TONO CALLEJA, LILIANA OCHOA & ALEJANDRO REQUEIJO
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto enviar a juicio a toda la familia Pujol por formar una organización criminal para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas, según consta en un auto de este jueves. Según indica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el clan del expresidente catalán aprovechó su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica en esta comunidad durante décadas para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, el magistrado considera que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
En la resolución, el juez procede contra los principales integrantes del clan, liderado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer. Pero también contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola Mercé Gironés, y los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol. Acuerda también el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón Gironés Riera, Ana Vidal Maragall y Amelia Barrigón Lafita.
Los líderes de la organización
De la Mata explica que los líderes de la organización criminal eran el expresident Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola Lladós, quien, de hecho, llegó a autodenominarse en una comunicación dirigida a un banco de Andorra «la madre superiora de la congregación”. Debajo de estos, y siguiendo sus instrucciones, se encontraba el hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola («el capellán de la parroquia»).
El auto destaca que con el paso de los años Jordi Pujol Ferrusola asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos. El juez considera que este llegó a admitir en su declaración que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia. También tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas particulares de cada uno de los miembros del clan.
Los hermanos
Y como organización criminal, el resto de los hermanos integrantes de la organización criminal, (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en determinados “negocios” u operaciones, seguían las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran “distribuidos” por aquel y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito.
No obstante, el rol más preeminente de Jordi Pujol Ferrusola y su carácter de responsable principal de la recepción y distribución de dinero entre los miembros de la familia, en alguna ocasión fueron Josep Pujol Ferrusola, Oleguer Pujol Ferrusola o Pere Pujol Ferrusola los que realizaron las transferencias a sus hermanos.
Otras personas, por último, colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.
«Actividades corruptas»
En el auto de 509 páginas, recogido por Vozpópuli, el juez explica que la investigación, que se ha desarrollado durante ocho años, ha acreditado que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada“para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Según consta en la resolución judicial, una parte de esas actividades se realizaron durante el periodo en el que Jordi Pujol Soley fue presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003).
La familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”
La procedencia de dicho patrimonio, señala De la Mata, proviene de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien, incide, no existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol Brugat.
El magistrado subraya que en ocasiones el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.
Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de «concretas influencias» por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán. Otras veces, apunta el magistrado, los pagos a la familia se verificaban simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales.
Los pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, “cuya existencia real no ha quedado acreditada”, señala. De hecho, añade, en múltiples ocasiones ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la inexistencia del supuesto negocio subyacente. En otros casos, los contratos de intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola.
Entre 1992 y 2014
El instructor explica que en este caso se cumplen los requisitos para poder acusar a los Pujol de un delito de organización criminal, ya que entre los integrantes de la misma hay diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.
Esta organización criminal, concluye el juez, tenía finalidad claramente ilícita: “Obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas”. El magistrado detalla todas las operaciones orquestadas por la familia durante estos años y que les reportó cantidades multimillonarias sin razón alguna.
En relación con el delito de blanqueo de capitales, el instructor sostiene que “es claro que todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo así en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían conseguir con el sistema que crearon, pues con anterioridad al mismo el dinero se hacía llegar a la familia directamente en “negro», en metálico, por lo que la ejecución de dichos actos fue intencionadamente realizada para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos”.
La resolución del juez advierte de las pautas comunes de actuación en la estrategia defensiva de los investigados en el sentido de negar todos ellos conocer detalles incluso sobre la propia coartada que aportan sobre el origen de los capitales que se repartieron entre todos, “de modo que la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy”.
