El demoledor informe del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llegó al Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma de Mallorca el 25 de septiembre de 2017, y su contenido debería haber provocado un terremoto político y judicial, puesto que era la incontestable culminación de años de investigación policial. Y su arranque no deja lugar a dudas:
«A través de la presente investigación, en el marco de las Diligencias Previas 1176/14, del Juzgado de Instrucción número 12 de los de Palma, se da cuenta de la existencia en la administración autonómica Balear y, al menos, en la administración municipal Palmesana, de una estructura paralela a la política y funcionarial que, a modo de rémora o parásito, está causando desde hace muchos años un perjuicio a la ciudadanía y un brutal menoscabo de la seguridad jurídica y el bienestar que las administraciones están obligados a proporcionar a los ciudadanos administrados«.
Así comienzan los 725 folios –apoyados en documentos, imágenes y testimonios recogidos en dos anexos que suman 2.485 folios más– sobre la Gürtel mallorquina del PP, que queda bien retratada en el segundo párrafo de ese Oficio, perteneciente a las Diligencias Previas 1.176/14, que no ha sido difundido por el juez pero cuyo contenido íntegro está en posesión de este diario (las negritas son nuestras):
«A lo largo del presente informe se podrán observar pruebas e indicios de la creación de legislación específica que beneficia a personajes concretos, con desprecio absoluto al interés general; la manipulación de oposiciones que coloca a funcionarios amigos o maleables en puestos de la administración real pero que, con sus actuaciones y omisiones, benefician a la administración parasitaria; manipulación, a través de decisiones tomadas en órganos no aptos para ello, de todo tipo de actuaciones administrativas, con la complicidad de los órganos sindicales y funcionariales que deberían estar encargados de su vigilancia; la defenestración de aquellos funcionarios que no se avienen a los deseos de la administración parasitaria y el meteórico ascenso de los dóciles a ella; el acompañamiento y participación de algunos empresarios en esta tarea invasiva y depredadora de los caudales públicos«.
Cómo destruir a un juez para ocultar el informe policial
Semejante informe de la UDEF es más que suficiente para abrir una nueva pieza judicial en el caso Cursach, la causa contra el rey de la noche de Palma –el empresario de clubes nocturnos y locales de alterne Bartolomé Tolo Cursach– por montar una estructura mafiosa sobornando a la Policía local de la capital balear, que investigaba el juez Manuel Penalva del Instrucción 12 al que iba dirigido este oficio. Además, pocos meses antes (en marzo de 2017) Penalva había enviado a la cárcel a Cursach y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, quien fuera director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear.
Sin embargo, la reacción de dicha organización criminal fue fulgurante. Uno de los abogados de Cursach, Vicente Coco Campaner, fue a ver a una de las testigos de cargo de la trama: la célebre «madame» de un puticlub de alto copete que había identificado como clientes no sólo a mandos policiales sino también a altos dirigentes del PP, como el barón Jose María Rodríguez Barberá o el exteniente alcalde y exdiputado Álvaro Gijón.
Tras su reunión con Campaner, la madame dio de pronto marcha atrás, acusando al juez y al fiscal de presionarla, y llegó incluso a grabarles en secreto. Al final, presentó whatsapps que le había enviado Penalva y eso permitió a Cursach recursarlo como juez de instrucción. Por cierto, Coco Campaner acaba de ser condenado por la jueza del Juzgado Nº1 de Lo Penal de Palma por desobedecer una orden de alejamiento del testigo protegido 29 del caso Cursach, quien fuera jefe de barra del Tito’s y ha denunciado presiones para que cambie su testimonio. Incluso ha sido agredido varias veces por sicarios rumanos para que callara.
En cualquier caso, Penalva fue apartado de la causa y sustituido por el magistrado Miquel Florit, quien hace poco causó un escándalo al actuar contra los derechos fundamentales de los periodistas que investigan el caso, ordenando la incautación de sus móviles de trabajo. Y es precisamente Florit quien no ha movido un dedo con respecto al macro-informe policial que desvela todos los detalles sobre dos décadas de corrupción mafiosa del PP en Baleares.
