El Gobierno ha renunciado por segunda vez a aclarar en el Congreso si guarda en la recámara la baza del indulto para activarla en cuanto se dicte sentencia contra los acusados del 1-O si finalmente son condenados, ya sea por rebelión como pide la Fiscalía ya sea por sedición como plantea en nombre del Gobierno la Abogacía del Estado.
Si hace dos semanas fue el presidente quien evitó responder a la pregunta del millón: «¿Va a indultar a los políticos presos independentistas?». Hoy, ha sido la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la que ha echado mano de los artículos de la ley de Indulto de 1870, todavía en vigor, para zafarse de la cuestión y evitar comprometerse a no utilizar esta gracia en el caso de los acusados secesionistas.
El principal argumento de Delgado para sortear la cuestión ha sido el de que plantear la idea del indulto es simplemente un «futurible», una «hipótesis», un ejercicio de «videncia» puesto que, de momento, no hay sentencia ni condena y, en consecuencia, petición de perdón por parte de nadie. Por ello, ha asegurado no poder satisfacer el requerimiento que se le hace desde la oposición.
Delgado ha acusado a Cs y PP de «dar por sentadas cosas que aún no han sucedido» y en esa medida «saltarse la presunción de inocencia» sin importarles «los derechos de los acusados» e incluso caer en la tentación de pedir al Gobierno «que se niegue a los procesados algo que la ley les permite», que es reclamar el indulto.
Pese a estos argumentos, ni Ciudadanos, ni PP están dispuestos a dejar que el Gobierno siga esquivando la pregunta porque cuanto más lo hace más alimenta el convencimiento que anida en ambos grupos de que Sánchez ofrecerá esta gracia a los procesados independentistas cuando llegue el momento a cambio de seguir instalado con su apoyo en La Moncloa.
«Hoy Pedro Sánchez y su Gobierno», ha afirmado el vicepresidente del Congreso y diputado de Cs Ignacio Prendes, «parecen víctimas de un episodio de amnesia». Para la formación naranja es inconcebible que aquel Sánchez que formó parte del bloque constitucionalista que activó el artículo 155 tras «el golpe de Estado que se perpetró en Cataluña», sea el mismo que hoy «ha convertido a los golpistas como socios de su Gobierno». «Ustedes nos han engañado a todos», le ha espetado el diputado a la ministra tras recordarle que el Gobierno está renunciando a actualizar la figura del indulto para los delitos de rebelión y secesión como reclaman PP y Cs.
«Somos muchos, cada vez más», ha dicho Prendes, «los que creemos que el Gobierno está preparando ya el indulto para los políticos catalanes». Y ha repasado las declaraciones de miembros del Gobierno que apuntan precisamente a esta posibilidad mientras Pedro Sánchez calla.
«La sombra de la impunidad empieza a sobrevolar la política española», ha añadido antes de urgir a la ministra de Justicia a aclarar si el Gobierno es un ente «chantajeable» por parte del independentismo, algo de lo que la oposición parece no albergar dudas.
Tras las explicaciones de la ministra, el portavoz naranja ha dicho sentirse «aterrado» porque vislumbra con claridad que el Gobierno «está dispuesto a traicionar los valores constitucionales». «Esta legislatura», ha recalcado Prendes, «no puede continuar adelante con esa sombra de duda; el pueblo español no se lo merece». Y ha advertido: «Si no contesta hoy, insistiremos mañana, la semana siguiente y la siguiente. Y si no pueden responder, convoquen elecciones».
Delgado ha desdeñado las reclamaciones de la oposición porque en su opinión, con ellas, sólo buscan «sacar rédito político» en tanto que el empeño del Gobierno es «buscar soluciones» al conflicto catalán a través del diálogo. La ministra ha asegurado que las «opiniones» vertidas por miembros del PSOE e incluso del Gobierno en favor de los políticos catalanes presos «sólo pretendían rebajar el tono de la conversación que inflaman, precisamente, PP y Ciudadanos».
La ministra, que ha sido acusada por la portavoz del PP, de ser «un peligro para la Justicia» y la «siniestra mano del frívolo de Sánchez», ha insistido en que lo que pretende el Gobierno es resolver el problema catalán con diálogo.
Los populares, tal y como ha denunciado su portavoz Dolors Montserrat, acusan al PSOE y al Gobierno de haber puesto en marcha todo tipo de maniobras dilatorias para evitar que en la Comisión de Justicia se inicie el debate acerca de la modificación de la ley del Indulto a la que los populares presentan una enmienda en virtud de la cual se prohibiría esta gracia para los culpables, entre otros, de los delitos de rebelión y sedición.
