En el Consejo General del Poder Judicial se habla de «traición». El debate sobre la idoneidad de la exministra de Justicia Dolores Delgado
para ocupar el cargo de fiscal general del Estado -por propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias- ha fracturado al órgano de gobierno de los jueces. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que la oposición al nombramiento de la que será la jefa de los fiscales se ha evidenciado en el Pleno de este jueves, en el que se ha producido un agrio debate repleto de acusaciones entre varios de los vocales.
El Pleno del Poder Judicial ha avalado por 12 votos a favor y siete en contra la candidatura de la exdiputada del PSOE como fiscal general. Sin embargo, dos integrantes del CGPJ elegidos a propuesta del PP no han acudido a la reunión. El debate ha terminado con un voto particular discrepante de los siete vocales mencionados en el que se ha hecho hincapié en que Delgado «no cumple con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica».
Fuentes jurídicas han indicado a Vozpópuli que uno de los momentos más tensos de la reunión ha tenido lugar cuando el vocal José Antonio Ballestero (PP) se ha dirigido a Concepción Sáez (IU). El magistrado ha expresado sus dudas sobre la pertinencia del voto de la jurista, ya que había sido nombrada por la propia Delgado para un cargo del Ministerio; en concreto, el de gerente de la Mutualidad de Justicia.
Una «traición»
Según han señalado otras fuentes a este diario, Sáez ha denunciado una «traición» del bloque de vocales que de forma habitual apoya al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y ha anunciado que redactará un voto concurrente a favor de Delgado. El propio presidente del Tribunal Supremo ha tenido que intervenir en la disputa para recordar a los magistrados que en el Pleno no hay bloques.
El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del propio Lesmes y de los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Ángeles Carmona y Rafael Fernández Valverde. Fuentes presentes en el pleno han precisado que estos dos últimos han señalado que el nombramiento perjudica a la independencia del ministerio público.
Carmona y Fernández Valverde han decidido presentar un voto concurrente tras la maniobra de última hora de Lesmes, que no incluyó en su propuesta para el debate la palabra «idoneidad». Finalmente, solo 10 de los 21 integrantes del Poder Judicial han respaldado a Dolores Delgado. Han votado en contra de la idoneidad siete vocales propuestos por el PP Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.
Se trata de un desacuerdo que no estuvo presente en candidaturas anteriores, como el caso de la exfiscal general María José Segarra, que fue respaldada de forma unánime, o el exfiscal Julián Sánchez Melgar, que contó con un solo voto en contra. En la historia de la Fiscalía General del Estado solo han roto la unanimidad del Poder Judicial otros tres candidatos.
El precedente más similar al caso de Delgado es el del fiscal Eligio Hernández -que ocupó el cargo entre 1992 y 1994- con 11 votos a favor y siete en contra, aunque él no cumplía con el requisito de haber cumplido 15 años de experiencia en el mundo judicial.
«Serio impedimento»
Los siete jueces que han firmado el voto particular han insistido en su escrito en que el hecho de asumir el cargo de Fiscal General del Estado inmediatamente después de haber cesado como Ministra de Justicia y de diputada del partido político que sustenta al Gobierno que le propone supone un «serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al Fiscal General del Estado«.
En este sentido, los magistrados discrepantes han señalado que la apariencia de imparcialidad y la percepción que de ella debe proyectarse a la sociedad queda comprometida por las circunstancias que concurren en Delgado crean una «apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Institución«.
Tras la redacción del informe preceptivo -no vinculante- del Pleno del Poder Judicial, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados valorará su idoneidad para el cargo. Una vez superada la evaluación de la Cámara, podrá ser nombrada por el Rey.
