El Gobierno ultima un nuevo estado de alarma para imponer el toque de queda en toda España

Sin acuerdo con las comunidades

El estado de alarma que estudia el Gobierno volverá a prohibir la movilidad entre comunidades e impondrá un toque de queda nocturno para cerrar la hostelería a partir de las once/doce de la noche y confinar a la población en sus domicilios a partir de esa hora y hasta las cinco o seis de la mañana. La idea es mantener la actividad durante el día con la mayor normalidad posible: colegios, actividad laboral, comercios; pero siempre con aforos reducidos y otras medidas de control.

El Consejo Interterritorial de Salud no ha alcanzado este jueves un acuerdo sobre el toque de queda, pero algunas autonomías han pedido amparo jurídico para aplicarlo. Castilla y León, gobernada por el PP y Ciudadanos, lo ha solicitado por escrito. Ante la falta de acuerdo nacional, el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha encargado informes jurídicos para ver si puede implantar esta medida sobre la base de sus competencias autonómicas hasta el próximo día 9 de noviembre.

Las fuentes del Gobierno consultadas por este diario aseguran que las medidas que han aplicado las comunidades desde el final de la desescalada estaban pensadas para un escenario de contagios más reducido. Sanidad ha informado este jueves de casi 21.000 nuevos casos de covid-19 y 155 muertos notificados en las últimas 24 horas. La cifra oficial de fallecidos en España a causa del nuevo virus SARS-Cov-2 supera ya las 34.500 personas. Ante este panorama, el Gobierno estima que el control de la pandemia ya no puede ser regional, sino nacional. Y que no se puede confinar una comunidad sí y otra no. Y aplicar el toque de queda en una sí y en otra no.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho tras el Consejo Interterritorial que la mejor herramienta para restringir el movimiento es el estado de alarma, que permitiría a las CCAA limitar la circulación. Pero varios Gobiernos autonómicos como el vasco, el madrileño o el canario, no son partidarios. Tampoco el de Galicia, que prefería un desarrollo legislativo y así lo hizo saber en el consejo.

La Comunidad de Madrid pidió en la reunión que aclarara si esa limitación nocturna que hay que aplicar «serían de actividad o también a la movilidad» por la cobertura legal. Illa aclaró que en el ‘semáforo’ está previsto que con un nivel extremo (más de 250 de IA) se prohíba la movilidad por lo que sería «necesario una decisión jurídica» como la que ya ha solicitado Puig para Valencia.

Volver al estado de alarma

Illa explicó esta semana que el recurso del toque de queda necesitaría un horizonte temporal superior a los dos semanas. Es decir, el Gobierno decretará la alarma durante 15 días, pero tendrá que regresar al Congreso para lograr una prórroga. Los socios de investidura de Sánchez, el PP y Vox abandonaron al Gobierno en las últimas prórrogas del estado de alarma de primavera, que salieron adelante gracias al apoyo de los partidos de la coalición PSOE y Unidas Podemos, el PNV y Ciudadanos.

«No hay justificación de un estado de alarma con medidas igual de duras para todo el territorio». Lo dijo Sánchez el 1 de septiembre. El presidente del Gobierno prometió que no echaría mano del estado de alarma al terminar la desescalada y anunció una serie de reformas legales para, por un lado, evitar el artículo 116 de la Constitución. Y, por otro, dejar la gestión de la pandemia en manos de las comunidades; la llamada cogobernanza.

El Gobierno nunca acometió las reformas prometidas y fio toda la legislación al decreto de nueva normalidad. Las autonomías se han topado con numerosas trabas jurídicas en estos meses. A la vuelta del verano, Sánchez ofreció las comunidades solicitar estados de alarma territoriales, una posibilidad que ya contemplaba la Constitución.