El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, imputará esta próxima semana, previsiblemente el mismo lunes, a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza de la trama Púnica en el que se investiga la financiación irregular del PP regional. El magistrado aceptará de este modo la solicitud realizada hace unas semanas por la Fiscalía Anticorrupción y también citará como investigados a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
El magistrado prepara, a partir de la segunda semana de septiembre, una intensa ronda de declaraciones para desentrañar las responsabilidades de la caja B de la formación autonómica y otras piezas de la trama, como Cofely o la que investiga la construcción de centros escolares. Una cuarentena de personas circulará por la Audiencia Nacional. Responsables políticos, funcionarios y también responsables de empresas. A la cabeza, Indra en la etapa de su expresidente Javier Monzón. Tanto este como la propia compañía se incluirán en el largo listado de imputados, en el que figuran otros nombres como en el del exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, el exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM), Silvano Corujo y el consejero delegado,José Martínez Nicolás. Solo en la semana del 9 de septiembre serán citadas 18 personas.
En definitiva, circularán ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional los protagonistas de más de una década de corrupción en las arcas del partido del PP y lo harán justo cuando el nuevo ejecutivo, a las órdenes de Isabel Díaz Ayuso, comienza su andadura. La declaración de Francisco Granados no está prevista aunque el ex vicepresidente madrileño tiene la intención de acudir de forma voluntaria tras escuchar a los nuevos imputados.
A examen los indicios recabados en los últimos informes de la Guardia Civil en los que se implica a Esperanza Aguirre en la trama liderada por el exconsejero y antiguo número dos del PP regional, Francisco Granados. La Unidad Central Operativa sostiene que el PP de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra, dinero que llegó a la formación a través de una red societaria controlada por testaferros y empresarios amigos. El flujo de estos fondos irregulares se habría mantenido activo al menos entre 2008 y 2013, permitiendo a los populares madrileños inyectar en su caja B un total de 1.054.247 euros.
La citación de las dos máximas responsables ‘populares’ autonómicas se acompañará de la del también expresidente, Ignacio González, ya imputado en esta pieza 9 de la trama pero al que el juez quiere volver a escuchar. Aguirre y Cifuentes serán citadas en último lugar, una vez declaren al resto de cargos intermedios y responsables de las compañías que se emplearon, presuntamente, para dopar a la formación en tres citas electorales: las autonómicas y las municipales de 2007 y 2011 y las generales del 2008. Se interrogará a los tres por su conocimiento del flujo de estos fondos en negro. Dinero que viajó desde Arpegio o Fundescam o empresas como Licuas y Swat en la zona privada.
Grado de responsabilidad
En el caso de Aguirre, la tesis de la Fiscalía apunta al liderazgo de la expresidenta en el seno de la información. En opinión de las fiscales no es posible sostener que el entramado funcionó durante años sin su conocimiento y, menos aún, a la vista de los cargos que desempeñaba. Además de encabezar el partido en Madrid, se encontraba directamente vinculada con Fundescam, una de las puertas de la financiación irregular, y figura en algunas de las cuentas que sirvieron para recibir estos fondos opacos.
Las responsabilidades de Cifuentes también la vinculan con un presunto conocimiento de lo que sucedía en el sótano del partido. Fue, entre los años 2004 y 2008, secretaria de Política Territorial del partido y para las elecciones de 2007 fue, además, responsable de movilización de la campaña del PP. Ignacio González ejerció como director de campaña de Madrid y parte de los fondos partieron de la red cuyo liderazgo se le atribuye en la otra gran causa de corrupción sobre Madrid, la Lezo.
La causa acumula más de 200 investigados y 16 piezas separadas, número que Anticorrupción pretende reducir ahora a 11. El tronco de las pesquisas se centró inicialmente en el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, pero a cada paso que se daba en la investigación, nuevas ramas afloraban en el caso Púnica: la de la financiación ilegal del PP; la pieza sobre la trama en León, en la que está procesado el expresidente de la Diputación Marcos Martínez; la que pone el foco en Murcia, que hizo caer al expresidente de la comunidad Pedro Antonio Sánchez; la que se refiere a la empresa de eficiencia energética Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez…
