La Fiscalía ha solicitado el ingreso «inmediato» en prisión para el exdiputado de CiU Oriol Pujol. El hijo de Jordi Pujol fue condenado dos años y medio de cárcel por haber cobrado comisiones y usar su influencia para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para conseguir estaciones de ITV.
En su escrito, al que ha tenido acceso ‘Europa Press’, la Fiscalía especial contra la corrupción se opone a que se suspenda su ingreso en prisión acogiéndose al beneficio de la suspensión de la pena, que se permite cuando la persona no tiene antecedentes y las penas a las que es condenado, por separado, no son superiores a dos años.
La Fiscalía tiene en cuenta que Oriol Pujol fue condenado por delitos relacionados con la corrupción política y económica, y que luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas porque es «una lacra para la sociedad y un ataque a la estructura democrática de cualquier estado», por lo que ve más necesaria la ejecución de la condena.
Así, recuerda que ni las circunstancias personales ni la conducta de Oriol Pujol tras la comisión de los hechos «pueden contrarrestrar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue».
La confianza de la población
La fiscal Teresa Duerto recuerda que este tipo de beneficio tiene «naturaleza discrecional» pese a que concurran los requisitos previstos por la ley, y que en este tipo de casos, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción, se tiene en cuenta la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho, y evitar que se perciba el beneficio como una injustificada indulgencia.
Oriol Pujol solicitó no ingresar en prisión teniendo en cuenta que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho, y un año y cinco meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Sin embargo, la fiscal rechaza estos argumentos porque la esposa de Oriol Pujol tiene estudios superiores y una profesión que le permite encargarse de sus hijos y los gastos familiares, y además de tener una segunda residencia en la Cerdanya (Girona), pertenece a la familia Pujol-Ferrusola «siendo de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos».
Además, argumenta que en modo alguno se puede considerar que con el cumplimiento de las penas de inhabilitación «se repare en su totalidad el daño causado a la sociedad, como tampoco que ello suponga la eliminación del riesgo de reincidencia».
Hacienda concluye que Pujol cobró 6,7 millones a constructoras hasta 2008 con «facturas ficticias»
El presunto fraude de la familia Pujol en sus ingresos de empresas constructoras entre 2004 y 2008 fue siete veces mayor de lo conocido hasta ahora. Esta es la principal conclusión que se desprende del tercer informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un departamento adscrito a la Agencia Tributaria, envía al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruye el ‘caso Pujol‘.
El segundo informe de la ONIF alertaba hace siete meses al juez de que el fraude conocido era de 900.000 euros, una cantidad muy exigua si se tiene en cuenta la actual: 6,7 millones procedentes de nueve constructoras; algunas de ellas, como por ejemplo Copisa Construcción Pirenaica, también salpicadas en la investigación judicial de la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya(CDC).
Las empresas que habrían abonado las cantidades millonarias a los Pujol, además de la mencionada Copisa Construcción Pirenaica fueron: Novensauro Inmobles, Construcciones Materiales y Pavimentos Inmobiliaria, Simper Office, Hotel Glories, Famguesa, New Piave Seis, Brantridge Holdings y Emte.
No les conocían
Los Pujol percibieron las mordidas mediante las empresas Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa) y Project Marketing CAT SL, en las que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, y su excónyuge Mercé Gironés Riera tienen una participación del 100% en su capital social. Y en todos los casos, los dueños de las empresas que realizaron los pagos desconocían la participación de Pujol en las operaciones de las que cobraron comisiones.
«Las facturas expedidas por las mercantiles Imisa y Project Marketing CAT SL son siempre posteriores a los contratos, escrituras u otros documentos en los que se materializa el negocio dónde habría intermediado Jordi Pujol Ferrusola, y en los que no se ha hallado ni una sola mención a su participación», concluye la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
Las facturas son siempre posteriores a los contratos mercantiles, en los que no se ha hallado ni una sola mención a la participación de Pujol Ferrusola
Los funcionarios sostienen, además, que de la documentación aportada por las empresas no queda clara la realidad del trabajo efectivo que prestó Jordi Pujol Ferrusola o los inversores que buscó para los diferentes proyectos.
«Simples llamadas»
La aportación a las diversas operaciones económicas por parte de Jordi Pujol Ferrusola, según la ONIF, se circunscribe a dar información sobre posibles negocios: «Limitándose aquel a ejecutar una gestión personalista, limitada a simples llamadas telefónicas en las que informaba sobre posibilidades concretas, no necesitando por ello trabajador alguno ni sede social».
Como ejemplo, las sociedades del Grupo Copisa pagaban únicamente por la información proporcionada y nunca se documentaba con carácter previo, la cantidad o forma de pago. El pago de los supuestos trabajos de intermediación de Pujol Ferrusola se llevaba a cabo una vez conseguido el negocio en cuestión, momento en el que se abría un proceso de discusiónsobre el importe a recibir.
Ninguna de las empresas mencionadas han logrado aportar documentos en los que se dejara constancia de trabajo alguno real: «Como pudieran ser correos electrónicos, justificaciones de la experiencia profesional de Jordi Pujol Ferrusola en cada una de las materias, gastos, informes de avance, etc», resalta la ONIF.
«Con quién intermedió»
Algunos empresarios han llegado a declarar que desconocían con qué cargo de su empresa intermedió Pujol Ferrusola para conseguir un negocio y las correspondientes comisiones.
Por su parte, los agentes de la UDEF que investigan el ‘caso Pujol’ consideran que el primogénito de los Pujol utilizó la formación política que presidía su padre, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para justificar el cobro de comisiones a empresarios, según consta en un informe de enero de 2018, en el que los policías analizan los vínculos entre los casos Pujol, 3% y Palau de la Música.
FUENTE: VOZPOPULI
