ANGEL MONTIEL

«López Miras se ve fuerte tras la pandemia y la construcción de su relato sobre ella»

 

A López Miras el coronavirus le ha venido como anillo al dedo. Estaba sin ruta, tratando casi al año de su mandato de hacer olvidar todavía las medidas que prometió para los primeros cien días de su Gobierno, y acuciado por su incapacidad para afrontar los hechos sobrevenidos: los efectos de las Danas sobre la pespunteada estructura de la ordenación territorial de la Región y la prueba del nueve del desastre medioambiental del Mar Menor, exponente espectacular de una no política general en ese capítulo.

Esta actitud habría sido creíble si hubiera venido a rectificar y a reconducir, pero en realidad se decidió a persistir en el camino andado, incluso con menos prudencia y disimulo que sus antecesores, de modo que cuando le conviene atribuye a la ‘vieja guardia’ de su partido los efectos de las políticas que ahora desembocan en graves consecuencias para un largo futuro, pero esto sin desistir en la continuidad de las fórmulas y modelos que conducirán inevitablemente a nuevos colapsos que deberán atender quienes lo sustituyan, mientras él, como ha aprendido de sus ‘mayores’, se buscará los refugios bien pagados desde los que ver el mundo correr, si es que algo queda.

Si cuando perdió las elecciones a los dos años de haber sido impuesto por el dedazo de su hacedor, PAS, vino a salvarlo la estrategia suicida de un partido, Ciudadanos, que perdió voluntariamente su esencia y fue castigado en las urnas por ello sin que, dada su estructura piramidal y de seguidismo acrítico al líder desquiciado, tuviera siquiera el recurso de autoanalizarse, la irrupción del coronavirus supuso una nueva ayuda, todavía más providencial, pues cambiaba radicalmente el foco hacia la alarma sanitaria general y suspendía la atención sobre el desbordamiento de las capacidades para mantener el timón con una política completamente transferida al socorro de la Administración central.

El hecho de que la crisis sanitaria, por causas completamente ajenas a la gestión presidencial, se haya cebado en la Región con menos saña que en otras, ha servido al presidente para alabanciarse, pegándose a las faldas de su consejero de Sanidad, Manuel Villegas, a quien mantenía en el puesto porque, dado que se trata de un profesional de la Medicina sin anclajes políticos, se supone que debía afanarse en lo suyo y hacer la vista gorda a operaciones de intereses económico-políticos que le rebasaban, como los contratos multimillonarios por concurso del Servicio Murciano de Salud (después del de ambulancias y el de seguridad viene el de lavanderías, átense los machos). No obstante, Villegas, que es disciplinado pero no ingenuo, tuvo que poner sus condiciones contra viento y marea, como mantener al actual gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, una personalidad completamente independiente, para procurar que el control administrativo resultara impecable en lo formal y este tipo de operaciones no le salpicara. «Lo que pasara antes del concurso, si se negoció algo con alguna empresa, no es algo que afecte a la legalidad del proceso», aseguran en círculos del SMS. Villegas, antes de aceptar la consejería, planteó el típico ‘dos por el precio de uno’, para asegurarse que López estaría con él, y no alguien impuesto desde el partido, y ganó la mano. Hasta ahora. Seguramente es, tras la crisis sanitaria, el consejero más afianzado, cosa que no se podía decir una semana antes del estado de alarma. No pasa nada porque Villegas le haga sombra; el de Salud no es hombre de partido. No compite.

 

 

Es sorprendente, sin embargo, que cuando Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y representante de las cooperativas que perdieron el concurso de ambulancias frente a La Generala, acudiera a entrevistarse con el secretario general del SMS, lo recibiera también Miguel Ángel Miralles, ya por entonces vicepresidente de la Asamblea Regional y coordinador general del PP. ¿Qué hacía un alto cargo del PP, del mayor rango (el número dos de López Miras), en un despacho del SMS, y qué tenía que decir sobre un concurso de la Administración en el que los partidos políticos, incluso el del Gobierno, carecen de carta en el asunto? Tal vez es que vivimos en una Región en que, como en la URSS, Estado, partido y Gobierno empiezan a ser la misma cosa.

