El salón de plenos del Tribunal Supremo acoge este martes el inicio del juicio más importante de la etapa democrática: 12 líderes independentistas se sientan en el banquillo por su responsabilidad en el desafío a la Constitución, lo que llevó al Gobierno por primera vez a pedir autorización al Senado para aplicar el artículo 155. ¿Por qué delitos han sido procesados? ¿A qué penas se enfrentan? El Independiente analiza el papel en los hechos de cada uno de los acusados.
Oriol Junqueras. Procesado por rebelión y malversación de caudales públicos (Fiscalía) y acusado también por sedición (Abogacía del Estado), el ex vicepresidente de la Generalitat y ex consejero de Economía y Hacienda representa junto a Carles Puigdemont la cúspide de la pirámide por ser los más altos responsables en el anterior Govern cuando tuvo lugar el desafío al orden constitucional. En el auto por el que lo mandó a juicio, el juez Pablo Llarena reprocha a Junqueras que, pese a conocer los graves incidentes registrados a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017, decidió continuar adelante con la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O llamando a la participación e “impulsando un operativo policial” con los Mossos d’Esquadra para que “las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”. El ex vicepresidente catalán, en prisión preventiva desde principios de noviembre de 2017, se enfrenta a una petición de pena de 25 años de prisión y de inhabilitación absoluta.
Jordi Turull. El ex consejero de la Presidencia de la Generalitat también se sienta desde este martes en el banquillo de los acusados tras ser procesado por rebelión y malversación de caudales públicos, delitos por los que la Fiscalía pide al tribunal que le imponga una condena de 16 años de prisión y de inhabilitación absoluta. Cuatro son los reproches por los que el juez lo mandó a juicio: haber impulsado la movilización desde su condición de portavoz del Ejecutivo autonómico, haber gestionado y diseñado las inserciones publicitarias del referéndum pese a la prohibición expresa, coordinar las infraestructuras informáticas necesarias para que se llevase a cabo la votación y encargarse de reclutar a los voluntarios que participaron el 1-O.
Raül Romeva. Como Turull, el ex consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat se enfrenta a 17 años de prisión e inhabilitación como posible autor de delitos de rebelión y malversación. ¿Cuáles son los indicios en los que se basa Llarena para procesarlo? “Impulsó la creación de estructuras del Estado y favoreció el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat [Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña], abordó el proyecto para posibilitar la votación electrónica por internet de residentes en el extranjero y asumió la atención a observadores internacionales”. Romeva ha sido uno de los acusados que ha pedido declarar en catalán.
Josep Rull. Llarena ha situado también al anterior conseller de Territorio y Sostenibilidad en el puente de mando de la “estrategia independentista”, lo que explica su presencia en “múltiples reuniones definitorias”. El juez no olvida que, como máximo responsable político de la empresa pública Puertos de la Generalitat, impidió que atracase en el puerto de Palamós (Girona) uno de los ferries fletados por el Ministerio del Interior para alojar a los policías nacionales y guardias civiles desplazados a Cataluña en el marco de las operaciones Copérnico y Avispa. El Ministerio Fiscal ve a Rull autor de los delitos de rebelión y malversación, pidiendo para él una pena de 16 años de prisión e inhabilitación.
Dolors Bassa. Compañera de fuga de Carles Puigdemont en Bélgica, la ex consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias también han sido procesada por rebelión y malversación. Asumió el control de los locales dependientes de su departamento para que se pudieran utilizar como puntos de votación el 1-O, pese a que los jueces lo habían prohibido. Como Turull, Romeva y Rull, Dolors Bassa se enfrenta a 16 años de prisión y de inhabilitación por rebelión y malversación.
