El ministerio, el tren y otras cosas de malmeter

El ministerio, el tren y otras cosas de malmeter

ÁNGEL MONTIEL

 

Los políticos, como Pedro Saura, han sido desplazados por las ingenieras en el Gobierno central, en este caso, además, ingenieras sin perspectiva política, a juzgar por los hechos

Lo que parece bien claro es que del ministerio ahora llamado de Movilidad y Transportes ha desaparecido la política. Con la marcha de José Luis Ábalos y de Pedro Saura, exministro y exsecretario de Estado respectivamente, la gestión de las infraestructuras estatales ha quedado en manos del personal técnico, más en concreto de Adif. La sustituta de Saura, Isabel Pardo, es la anterior presidenta de esa empresa pública y ha llevado al ministerio su mentalidad de ingeniera dejando en Adif a María Luisa Domínguez, otra colega de profesión y su mano derecha antes y ahora. Los políticos han sido desplazados por las ingenieras, en este caso, además, ingenieras sin perspectiva política, a juzgar por los hechos. 

Con la salida de Pedro Saura de la secretaría de Estado, la Región de Murcia no solo ha perdido el peso que él le aportaba desde un despacho fundamental para el desarrollo de la actual agenda política regional sino que a la vez ha cambiado, en general y para mal, la acción política del Gobierno central. En el ámbito de lo que veníamos llamando Fomento, los técnicos se han hecho cargo de la política del Estado, lo que inevitablemente desemboca en una no política. 

El PSOE ganó en la Región unas generales y las últimas autonómicas, así como la mayoría de los Ayuntamientos. Que gobierne el PP con otras alianzas no empaña el dato anterior, de modo que la versión de la venganza carecería de rigor en estrictos términos

Las empresas públicas, como Adif, están permanentemente tensionadas. Los políticos les exigen inversiones y les ponen por delante proyectos que, en ocasiones, los técnicos que las dirigen no consideran rentables. Y es que éstos tienen que rendir al Gobierno cuentas saneadas, pues un dispendio que rebase su nivel tasado de endeudamiento podría convertir las cuentas de la empresa en deuda del Estado. El pulso entre el Gobierno, que exige más actuaciones, muchas de ellas ‘políticas’, a las empresas públicas, y la tendencia de éstas a cuadrar sus cuentas con criterios de empresa privada (que también lo es por una parte de su accionariado) es un debate recurrente. Y claro que hay un pacto no escrito: consiste en que el Gobierno de turno puede presionar a las empresas públicas hasta cierto punto, ya que tampoco, como he dicho, le conviene llevarlas a un sobreendeudamiento que tendría que asumir ante la Unión Europea como deuda propia. 

 

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