La operación Kitchen ha destapado cómo un grupo de altos mandos policiales, constituidos en un operativo “parapolicial” en palabras del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, sustrajeron diversa documentación de la financiación irregular del Partido Popular a su ex tesorero Luis Bárcenas, hoy cumpliendo pena en prisión.
Sin embargo, según avanzan fuentes del caso a El Independiente, la tesis que manejan los investigadores tras analizar gran parte del material incautado al comisario José Manuel Villarejo en el último año es que el objetivo principal de ese dispositivo creado en 2013 era incautarse de grabaciones sensibles que Bárcenas -en pleno escándalo por los sobresueldos de los populares– hizo al entonces presidente de su partido, Mariano Rajoy; a la hoy ex secretaria general María Dolores de Cospedal y al ex vicesecretario Javier Arenas, antaño estrecho amigo del ex gerente.
El ex tesorero del PP fue preguntado en la Audiencia por los investigadores de ‘Kitchen’ sobre si grababa a sus interlocutores; Bárcenas lo negó
Tanto el magistrado García-Castellón como la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional creen que la misión principal que tenía la operación Kitchen era despojar al ex senador Bárcenas de cintas que presuntamente él grabó y que podían comprometer a la ex cúpula del Partido Popular, después de que se hubiera filtrado el famoso ‘SMS’ con Rajoy y el ya célebre ‘Luis sé fuerte’. Para conseguir ese objetivo se contó con la ayuda del chófer de Bárcenas, captado como confidente, pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior –percibió al menos 48.000 euros– y actualmente imputado en la Audiencia Nacional por delitos de prevaricación, malversación, robo y allanamiento de morada.
Bárcenas llevaba inhibidores
De hecho, cuando el pasado 16 de enero Luis Bárcenas declaró como perjudicado y testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el ex tesorero fue preguntado directamente sobre si grababa a sus interlocutores. El que fuera hombre fuerte de finanzas del PP respondió que no. También le interpelaron sobre si sabía si le habían sustraído cintas de conversaciones personales con terceras personas. La respuesta de Bárcenas fue también negativa.
Según publicó el diario El Mundo, el comisario se jacta en varias ocasiones en una de las grabaciones que le incautaron de haber ayudado al ex presidente Rajoy, identificado con el nombre clave de El barbas. En concreto, el agente vinculado a las cloacas del Estado subrayó que había que “recordar” a los líderes del PP lo que hicieron por ellos. De hecho, fuentes de la investigación no descartan que los responsables de Kitchen destruyeran pruebas comprometedoras para el ex líder de la formación conservadora.
De igual manera, cuando el ex tesorero declaró como testigo en la pieza secreta de la operación Kitchen explicó que durante meses él y su familia se sintieron espiados, hasta tal punto que Bárcenas llegó a llevar inhibidores encima para evitar ser grabado en sus conversaciones por terceros. El ex gerente popular también reconoció que alguna vez dejó los teléfonos móviles a su chófer (Sergio Ríos Esgueva) para que se los guardara en su vehículo. De ahí que el conductor pudiera haber hecho el volcado de los dispositivos en los que Luis Bárcenas, entre otras cuestiones, anotaba todas las gestiones que hacía en el día a día en la aplicación del calendario.
En un informe remitido al juez García-Castellón, los fiscales Anticorrupción afirman que los principales imputados en esta causa “dirigieron y ejecutaron el servicio encomendado” para recuperar documentos “en poder del ex tesorero del Partido Popular que comprometía la posición de diversos dirigentes de dicho partido político”. De la misma forma, los investigadores de la operación Kitchen apuntan a que el dispositivo fue un encargo político que benefició a “dirigentes del Partido Popular”. Los agentes se habrían apoderado del material con el que Bárcenas podía poner en serios apuros a Rajoy, a su acérrima enemiga María Dolores de Cospedal y al propio Javier Arenas, persona con quien él negoció su salida de Génova tras descubrirse que el ex gerente atesoraba una fortuna de 47 millones de euros en Suiza.
La responsabilidad última de Kitchen
Junto a José Manuel Villarejo, en la operación Kitchen se encuentran imputados Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional cuando puso en marcha el dispositivo con el “pretexto” de tratar de obtener información sobre el patrimonio oculto de Bárcenas; Enrique García Castaño, El gordo, antiguo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía; Andrés Gómez Gordo, antiguo policía de confianza de María Dolores de Cospedal durante la etapa de ésta como presidenta de Castilla-La Mancha; y Sergio Ríos Esgueva, el ex conductor de la familia Bárcenas-Iglesias que accedió a colaborar con la Policía tras ser contactado por Villarejo.
Los integrantes del dispositivo policial tenían como misión recuperar documentación que podía poner en aprietos a la antigua cúpula del PP
Durante la ronda de declaraciones llevadas a cabo hace dos semanas en la Audiencia Nacional, cuando se interrogó a los citados mandos policiales, el cruce de acusaciones y versiones contradictorias entre ellos fue “evidente”. El chófer señaló a Villarejo y Gómez Gordo como las personas que lo captaron para el dispositivo. Por su parte, el comisario preso apuntó al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó como el responsable último de que se hubiera montado Kitchen. Por otro lado, García Castaño responsabilizó a Eugenio Pino del mismo mientras el ex DAO no quiso señalar a ninguno de sus superiores como las personas que le encargaron la polémica misión.
Sin duda, la equis del caso sigue siendo quién dio la orden última de montar un dispositivo policial -calificado por Anticorrupción de “ilegal” y que se llevó a cabo al margen de la Audiencia Nacional- para sustraer documentación sensible a Bárcenas. Por encima de Pino sólo había tres cargos en el Ministerio de Interior: Cosidó; el entonces secretario de Estado de Seguridad y hoy diputado en el Congreso, Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz como ministro. Los tres se encuentran actualmente aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