Entre los políticos del PP que el informe de la UDEF considera necesario imputar está la exalcaldesa Catalina Cirer y los exregidores Navarro y San Gil
Por ejemplo, entre los políticos relevantes del PP a los que el Grupo de Blanqueo de la UDEF acusa de nuevos delitos –además del presidente del partido en Palma, Rodríguez Barberá, verdadero capo dei capi de la trama– figuran notorios dirigentes populares, como la alcaldesa de Palma del 2003 al 2007, Catalina Cirer Adrover –actualmente consejera del Consell de Mallorca por el PP–, el exteniente de alcalde de Turismo de la ciudad, Álvaro Gijón (hoy concejal en el Grupo Mixto), o los regidores Guillermo Navarro e Irene San Gil, que no han sido investigados por esa nueva trama tras la llegada del juez Florit a la causa.
De hecho, desde que el Grupo de Blanqueo emitió su mega-informe sobre la organización criminal mafiosa del PP Balear, los imputados han logrado paralizar las investigaciones e impedir todo avance en las pesquisas sobre esa gran trama de corrupción político-policial estructural, creando indefensión de los testigos del caso Cursach y provocando el bloqueo judicial de la causa, según han revelado a Público fuentes de la investigación que piden no ser identificadas.
En su presentación de los resultados de su investigación, el Grupo de Blanqueo de la UDEF aseveró:
«El presente informe obedece a la absoluta convicción de los investigadores de que los hechos que nos vienen ocupando en los últimos años, causantes de las diferentes piezas separadas que se han ido creando, no podían ser fruto de una casualidad o de una actuación puntual, sino que se correspondería plenamente con la estructura de una organización criminal plenamente establecida y asentada en el tiempo«.
La mafia del PP contaba con «unidades de espionaje (SIAP) y represión (DASI)», así como «unidades de élite» como «brazo armado» policial de la organización criminal
Una estructura para delinquir que, como se puede ver en el fragmento reproducido más arriba contaba hasta con «unidades de espionaje (SIAP) y represión (DASI)», así como lo que los investigadores denominan «unidades de élite como “brazo armado” policial de la organización criminal: Patrulla Verde, GAP, UII». Y cuyo origen sitúan en 1995, con la llegada de Rodríguez Barberá al Ayuntamiento de Palma como regidor de Economía y Recursos Humanos del alcalde Joan Fageda Aubert, en cuya primera etapa (1991-1995) se produjo la financiación ilegal con dinero negro de la sede del PP, tal como sentenciaron después los tribunales.
La gran trama mafiosa del PP parte, según el Grupo de Blanqueo de la UDEF, del momento en que toma las riendas el que sería el auténtico hombre fuerte del Partido Popular en Ses Illes: teniente de alcalde de Palma en dos legislaturas; conseller de Interior en el Govern de Jaume Matas de 2003 a 2007, periodo en el que también ocupó la secretaría general del PP de Baleares; diputado en el Parlament y senador autonómico; delegado del Gobierno en Baleares, y eterno presidente del PP de Palma:
«José Mª RODRÍGUEZ se percata de que, para llevar a cabo sus planes delictivos, la forma de acceso debía ser mediante el asalto al poder que le permitiera disponer de recursos suficientes. La única forma era acceder a un partido político (AP/PP), donde se puede manejar con cierta habilidad en el desarrollo de sus pIanes, conforme a su trayectoria profesional«.
«El funcionamiento de la maquinaria criminal es compleja en su sencillez, con una cultura de fidelización del ‘soldado’ dentro de la estructura» mafiosa
«La metodología de funcionamiento de la maquinaria criminal es compleja en su sencillez. Lo primero que llama la atención es que se crea una cultura de fidelización entre la organización y el “soldado”, incluyendo a éste en la propia cultura de la organización y condicionando la misma desde posiciones muy bajas dentro de la estructura«.
«Efectivamente, el “soldado” se erige en el centro de todas las miradas de la cúpula y si se quiere promocionar en la misma, será necesario estructurar la organización con cargo a las necesidades del soldado, al que hay que consultar frecuentemente, informaciones, tácticas y proyectos que, por las posiciones que ocupa, va conociendo; definiendo al tiempo un «plan de carrera” que permite al “soldado” desarrollarse tanto en la organización funcionarial como en la organización criminal y parasitaria, siempre y cuando le convenga a esta última«.
