CARLOS MÁRMOL

Las políticas de género en Andalucía, vinculadas pero no necesariamente coincidentes con la normativa de protección de la mujer ante la violencia de los hombres, han sido desde hace lustros el evangelio de la administración socialista. Una doctrina transversal. Una cuestión intocable. Una bandera. Desde 2010 existe en Andalucía un plan estratégico para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Los presupuestos regionales son evaluados desde la perspectiva de género. Hay una comisión autonómica de igualdad, unidades de género y un consejo regional de participación para las mujeres. Las asociaciones feministas cuentan con el máximo apoyo institucional y recursos financieros públicos. El Parlamento tiene un grupo de evaluación de políticas de igualdad. Y tres de cada cuatro euros del último presupuesto autonómico –18.896 millones de euros, el 74% de las cuentas– se dedicaron a esta cuestión.

En los casi cuarenta años de autogobierno los socialistas han dejado de ejercer sus competencias en materia económica, laboral o social, pero a cambio han incorporado a su núcleo de poder a los movimientos feministas, que gozan de una extraordinaria influencia en el Sur. El feminismo es el catecismo político de la Junta. Y la razón del frondoso tejido legislativo e institucional que, al cobijo de una determinada idea de igualdad, ha convertido en normas las propuestas y análisis feministas. Buena parte de estos programas han sido asumidos por muchas otras fuerzas parlamentarias debido a su vinculación con los casos de violencia contra la mujer, un asunto que sin embargo ya no es una reivindicación exclusiva del feminismo, sino –por fortuna– se trata de una preocupación general.

El cuestionamiento de estas políticas por parte de Vox –que exige su derogación para apoyar a PP-Cs– las devuelve otra vez al primer plano. Para algunos, los programas de género en Andalucía son pioneros. Para otros son doctrinales. Unos los consideran progresistas. Otros hablan de “dictadura de género”. Lo que sigue es una hoja de ruta para entender las razones por las que esta cuestión se ha convertido en la controversia del cambio político en Andalucía.

Dos leyes

El Parlamento de Andalucía aprobó en 2018 dos normas distintas sobre género que modificaron el marco legislativo previo sobre esta materia, fijado en sendos textos aprobados hace más de una década. La primera ley de género (Ley 7/2018, de 30 de julio) versa sobre la violencia a las mujeres. La segunda (Ley 9/2018, de 8 de octubre) trata sobre la igualdad de género. A la primera aluden PP y Cs en su acuerdo de gobierno. Es la que Vox pretende eliminar. La segunda, no mencionada en el pacto del cambio en Andalucía, es la que plantea un debate más amplio, e incluso dudas, en determinados ámbitos jurídicos y políticos.

Igualdad versus feminismo

Que el enfoque de las leyes de género en el Sur es feminista no es un secreto. Se trata de un hecho. El preámbulo de la ley contra la violencia contra las mujeres hace un alegato en favor “del movimiento feminista, motor de un cambio social que desde hace ya varios siglos viene generando olas de avances democráticos con efectos muy positivos”. Para la Junta no hay más enfoque posible de las políticas en favor de la mujer que el que preconizan este movimiento social que, en el caso de Andalucía, está institucionalizado. Las políticas autonómicas obvian o apenas si contemplan otros tipos de desigualdades sociales que no sean por razón de sexo y afecte a las mujeres.

Ley contra la violencia

La ley 7/2018 amplió el concepto de “víctima de violencia de género” para incluir casos no contemplados en la legislación estatal. Se considera así a las mujeres, los menores, los mayores, los discapacitados, los dependientes, los tutelados y los custodiados por una persona que sufra esta lacra. El concepto de violencia de género se torna universal: la ley habla de violencia física, psicológica, económica y sexual, feminicidio, agresiones, abusos, acoso, trata de mujeres y niñas, explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonio precoz o forzado, violencias “por tradiciones culturales”, por “conflictos armados”, ciberviolencia y cualquier otra conducta que lesione la dignidad de la mujer. Crea además un Observatorio para establecer los métodos de análisis, validar las fuentes y establecer las conclusiones de los estudios oficiales sobre la materia, además de proponer planes de “reeducación” para “agresores potenciales” y programas obligatorios y permanentes de formación en género para los empleados y funcionarios públicos.

Ley de igualdad

Más controvertida es la segunda norma de género de Andalucía. Básicamente equipara las políticas de igualdad y las de género, como si fueran equivalentes. Uno de los aspectos cuestionados por sus detractores es la inclusión de los contenidos de género en el ámbito educativo como parte del currículum escolar. La Junta decide qué principios sobre coeducación –éste es el término oficial– deben ser impartidos en los colegios andaluces con el asesoramiento de “expertos” de libre designación. La integración curricular es obligatoria en “todas las áreas y materias de las diferentes etapas educativas”, donde debe promoverse “la eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles construidos según los patrones de conducta asignados en la cultura patriarcal”.

El feminismo se convierte en asignatura obligatoria, cuya valoración debe ser positiva. Por contra, estos contenidos de género “deben hacer un análisis crítico del modelo de masculinidad hegemónica y la existencia de androcentrismo”. Literalmente la ley dice que los docentes deben “seguir sus instrucciones” sobre esta materia, crea un órgano de vigilancia y obliga al profesorado a impartir estos programas “desde un enfoque feminista, que deberá desarrollarse con una metodología vivencial y no basándose en la mera impartición de contenidos teóricos”. El evangelio de género se extiende también a las universidades, que deben incluir “enseñanzas obligatorias en materia de igualdad en los planes de estudios” y valorar frente a otros méritos académicos los ciclos formativos en coeducación para acceder a la función docente. La ley obliga a que cada universidad tenga una unidad de género, así como “consolida los estudios de género en los ámbitos de la docencia y la investigación” y exige crear cátedras sobre estudios de género en facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias”. La Junta busca con esta medida facilitar el acceso al espacio académico “de las entidades y asociaciones de carácter privado” que trabajen por la igualdad.

La policía de género

Quizás la medida más arriesgada de la ley de igualdad es la que otorga al Instituto de la Mujer (IAM), cuyo presupuesto asciende a 42 millones de euros, la potestad de ejercer como policía de género con independencia de cualquier instancia judicial. Este organismo autonómico puede “practicar investigaciones, tanto de oficio como a instancia de parte, para el esclarecimiento de posibles situaciones de discriminación”. Su conclusiones darán lugar a sanciones contra personas, empresas e instituciones que podrán difundirse sin permiso judicial. El papel de policía de genero del IAM está fuera de duda: la ley dice que “todas las personas físicas y jurídicas sometidas a investigación tienen el deber de facilitarle los datos, documentos, informes o aclaraciones que les sean solicitados y facilitar el acceso a sus dependencias”. El IAM goza asimismo de la potestad para imponer multas cuando a su juicio “las infracciones (de género) pudieran ser constitutivas de delito”. En los supuestos penales debe remitir los expedientes al Fiscal. Pero si un juez no fija una condena, el IAM sí puede imponer multas propias basándose en hechos probados, aunque éstos no hayan sido sancionados por la justicia ordinaria. La normativa califica como infracción “la insuficiente o parcial colaboración con el IAM durante su acción investigadora” y establece multas que van de 6.000 a 120.000 euros. La política de género en Andalucía, mucho más amplia que la que específicamente protege a las mujeres contra la violencia, oscila entre el feminismo militante del PSOE y el negacionismo de Vox. Sin opción a los grises. Sin puntos intermedios.