JUAN MARIANO PÉREZ ABAD
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue votada el día 7 de octubre de 2.004, durante la 8ª Legislatura de la Democracia, presidida por el Gobierno socialista de Zapatero, y fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
Se basaba en el polémico principio jurídico de Discriminación Positiva que, por matemática simetría, discrimina necesariamente de forma negativa a todos los que no se ven promocionados por él. Así, la mitad masculina de la población quedó privada de muchos de sus derechos fundamentales, como el de la Presunción de Inocencia, y excluida de medidas de promoción y apoyo que se reservaban exclusivamente a la mujer.
La “Discriminación Positiva” fue creada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los años 60 del pasado Siglo, como instrumento para promover la integración de las minorías étnicas negra y latina, que no conseguían abrirse paso en la vida pública de aquel país. Su instauración generó una gran polémica debido al conflicto frontal que plantea con un principio de rango superior como es el de “Igualdad Ante la Ley en Razón al Sexo, Raza y Religión”. Enseguida planteó serias dudas sobre su utilidad en favor del objetivo perseguido, pero rápidamente fue adoptado por otros colectivos, como minusválidos o feministas, que terminaron por imponerlo. Sin embargo, en abril de 2014 sufrió un serio revés, porque el mismo Tribunal que lo creó, lo anuló para validar una iniciativa aprobada en Michigan en 2006, según la cual, las universidades que reciban fondos públicos no pueden utilizar criterios de discriminación positiva para favorecer a determinadas minorías.
https://www.europapress.es/epsocial/noticia-tribunal-supremo-estados-unidos-veta-discriminacion-positiva-universidades-publicas-michigan-20140422182244.html
Además, se trataba de una ley que señala genéricamente a todo el género masculino como perverso, abusivo, agresor y obsesionado con hacer daño a las mujeres. Pero aún resultaba más grave que diera por sobreentendido que la mujer es física y mentalmente más débil que el hombre, tanto que era incapaz de defenderse por sí misma simplemente potenciando los cauces legales legítimos que ya existían. Por ese motivo se justificaba la necesidad de romper principios fundamentales y anular derechos constitucionales delos varones para poder protegerlas, tal y como se hace en estados de guerra, dictaduras y regímenes totalitarios. Por su propia naturaleza, era una Ley SEXISTA y, por tanto, extremista y retrógrada.
Era una Ley a todas luces INNECESARIA, pues, al contrario de lo que reza en su Exposición de Motivos, España tenía por entonces (y sigue teniendo) una incidencia especialmente baja de violencia contra la mujer, una de las más bajas del mundo, muy por debajo de países como Bélgica, Italia o Inglaterra. Su objetivo de mejorar lo que era ya tan bueno resultaba pretencioso en exceso y la condenaba a un anunciado fracaso.
Pero en lo concerniente a la aprobación de aquella Ley, al margen de los abrumadores argumentos que desacreditaban su Propuesta, lo que llama más poderosamente la atención que es que, en aquel momento, tanto el Presidente, como el Ministro de Justicia que la impulsó, como 224 de los 350 diputados electos (el 64 %) ERAN VARONES. Era evidente que estaban tirando piedras contra su propio tejado de una forma aparentemente absurda, apoyando una ley que los calificaba a ellos mismos como seres pervertidos y agresores por el simple hecho de ser hombres.
Los resultados que ha obtenido durante sus 14 años de vigencia han sido catastróficos pues, ni el gigantesco esfuerzo económico realizado para su desarrollo ni el hecho de que, inexplicablemente, en un país modélico la violencia de género se haya convertido en la segunda causa de encarcelamiento, no han conseguido reducir lo más mínimo la incidencia de “feminicidios”. Lejos de conseguir mayor justicia social, su principal repercusión en nuestra realidad cotidiana ha sido la de convertirse en una herramienta fácil para torcer la justicia en contra del hombre en los procesos de divorcio.
Pero el mayor de los desastres le llegó con el humillante episodio de aquel mismo Ministro que la impulsó, López Aguilar, que terminó siendo víctima de su propia trampa cuando fue acusado absurdamente por su exmujer de maltrato. Y para dejar bien patente el irregular funcionamiento de nuestro sistema judicial y para mayor escarnio de esa enorme población masculina encarcelada injustamente por su causa, el ilustre exministro fue vergonzosamente “indultado” de su protocolaria detención y consiguiente juicio, tal y como le hubiera sucedido a cualquier otro ciudadano “igual ante la ley”.
Pero, a pesar de todos sus inconvenientes, lejos de desaparecer, esta Ley se ha convertido en la piedra angular de la vida política española. De hecho, en las últimas Elecciones Generales (aquellas que tuvieron que ser repetidas) solo se pudo llegar a un consenso para formar Gobierno a través del compromiso para elaborar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género ¿Qué se esconde detrás de este sin sentido?
Dice un refrán polaco que siempre que se desconocen los motivos de algo, seguro que se trata de dinero. Para su puesta en marcha y desarrollo ha sido necesaria una fabulosísima inversión de dinero público. Se han realizado actuaciones e inversiones tan variadas y extensas como la creación de juzgados específicos, fiscalías, gabinetes técnicos y asesorías, cátedras universitarias, teléfonos de asistencia permanente, campañas publicitarias masivas, subvención y control de los medios de comunicación, subvenciones no menos masivas al asociacionismo feminista… Y todas ellas sin control de cuentas y con adjudicación arbitraria de subvenciones, puestos laborales y cargos públicos… ¡El paraíso de la corrupción!
Ahora, los grandes medios de comunicación, todos ellos patrocinados por el Estado, nos están advirtiendo de la peligrosa proliferación de la extrema derecha a nivel global y a diario nos ponen en guardia contra sus argumentos populistas. Nos avisan de que ya se han apoderado de algunos de los países más grandes del Mundo como los Estados Unidos o Brasil, y nos impulsan a rechazar su avance.
Al parecer, uno de los más graves peligros de estos movimientos ultraconservadores consiste en que proponen derogar toda la legislación “con perspectiva de género”, empezando por las de Violencia contra la Mujer¡Qué horror! Con argumentos como ese, es muy probable que si dejaran de vitorear a Franco y cantar el “Cara al Sol” en cada mitin, ocurriese la “desgracia” de que se hicieran con la mayoría absoluta de nuestro País en un par de legislaturas.