Porque en el exhaustivo informe queda claro que la estructura del Partido Popular en Baleares, bajo Rodríguez Barberá, es absolutamente mafiosa y los «soldados» actúan como auténticos sicarios sin escrúpulos, como se puede leer en la página 695 del oficio dirigido al juez por el Grupo de Blanqueo:
«El perfil de los encartados es el que se detalla a lo largo del informe, personas sin escrúpulos, capaces de vulnerar el ordenamiento jurídico de forma constante y permanente en el tiempo, a pesar de las resoluciones judiciales emitidas por el orden de lo contencioso administrativo, con la única finalidad de colocar en los puestos clave a las personas que más interesa a la organización criminal«.
Conclusiones: Palma era como el Chicago de los Años 30
Y las conclusiones (a partir del folio 707) no pueden más que ratificar una realidad de casi un cuarto de siglo en el que Baleares, y sobre todo Palma de Mallorca, pareció estar viviendo el Chicago de los años 30, sólo que el jefe no era Al Capone sino el máximo dirigente del PP en las islas:
«Pues bien, lo expuesto de forma extensa y detallada en el presente informe, permite, en primer lugar, concluir que está perfectamente demostrada la existencia de una organización criminal que, de forma premeditada y totalmente dolosa, diseño y ejecutó, a lo largo del tiempo, un plan con la finalidad de controlar ilícitamente la administración para poder servirse de ella y para poder utilizar sus poderes exorbitantes como instrumento esencial de sus actuaciones ilícitas, totalmente contrarias al Principio de Legalidad y a la actuación objetiva en pro del interés Público«.
«Como se ha expuesto, se pretendía y se consiguió controlar totalmente determinados puestos de la administración, claves para sus intereses, para que actuasen en una pluralidad de hechos criminales, con el nexo común de que esa administración y esos funcionarios, los cuales debían obediencia y se encontraban controlados por la organización criminal«.
Y no hay duda de que el PP dominó las Baleares durante más de 20 años a través de una organización criminal, puesto que el informe detalla minuciosamente todas las características que jurídicamente la definen como tal:
«Las características principales que se han detectado y que se expondrán a lo largo del presente informe, coinciden plenamente con lo establecido en cuanto a las investigaciones policiales, por la circular de la Fiscalía General del Estado 2/2011, en relación con las organizaciones y grupos criminales, siendo necesarias al menos 6 de las 10 que establece la mentada circular, si bien en este caso se cumplen todas y cada una de ellas:
Las diez características de la organización criminal del PP
1°. Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso.
2º. Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de rígidas normas de disciplina interna y de una jerarquía, a veces extravagante. Suele tener lugar una situación de aislamiento como forma de protección de los cabecillas del grupo mediante la interposición de testaferros, la autoinculpación de los subordinados en sede judicial o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas.
3º. Actuación prolongada en el tiempo o indefinida.
[…]
En la investigación que nos ocupa, se ha podido determinar que las acciones de la organización se vienen produciendo desde hace, al menos, veinte años, siempre en la misma dirección de aseguramiento del control sobre la administración.
4º. Comisión de actos delictivos graves. Se despliegan habitualmente técnicas o métodos complejos de ejecución para garantizar el éxito de las actividades delictivas. Cabría citar el uso de alta tecnología para las comunicaciones, las destrezas financieras en el manejo de fondos o distintas formas de relación con la función pública.
5º. Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.
6º. Uso sistemático de la violencia o de la intimidación grave.
7º. Utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales. Es habitual el uso de cualificados profesionales o expertos para garantizar el éxito de sus actividades delictivas.
8º. Actividades de blanqueo de capitales.
9º. Influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñen su función en la esfera política, medios de comunicación social, funcionarios de la Administración Pública, y/o de la Administración de Justicia o sobre la actividad económica mediante la corrupción.
10º. Finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos o de cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica.
Vaya, que la gran mafia del PP en Baleares lo tenía todo. ¿Qué hacer, pues, en un caso así? Para los que tienen el verdadero poder estaba bien claro: desmantelar el Grupo de Blanqueo que elaboró el informe y tapar sus conclusiones para que no salieran a la luz.
Y eso es exactamente lo que ha ocurrido: los principales investigadores del caso Cursach han sido apartados de sus unidades policiales; algunos a petición propia y otros invitados a marcharse antes de ser enviados a otros destinos. Toda la unidad fue desmantelada durante el año pasado y el último en resistirse a abandonar, el inspector jefe del Grupo de Blanqueo, finalmente tiró la toalla a finales de octubre y solicitó también el cambio de destino.
¿Van a conseguir tapar así una de las tramas políticas mafiosas más importantes de toda la democracia?
CONTINUARÁ…
