El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, se encuentra de nuevo en el foco de las críticas por seguir designando presidentes tanto de los tribunales superiores de justicia como de las audiencias provinciales a pesar de que su mandato finalizó hace un año, concretamente el 4 de diciembre del 2018.
Han sido unos cuarenta nombramientos los que el órgano de los jueces ha aprobado en estos doce meses. Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria han recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tres convocatorias con un total de 22 nombramientos que están pendientes de resolverse. Sus portavoces han sido explícitos a la hora de criticar que sigan los nombramientos a pesar que el mandato del CGPJ ha expirado y se encuentra prorrogado desde hace un año.
Consideran que Lesmes, con el voto de la mayoría de los vocales, están “colocando” a sus magistrados “afines” o incluso “amigos” para unos mandatos que se prolongarán cinco años. En su opinión, esta circunstancia va a marcar la línea conservadora de los altos cargos de la carrera judicial. Aunque se renueve el consejo y al nuevo llegue una mayoría progresista, durante los próximos años esos puestos ya no podrán ser modificados.
Desde el CGPJ y parte de la carrera judicial se ven las cosas de otro modo. A su juicio, si el órgano no se ha renovado es por culpa de los principales partidos políticos. Hace un año que PP y PSOE debían haberse puesto de acuerdo. “Lo que es anómalo es que las instituciones no se renueven en plazo. Una anomalía parlamentaria que nos trasladan a nosotros”, explica una fuente de este órgano.
El hecho de que en el Congreso los partidos políticos tengan bloqueada la renovación del consejo no debería afectar al resto de órganos judiciales que dependen de él. Además, el consejo no está en funciones sino que está prorrogado y, por tanto, tiene plena capacidad para continuar con su labor. “Pretenden tener un órgano constitucional dedicado a conceder permisos y labores administrativas no se puede consentir”, reclama otra fuente jurídica.
En el año de más que lleva Lesmes al frente del CGPJ se han tramitado cuarenta designaciones
Desde el CGPJ reconocen que los nombramientos de las presidencias se podrían prorrogar. Ahora bien, matizan, esto sería viable si fuera cuestión de meses. “Llevamos un año prorrogados y no hay visos de que hay ningún acuerdo entre partidos próximamente”, advierten. Se está pidiendo al consejo, según miembros del órgano, que paralice toda su labor. Además, hay otro factor a tener en cuenta. Hay algunas plazas que son vacantes y que se deben cubrir. Si se paralizan los nombramientos, supondría un perjuicio para los tribunales que presidirían.
Un ejemplo es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se acaban de convocar tres plazas por jubilación. Se trata de un tribunal con una alta carga de trabajo y mantener tres puestos vacíos hasta la renovación del consejo sería un descalabro para el tribunal, tal y como reconocen sus propias fuentes.
Estos tres nombramientos saldrán a la luz en enero una vez que ya se han realizado las entrevistas de todos los candidatos. Además, quedan pendientes dos plazas de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, así como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de varias audiencias provinciales.
La única autodelimitación que ha marcado Carlos Lesmes desde que se ha prorrogado el mandato es en la intervención del reglamento sobre determinados asuntos que marca la ley orgánica del Poder Judicial.
El propio Lesmes ha reclamado en varias ocasiones que las formaciones políticas lleguen a un acuerdo para la renovación e incluso ha mandado misivas a las presidencias del Congreso y el Senado. Es cierto que hace un año se estuvo a punto de lograr un acuerdo con el magistrado Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ y del Supremo pero finalmente resultó fallida después de que éste renunciara. El origen fue la publicación de unos mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignació Cosidó, en los que presumía ante varios senadores de su partido que colocaría a un presidente del alto tribunal al que podría controlar.
“Lo que es anómalo es que las instituciones no se renueven en plazo”, precisan fuentes del consejo
Tras aquel incidente Lesmes pidió responsabilidad política. “Este retraso constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y si se prolonga puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces (…) El CGPJ no debe correr el riesgo de verse debilitado por causas que le son completamente ajenas”, llegó a advertir en su discurso durante la apertura del año judicial celebrada en septiembre. Ante esta compleja situación, miembros de la carrera judicial sacan a la luz la histórica reivindicación de la elección de los vocales del CGPJ exclusivamente por parte de los propios jueces. “No existiría este bloqueo como ocurre en los nombramientos de las salas de gobierno de los tribunales”, insisten.
Según marca la ley, el órgano lo conforman veinte vocales elegidos por el Congreso y Senado entre jueces y juristas. De hecho, en el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), se volvió a poner el dedo en la llaga al advertir que sigue sin acometerse la reforma de la judicatura. “No cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones. Pero cuando las estructuras de gobierno del poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, hay un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción”, sostiene este informe.
FUENTE: LAVANGUARDIA