno tiene claro y es determinante: debe quedar garantizado en el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que en relación con Gibraltar se requerirá el previo visto bueno de España». Y quiere que quede claro tanto en el texto de divorcio, el que incluso el controvertido artículo 184, como en la declaración política que encarrilará la relación futura entre Bruselas y Londres. Y, hasta al menos el viernes por la noche —tarde en La Habana, porque toda esta tensión extra diplomática le ha pillado al presidente de viaje oficial en Cuba—, esas peticiones no se consideran en modo alguno satisfechas, así que la pelea sigue abierta.

Las garantías ahora mismo no son suficientes y el veto se mantiene. Y si hay acuerdo, lógicamente se irá [a la cumbre]

A la superación de la línea roja se unen las formas. La UE negoció en secreto con Theresa May y una vez que el texto estuvo acordado, la primera ministra británica se lo envió al ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, que lo conoció antes que el ministro de Exteriores español, Josep Borrell. Para Margallo, eso es intolerable. «De las pocas cosas que aprendí en Exteriores fue cuando Lavrov, ministro de Exteriores ruso, me dijo: ‘Un país puede tolerar todo menos que le tomen a broma’, y eso es lo que nos ha pasado. El sedicioso Picardo no puede conocer esto antes que el Gobierno español. En Bruselas no te puedes dormir 15 minutos y da la impresión que la diplomacia británica ha estado más diligente en el ‘lobby’ a Barnier y este ha sido infiel al mandato y al compromiso de defender a un Estado miembro». La diplomacia española también se siente engañada. El secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, declaró en el Congreso que se había aprobado con «nocturnidad y alevosía». En el círculo del presidente insistían estos últimos días desde La Habana que «alguien no ha hecho bien su trabajo», en referencia a Barnier. De hecho, quien cazó el peligro del artículo 184 fue la Abogacía del Estado, al analizar el borrador pactado entre Londres y Bruselas.

Enrique Feás, técnico comercial del Estado y analista de política económica, detalla que «España ha sido muy razonable durante este tiempo y tras la sorpresa de último momento es normal exigir que se cumpla el mandato de negociación y del Consejo. Probablemente con buena intención, Barnier no ha calculado bien las implicaciones del artículo 184 mezclado con otros artículos iniciales». La gestión de Barnier había sido ampliamente alabada y por eso sorprende más este giro de los acontecimientos de última hora. «La negociación la ha llevado con maestría y lo ha hecho todo de forma impecable. Cuando se bloqueó el tema de la frontera con Irlanda, él solicitó una negociación en privado, lo que llaman el túnel, y de ahí salió eso», señala Feás.

Potenciales aliados

De momento, España advierte de que puede no participar en el Consejo Europeo que el domingo 25 debe aprobar los dos textos si no se atienden sus peticiones y, por tanto, no hay acuerdo. El viernes por la noche, Sánchez señaló desde La Habana, donde se encuentra de viaje oficial: «Las garantías aún no son suficientes y por tanto España mantiene el veto al acuerdo del Brexit. Si hay acuerdo, lógicamente se irá«. Ese Consejo estaba previsto como un trámite y de hecho la convocatoria solo tenía una duración prevista de dos horas y media pero la posible silla vacía de España, unida a otras pegas como las que pone Francia al acuerdo de la pesca lo están complicando. Lo que España espera, y así lo dijo también Sánchez desde Cuba, es que si no hay un consenso total, Donald Tusk, el presidente del Consejo, directamente desconvoque la cumbre. Madrid defiende que «nadie está en contra» de sus tesis, así que se siente arropada

Legalmente, la ratificación del acuerdo de salida no necesita unanimidad sino una mayoría de los países con determinada población. España se agarra a que, aunque no esté escrito, siempre se dijo que se buscaría el apoyo de los Veintisiete. Políticamente es inconcebible y abriría una crisis aún mayor que un consejo extraordinario como el del domingo sobre el Brexit tenga un acuerdo de 26. Tras el Brexit, la UE debe firmar nuevos acuerdos con Reino Unido que sí exigirían unanimidad. La misma naturaleza de la declaración política exige un total consenso. En el equipo del presidente, que en las bambalinas está dirigido por su ‘sherpa’, José Manuel Albares, insisten en que esa vocación «europeísta» que siempre ha mantenido Sánchez, y su defensa de posiciones «constructivas», hacen «impensable» que un pacto de esta envergadura pueda salir adelante sin el concurso de España.

