El juez Manuel García Castellón ha llamado a declarar el 7 de julio a David Marjaliza, socio del exconsejero Francisco Granados en la trama Púnica, tras haber aportado recientemente documentación contable que demostraría el pago de comisiones a políticos del PP, PSOE o IU a cambio de adjudicaciones en municipios madrileños. El magistrado le cita en una providencia en la que emplaza para el día anterior, 6 de julio, a la también investigada Carmen Plata Esteban, exgerente de la Fundación Arpegio, relacionada con contratos irregulares en el caso Púnica, cuya instrucción debía haber finalizado el 6 de junio y se ha prolongado hasta el 27 de agosto al restarle el parón por el covid-19.

El día 9 de julio, García Castellón ha vuelto a llamar como testigos a la exadministradora de empresas de Gürtel, Isabel Jordán, y a los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega, que cumple condena por el caso Gürtel, y el de Boadilla, Arturo Rodríguez Panero, pendiente de ser juzgado por la trama de Francisco Correa. Los tres habían sido citados para este mes de junio, pero finalmente el juez ha optado por posponer a ese día sus declaraciones. Para los días 8 y 10 de julio, el juez ha citado como investigados a siete personas relacionadas con esas contrataciones irregulares, entre ellos Raúl Huerta, extercer teniente de alcalde por el PP del municipio madrileño de Torrejón de Velasco.

La Fiscalía pidió al juez las declaraciones de los vinculados a Gürtel para poder apuntalar los indicios por los que fue imputada en Púnica la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre como responsable de la presunta financiación irregular del PP madrileño, en la que supuestamente habría tenido «un papel decisivo y esencial». Creen las fiscales del caso que Jordán podría tener información que implicase Aguirre por su vinculación a la empresa de Gürtel Marketing Quality Management (MQM) entre 2006 y 2010 y por su posible conocimiento acerca de contratos de esta sociedad con el ente público Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo). En su escrito, las fiscales del caso recordaban que en la causa se investiga la adjudicación en 2006 de un contrato público de Imade con dicha mercantil y que, sospechan, se trató de un contrato ficticio o «sobrevalorado», como forma «de desviar dinero público desde las arcas de IMADE».

A González Panero, conocido como El Albondiguilla, pidieron citarle después de que el juez rechazara una denuncia que el exalcalde interpuso relatando actuaciones del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, también investigado en esta causa, en el marco del plan Prisma sobre «la venta de parcelas municipales o el posible amaño de la adjudicación del contrato público para la construcción del metro ligero a Boadilla«. La denuncia de El Albondiguilla, según la Fiscalía, aludía a una reunión de Granados con 20 alcaldes para que recaudasen fondos para el partido y la posible participación de Gutiérrez, y que las fiscales creen verosímil, por lo que no entendían que el juez la archivase.

En esa época, según el escrito de Fiscalía, Granados era secretario general del PP de Madrid y la investigación «ha revelado el pago de gastos electorales de la campaña 2007 al margen de la cuenta electoral». Además, añadían, del «posible desvío de fondos de las arcas de distintas Consejerías a través de la adjudicación de contratos amañados a empresarios concertados», lo que a juicio de las fiscales «dota de credibilidad» a las declaraciones de Panero. Ortega por su parte ha sido llamado para corroborar esas afirmaciones sobre la recaudación de fondos por parte de alcaldes del partido para supuestamente financiar campañas electorales.

 

EFE