Así lo ha hecho saber Pasqual del Riquelme acto de apertura del Año Judicial en la Región de Murcia 2021/2022, en el que ha criticado este «uso interesado y meramente táctico» que se hace de la jurisdicción penal. «Lo hacen unas veces mediante la interposición de denuncias y querellas meramente propagandísticas, cuya vida útil se agota en la fotografía de los denunciantes ante la puerta del juzgado con la denuncia sellada en sus manos», añade.
«Y en otras ocasiones mediante la sistemática personación en actuaciones penales, instrumentalizando el ejercicio de la acusación popular para desgastar al rival político y mantener viva en el tiempo una imputación que es luego esgrimida como munición en la lucha partidista», según el presidente del TSJMU, quien estima que, con esta «actitud justiciera impostada», hacen un «uso indebido y abusivo de los tribunales y consumen en su propio y a veces espurio interés los siempre escasos recursos y energías del sistema judicial».
Precisamente, ha alertado que una de las patologías que lastran la Justicia regional es la «altísima tasa de litigiosidad», es decir, de entrada de asuntos, en comparación con la media nacional.
En su intervención, ha indicado que el conflicto «no es una patología», sino que es «consustancial a sociedades democráticas, plurales». Sin embargo, ha advertido que «lo que sí es una patología es la judicialización masiva de toda la conflictividad social».
«Nuestros responsables políticos, los actores socioeconómicos y los profesionales del Derecho que intermedian en esa conflictividad social harían bien en promover, sondear y explotar al máximo las posibilidades de resolución alternativa y autocompositiva de dichos conflictos, evitando su automática judicialización», ha considerado Del Riquelme, quien cree que algunos fenómenos de este tipo resultan «especialmente sangrantes».
En concreto, se ha referido a los pleitos por cláusulas abusivas representan un 14% de todos los asuntos civiles en trámite en la Región. «El altísimo porcentaje de demandas presentadas por clientes de la banca que están siendo estimadas por los tribunales (que supera el 99% de las presentadas) debería llevar a algunas de las entidades bancarias más frecuentemente demandadas a revisar su estrategia procesal de oposición sistemática a tales reclamaciones», ha aseverado.
En su intervención, el fiscal Superior, Díaz Manzanera, ha dicho que «Mención especial» merece, los delitos contra la Administración Pública en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en malversación y sobre todo, en prevaricación.
«Los datos hablan por sí solos», según el Fiscal Superior, quien ha precisado que entre 2020 y 2021 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 61 diligencias de investigación de esta materia, siendo archivadas 47 (lo que supone un 77% del total), de las que 52 son por prevaricación, entre las que se encuentran como denunciantes: partidos políticos en 12 casos, además de 17 de particulares o empresas, 14 de funcionarios y 6 de asociaciones.
«Denuncias que, en su mayor parte, no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad, debiéndose plantear en otra jurisdicción diferente a la penal, que es muy restrictiva, ya que en ella se exige, entre otros requisitos, un dolo específico muy difícil de acreditar», ha aseverado. «No todo es delito», según Díaz Manzanera, quien cree que «lo que evidentemente ha de ser rechazable es si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar básicamente el efecto mediático.
«Que no quepa la menor duda que si la Fiscalía observa indicios mínimos de delito, judicializa los hechos con la pertinente denuncia o querella, advirtiendo siempre a los denunciantes, que pueden presentarla en el Juzgado competente», ha aseverado. De la misma manera, ha asegurado que «se procede, como así ha sucedido en varios casos, al archivo de plano al comprobar que el contenido de la denuncia desde su umbral o entrada, no tiene ninguna base fáctica, ni probatoria, ni jurídica».
«No sería de recibo que detrás de esa práctica incorrecta hubiese una utilización torticera y abusiva de una institución pública estatal como es la Fiscalía, y en los casos más claros se podría hasta perseguir por acusación y denuncia falsa», ha advertido.
