La investidura de un presidente del PP en la Junta de Andalucía decreta el fin de una era dentro del PSOE. Durante los 40 años de democracia, la federación andaluza ha sido la columna vertebral de un PSOE que siempre miraba al sur a la hora de organizarse. Sin su poderosa maquinaria electoral habrían sido imposibles las grandes victorias de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Y sin su respiración asistida el PSOE tampoco se habría oxigenado en los malos momentos, durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.
El poder electoral e institucional del PSOE-A le conferían una auctoritas que le situaba como referente dentro del partido. De hecho, desde Ramón Rubial hasta Cristina Narbona (2017), todos los presidentes del PSOE han sido andaluces: Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Micaela Navarro. También fueron los barones andaluces los que se hicieron cargo del partido en sus momentos de crisis interna: Chaves y Luis Pizarro cruzaron Despeñaperros en el año 2000 para dirigir la Gestora del partido tras la dimisión de Joaquín Almunia. Susana Díaz y su lugarteniente Mario Jiménez los emularon para tutelar la dirección provisional del PSOE surgida del derribo de Pedro Sánchez en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016.
La diferencia entre ambos casos, y quizás la causa de este cambio de era, es que Susana Díaz no contribuyó nunca a la estabilidad del partido, como habían hecho sus antecesores, sino que aprovechó el poderío de su federación para torpedear la gestión de Alfredo Pérez Rubalcaba primero y de Pedro Sánchez después.
Lejos de seguir el ejemplo de sus mayores, Díaz nunca aceptó a los secretarios generales que ella no había apoyado en los procesos de elección. Chaves se integró en la Ejecutiva de Zapatero y luego en su Gobierno aunque el PSOE-A apostó decididamente por José Bono en el congreso federal del año 2000. Una vez terminada la disputa interna, los socialistas andaluces asumieron la derrota y contribuyeron decididamente a levantar el partido.
Por el contrario, Díaz nunca asumió la victoria de Rubalcaba en 2012 frente a la candidatura de Carmen Chacón, que llevaba a la joven secretaria de Organización del PSOE-A como número 2. Desde ese puesto primero y como heredera de Griñán después, Díaz le hizo la vida imposible a la Ejecutiva de Rubalcaba hasta que dimitió tras las elecciones europeas de mayo de 2014. Tras la marcha del veterano dirigente socialista, fue la propia Díaz la que situó a Pedro Sánchez al frente del partido en julio de ese año. Cuatro meses después ya estaba anunciando a los periodistas andaluces que acabaría con él de forma inmediata a través de la dimisión de la mitad de su Ejecutiva, un plan que -tras la numantina defensa de Ferraz- no pudo ejecutar hasta septiembre de 2016.
Con la renovación generacional del PSOE andaluz encarnada en Susana Díaz, Mario Jiménez, Verónica Pérez, Miguel Ángel Heredia y Francisco Conejo, entre otros, la federación abandonó su papel como garante de la estabilidad que le dotaba de ese poder interno para reclamarlo, cogerlo con sus propias manos y ejercerlo sin contemplaciones. Desde entonces, no sólo los votos, sino también el prestigio del PSOE-A no ha dejado de caer.
Con la salida de Susana Díaz del Gobierno andaluz todo ese poder está a punto de desmoronarse. Tras ella enfilarán la puerta de salida miles de dirigentes socialistas que se enfrentarán súbitamente al paro. Muchas subvenciones y contratos dejarán de fluir con la naturalidad que lo hacían hasta ahora y todo el sistema clientelar cuidadosamente regado durante 36 años empezará a agrietarse. Como partido, el PSOE-A dejará de cobrar la parte del sueldo público que recibe de todos sus cargos públicos en la Administración y también puede empezar a perder militantes que ya no pueden aspirar a esos puestos.
El PSOE andaluz tal y como lo conocemos empezará a transformarse en otra cosa y es muy improbable que vuelva a ser lo que era. Aunque dentro de cuatro años recupere el poder en Andalucía, el sistema de partidos actual ofrece un largo panorama de ausencias de mayorías absolutas y de gobiernos compartidos.