Cuando, hace semanas, el PSOE solicitó una comisión de investigación parlamentaria en la Asamblea, López Miras gesticuló más de la cuenta. Hizo ver su inquietud. Por nada del mundo quería que esta iniciativa progresara. Su mano, la de su Grupo Parlamentario, se vio para forzar que el portavoz de Vox, que sigue siendo el expulsado de ese partido, Juan José Liarte, no representara a su formación en la Junta de Portavoces, pues éste, con los otros dos disidentes, se había mostrado partidario de aprobar esa comisión; fue Pascual Salvador, el único sumiso a Madrid, quien representó a su Grupo (uno de cuatro, en el que tres estaban en contra de su posición). ¿Hasta dónde llega el poder de López Miras, que es capaz de decidir qué miembro de otro grupo político debe representarlo en la Junta de Portavoces, incluso si no es su portavoz?

Pero el gran chasco vino otra vez de parte de Cs. La presión de López Miras sobre este partido para que no se alineara con los socialistas en esa cuestión resultó mucho más angustiosa que en otros asuntos de mayor calado, como el Mar Menor, por ejemplo, donde se ha plegado al instante cuando Cs ha ampliado de quinientos a 1.500 metros la demanda sobre el área de protección de la laguna. Pero el socio de Gobierno, que me consta que es consciente de que algo huele mal en las ambulancias de Dinamarca, votó en contra de la comisión de investigación con un pretexto extraterrestre: si la Fiscalía se decide a investigar, aprobarán la comisión; mientras tanto, nada que hacer.

Es el mundo al revés. Hasta ahora, los grupos políticos que se negaban a crear comisiones de investigación sobre supuestos casos de corrupción lo justificaban en que no querían promover juicios paralelos mientras actuaba el sistema judicial. En este caso, tal vez inaugural en la historia de este tipo de sucesos parlamentarios, la doctrina es la contraria: si actúa la Justicia, investigamos también; si no actúa, nos olvidamos. Adiós, por tanto, al concepto de ‘responsabilidad política’, al margen o en continuidad a la judicial, en que Ciudadanos, desde su origen, planteó su estrategia para la regeneración del estamento político. En la anterior legislatura apoyaron media docena de comisiones de investigación, con o sin actuación judicial paralela, lo que contribuyó a que el Parlamento regional saliera de su ostracismo; esta vez, incluso con un presidente de la Asamblea propio, prefieren hacer la vista gorda. Para doblegar el instinto originario de Ciudadanos, López Miras ha tenido que echar toda la carne en el asador. Algún espontáneo asegura que los amenazó con elecciones anticipadas. De lo que sí estoy seguro es de que López Miras no podía consentir que a algún partido se le ocurriera citar a esa comisión a PAS, por ejemplo.

El mérito del presidente López Miras en el control de la pandemia es exactamente cero, como se admite en el sector sanitario. El mismo, ya lo tengo dicho, que el del presidente de la Diputación de Almería, provincias ambas equiparables en cuanto a las consecuencias de la afección, y es fácil deducir que se debe a su aislamiento, como bien aseguró en su momento la portavoz del Gobierno regional, Martínez Vidal, quien tuvo que desmentirse a sí misma atribuyendo a un chiste mal entendido su afirmación de que el retraso en la construcción del Ave nos aislaba a los murcianos para bien. Pero no era un chiste. Yo no participé de las risas, porque había escuchado ese mismo argumento en fuentes de la consejería de Salud, como supongo que ella misma. De hecho, también en Salud confirman que la mayor incidencia de casos y de fallecimientos en la capital se produjo en lo que definen como ‘la ruta del tranvía’. Consecuencia: el transporte público, aquí, incluso en su deficiencia, resultó el mayor foco de contagio una vez captado del exterior. No he visto que el alcalde de Ulea, localidad de algo más de ochocientos habitantes donde no se ha producido un solo caso de coronavirus, haya salido a instituirse en hombre de Estado.