Joaquim Forn. Era el titular de Interior cuando tuvieron lugar los preparativos de la consulta ilegal. Cuando sustituyó a Jordi Jané en el cargo, Forn declaró a los medios de comunicación que la función de los Mossos d’Esquadra tendría que ser la de facilitar la votación, lo que desencadenó la dimisión de Albert Batlle como director general de Interior. Fue uno de los consejeros que firmó el decreto de convocatoria del referéndum y asistió a las reuniones de coordinación en la que los mandos de la Policía Autonómica advirtieron de grave riesgo de incidentes si se llevaba a cabo el 1-O por parte del sector independentista más movilizado. La Fiscalía ha pedido para él 16 años de prisión y de inhabilitación como autor de delitos de rebelión y malversación, al que la Abogacía del Estado añade también el de sedición.
Jordi Sànchez. El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, también se sienta en el banquillo de los acusados como posible autor de un delito de rebelión. El magistrado Llarena considera que utilizó su responsabilidad en la citada asociación soberanista para “movilizar a cientos de miles de seguidores” e impulsar “una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal”. El instructor no ha pasado por alto el papel que Sànchez tuvo en la concentración multitudinaria registrada a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda mientras la comisión judicial llevaba a cabo los registros y las detenciones, hasta el punto de que el ex líder de la ANC pretendió erigirse en ‘mediador’ para que los agentes de la Guardia Civil y la secretaria judicial pudieran abandonar las dependencias de la Generalitat ante el acoso de la muchedumbre. La Fiscalía pide para Sànchez una condena de 17 años.
Jordi Cuixart. Presidente de Òmnium Cultural, también desempeñó un papel activo para que el referéndum independentista pudiera llevarse a cabo. En una concentración multitudinaria celebrada el 11 de junio de 2017, menos de cuatro meses antes de la consulta ilegal, Cuixart aseguró que las entidades independentistas se constituían en garantes de que el 1-O fuese vinculante. En la estrategia de movilización, convocó junto al líder de la ANC a los partidarios de la secesión ante las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda mientras la Guardia Civil llevaba a cabo el registro. “Pese a reivindicar el pacifismo de la movilización, apeló también a la determinación mostrada en la guerra civil (¡no pasarán!) y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el referéndum y que tenían escondido en determinados locales”, detalló Llarena en el auto de procesamiento. En prisión preventiva desde hace 16 meses, se enfrenta a 17 años de prisión e inhabilitación por rebelión.
Carme Forcadell. Ex presidenta del Parlament y ex diputada, el magistrado del Tribunal Supremo la procesó por rebelión por su “participación medular” en el proceso independentista desde su etapa como presidenta de ANC. Llarena destaca que, como máxima responsable de la Cámara autonómica, permitió la votación de las leyes que sirvieron de “coartada legitimadora” pese a las “reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional”. “Su participación ha ido de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del proceso”, argumenta Llarena. Entre los reproches penales que motivaron su procesamiento por rebelión destaca también el hecho de que estuviera presente en la manifestación del 20 de septiembre y que arengara a la movilización convocada para el día siguiente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. “Puso la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república”, razonó Llarena.
Meritxell Borràs. Por desatender los requerimientos del Tribunal Constitucional en relación con la organización de la consulta ilegal, la ex consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda fue procesada por un delito de desobediencia, pero no por rebelión. También se enfrenta a penas por malversación por autorizar “acciones y contrataciones” necesarias para el referéndum. En total, la Fiscalía pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación, más multa de 30.000 euros.
Carles Mundó. Consejero de Justicia de la Generalitat entre el 14 de enero de 2016 y el 28 de octubre de 2017, cuando el Senado autorizó la aplicación del artículo 155 e intervino la autonomía, Mundó es otro de los 12 dirigentes que han sido procesados por su responsabilidad en el desafío independentista. Concretamente por malversación y desobediencia, delitos para los que el Ministerio Público pide para él las mismas penas que para Borràs.
Santiago Vila. Este historiador barcelonés fue alcalde de Figueras y diputado autonómico antes de ponerse al frente de la Consejería de Empresa, cargo al que renunció el 26 de octubre de 2017 por sus abiertas discrepancias con Puigdemont ante la posibilidad de que el Parlamentpudiera declarar unilateralmente la independencia. Procesado por malversación y desobediencia, se enfrenta a siete años de prisión y 16 de inhabilitación.