Margallo opina que para España el texto acordado entre Londres y Bruselas supone «una segunda rendición de Utrecht»

El Gobierno ahora exige volver a la casilla anterior. Que ninguna decisión futura sobre Gibraltar se tome sin el visto bueno previo de España. Y, a ser posible, que tenga el mismo valor jurídico vinculante que el tratado. Pero de momento lo que se baraja es la firma de una declaración política. Si esta tiene un rango inferior al del tratado a la larga podría convertirse en papel mojado. Aunque encuentra la comprensión de sus socios, estos no ven forma de reabrir un acuerdo que May ya ha enseñado en Londres y que casi le cuesta el puesto. Temen que tocarlo podría desencadenar una crisis aún mayor pues aún tiene que ratificarlo el Parlamento.

Margallo considera que no puede haber término medio porque la redacción actual es letal para España: «El presidente del Gobierno no tiene más salida que exigir una declaración que sea jurídicamente vinculante, no vale una declaración política, en que se reestablezca el párrafo suprimido y que no hace más que recoger el mandato del Consejo Europeo a los negociadores, lo que delimitaba el perímetro de la negociación. Eso es lo único que salvaría el tema. No una declaración política, porque el acuerdo sí tiene efectos vinculantes y esta declaración política no los tendría».

Paradójicamente, el Brexit fue considerado inicialmente como una oportunidad para que España arañase algo de soberanía sobre el Peñón. Los habitantes de la Roca temían quedarse en un extraño limbo y ahogados por España si triunfaba en el referéndum la salida de la UE. El no al Brexit obtuvo un 96% de los votos en Gibraltar. Margallo planteó que en esa negociación, España optase a la cosoberanía para que Gibraltar estuviese en la UE.

Esa posición fue luego abandonada por el ministro Alfonso Dastis porque Londres era inflexible sobre la soberanía. España no se enrocó y lo dejó a una negociación técnica, pero conservando la llave sobre cualquier futuro acuerdo con Gibraltar. «Claramente, la salida del Reino Unido es una baza negociadora. Igual que España tuvo que aceptar cosas sobre Gibraltar al entrar en la UE ahora que salen ellos es como si se abriera el tratado, pero España ha tenido una cierta responsabilidad, dejando que negocien los términos técnicos», opina Feás.

Paradójicamente, el Brexit fue considerado inicialmente como una oportunidad para que España arañase algo de soberanía sobre el Peñón

En vez de eso, con el texto actual, Gibraltar quedaría con las ventajas que ha obtenido el Reino Unido con el Brexit, como un previsible acuerdo comercial con la UE y además con un acuerdo en el que la UE la asimila al Reino Unido y en el que España viene a renunciar a la soberanía. La diplomacia española se la juega en las próximas horas con sus socios. ¿Y qué pasará? Fuentes de la Moncloa advertían desde La Habana que «aún queda tiempo», que 24 horas en una negociación es un margen más que de sobra. La estrategia es clara: apurar los minutos que faltan para conseguir que la UE atienda las peticiones de España y lucir un galón además en un asunto del que tradicionalmente ha intentado sacar más rédito la derecha: la Roca. De hecho, los colaboradores de Sánchez no dudaban este viernes en acusar a la Administración anterior, la de Mariano Rajoy, de falta de «ambición» en las conversaciones con Londres y con Bruselas. Y de aquellos polvos, venían a decir, estos lodos.

La política exterior ha sido un gran eje de la política de Sánchez. Coincidiendo con la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, el presidente se ha volcado en la acción exterior con viajes a Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Cuba y visitas agendadas a Islandia (ya cancelada) y Argentina (el próximo fin de semana, al G20). El Gobierno de Sánchez tiró de las instituciones comunitarias en su composición (Nadia Calviño, Luis Planas y Josep Borrell han tenido experiencia en Bruselas), cambió el nombre del ministerio de Exteriores para que pasase a llevar la UE en el título (ahora es Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) y ha defendido a Bruselas ante los países críticos. Ahora se miden las respuestas.
 
 

FUENTE: ELCONFIDENCIAL