El coronavirus, digo, ha sido un cortafuego muy oportuno para aparcar la percepción sobre la mediocre gestión del Gobierno regional hasta el estado de alarma. Pero una vez en la ‘nueva normalidad’, los problemas retornan. En la reactivación económica es donde hay que ver a este Gobierno, así como enfrentado al Mar Menor. Ya hemos advertido por activa y por pasiva que el entreacto ha servido al Gobierno para ‘desescalar’ mediante decretos ley la normativa básica que todavía garantizaba alguna protección al interés general, especialmente en lo relativo al medio ambiente. Combatir la destrucción del Mar Menor con la desestructuración del control medioambiental constituye toda una pista sobre dónde establecer los intereses de este Gobierno, en el que hasta Cs ha venido a corregir tímidamente las medidas más perversas. López Miras confunde el decreto ley con órdenes administrativas, y todavía anuncia nuevas iniciativas de ese tipo. De unos presupuestos, aprobados en plena pandemia sin modificación alguna sobre el proyecto previsto antes de ella, se sacan de pronto un plan de actuación de 1.600 millones, o de 700, sin modificar un solo epígrafe, y eso que aseguraban que no existía margen. Hasta llegar ahí, con constantes críticas al Gobierno central, no han sabido explicar cómo a la vez que el PP votaba en el Congreso contra la continuidad del estado de alarma, López Miras exigía en la práctica su mantenimiento, sobre todo en lo que se refiere al control de la movilidad.

Pero el presidente es un as (ha tenido buenos padrinos) en el arte de la política, que no tiene necesariamente que ver con el de la gestión pública. López Miras se ha mirado al espejo después del debate sobre el estado de la Región, y se ha visto fuerte. A renglón seguido ha construido un marco. El lema implícito es que la mejor defensa es un buen ataque. En realidad, de ahí no hay quien lo saque. Y, por ejemplo, ha transferido toda la responsabilidad sobre el Mar Menor al Gobierno central. Poco importa que durante veinticinco años la gestión del PP haya contribuido a marchitarlo mediante la derogación de toda ley protectora, o que los contaminadores se vayan de rositas sin atender a la norma de ‘quien contamina paga’, ni que la política de este Gobierno haya sido negacionista sobre el colapso de la laguna hasta el mismísimo Día de la Hispanidad, en que los peces morían asfixiados mientras López Miras jugaba con banderitas patrióticas y Pablo Casado se compraba un bañador en alguna boutique chic de la calle Almirante para hacer el Fraga en Los Urrutias. Nos lo perdimos por horas.

La solución para este verano ha consistido en un consejo dedicado a los periodistas: que no hablemos mal del Mar Menor, para no disuadir a los turistas. Es la política de San Esteban: meter los problemas bajo la alfombra o enviárselos al Gobierno central, ahora que no está Rajoy. Cuando en el Gobierno regional se advierte de que no es conveniente hablar mal del Mar Menor, en realidad se refieren a que no se hable de la gestión del Gobierno en este aspecto, porque aquí del Mar Menor no habla mal nadie, sino de la gestión del Gobierno que lo ha envenenado a conciencia y que todavía no se decide a tomar las medidas (impopulares, sin duda) que requiere su regeneración. Hasta tal punto esto último es así que prefieren que le enmienden los proyectos para justificar que son otros los que los conducen a las inevitables soluciones. Prefieren compartir a remolque soluciones obvias antes que protagonizarlas. Son unos Churchills.

Digo que López Miras se ve fuerte tras la pandemia y la construcción de su relato sobre ella. Antes de que tan idílica y complaciente imagen empiece a disiparse, convocará el congreso regional de su partido, que debiera haberse celebrado en uno de estos meses pasados si no hubiese irrumpido el Covid. Este es el momento. Sospecha que en esta situación no hay quien venga a disputarle el cargo, a no ser que se atreviera a hacerlo la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quien, por cierto, desde el primer momento ha hecho y sigue haciendo una gestión magnífica contra la pandemia en el ámbito municipal, empezando por bajarse el sueldo a la vez que López Miras se subía el suyo. Sin embargo, la estructura organizativa que creó PAS parece todavía inexpugnable y la coraza protectora de Casado y Teo no permitirá muchos abordajes. A López Miras, además, le apremia consolidar su liderazgo en el PP ante la perspectiva de un futuro de bicefalia, previsiblemente con José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, si no consigue modificar la ley que le impide volver a optar a la presidencia de la Comunidad.
Ahora bien, el talón de Aquiles de López Miras es precisamente que se cree fuerte. Y cuando alguien se cree fuerte intenta demostrarlo.