La investigación que impulsan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre el espionaje policial al extesorero del PP Luis Bárcenascomienza a estrecharse en torno a la cúpula de Interior del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. La maratoniana ronda de declaraciones emprendida por el juez Manuel García-Castellón en los últimos días para desentrañar la operación bautizada con el nombre de Kitchen ha puesto sobre el tapete tres nombres con carga política que no han desfilado por las dependencias de la Audiencia Nacional por su condición de aforados.
La pieza, en la que ya se investiga por delitos de allanamiento de morada, malversación, prevaricación, cohecho y robo a tres mandos de la policía, entre ellos su antiguo director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, ha sometido a revisión la actuación de toda una época y señala, de forma directa, al que fuera director general de la Policía de entonces, Ignacio Cosidó; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y, en última instancia, al exministro Jorge Fernández Díaz. Los tres mantienen responsabilidades parlamentarias en las filas del PP y, por ello, no pueden ser investigados por la Audiencia Nacional y deberían responder ante el Tribunal Supremo.
No han desfilado, al menos por el momento. Fuentes del caso informan a El Confidencial de que el juzgado ofrecerá al actual portavoz del Grupo Popular en el Senado y a los dos diputados nacionales la posibilidad de declarar de forma voluntaria en aplicación del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta opción es un camino intermedio entre la declaración como testigo, que se realiza sin el acompañamiento de un abogado, y la decisión de dar un paso firme hacia la imputación mediante el envío de una exposición razonada al tribunal competente. La oferta no se producirá de forma inminente, pero llegará, ya que su declaración sobre estos hechos se considera relevante para armar el puzle.
El titular del 6 ya baraja la posibilidad de ofrecer este comodín a las tres personas citadas, una oportunidad para que expliquen su participación, conocimiento o desconocimiento de los hechos, incluso por escrito. El afectado no tiene por qué aceptar la oferta, exponiéndose, eso sí, a una futura imputación en firme en una decisión que quedaría en manos del Supremo.
Algunos de los ejemplos del uso de esta figura legal son la declaración que prestó de forma voluntaria el exconsejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs en el marco de la consulta del 9-N o la de la fallecida Rita Barberá, que aceptó hacerlo en el marco de la causa por supuesto blanqueo de fondos en el PP de la ciudad de Valencia e incluso agradeció la oportunidad de expresarse.
Villarejo tira de la manta
En el centro de la investigación se encuentra la contratación, con cargo a los fondos reservados, del chófer de la familia Bárcenas para que actuara como agente doble e intentara hacerse con información y documentación sensible en pleno auge de la Gürtel y de los papeles en los que el extesorero reflejaba la presunta contabilidad opaca del PP. Los papeles obtenidos nunca llegaron a manos de los magistrados que han dirigido este último procedimiento, Pablo Ruz y José de la Mata, que ha abierto una línea suplementaria tras destaparse el operativo en la reabierta caja B.
El chófer, Sergio Ríos, admitió durante su declaración como investigado que formó parte del operativo policial y que la misión encomendada era la de averiguar el paradero del dinero que se sospechaba ocultaba Bárcenas. Por su parte, Villarejo declaró sobre el asunto durante dos jornadas en las que puso el ventilador en marcha y, según fuentes jurídicas consultadas por este medio, implicó al menos a Cosidó y apuntó a «responsables políticos».
