Un pantallazo de la portada de LA VERDAD del 20 de septiembre de 1985 ha volado esta semana por las redes sociales. El titular de apertura, ‘El Mar Menor, potencial pozo negro’, se lee 36 años después como un pronóstico cruel de la muerte que durante estos días ha aflorado en las orillas de la mayor laguna salada de Europa.
Solo habían pasado cinco años desde que la llegada del Trasvase Tajo-Segura iniciara la transformación en próspero regadío del territorio de secano del Campo de Cartagena, pero un estudio de la Universidad de Murcia lanzaba una alerta temprana sobre las consecuencias de la agricultura intensiva en un ecosistema ya muy castigado por los arrastres procedentes de la Sierra Minera, la construcción excesiva y mal planificada y los vertidos urbanos. Nadie puede decir que no estábamos avisados.
Esas advertencias de científicos, ecologistas y plataformas ciudadanas se han sucedido desde entonces hasta convertirse en un clamor social en la primavera de 2016, cuando la eutrofización (contaminación por nitratos de la masa de agua) se hizo evidente con la ‘sopa verde’; aumentaron el tono de exigencia después de que un episodio de anoxia (falta de oxígeno) matara toneladas de peces y crustáceos el 12 de octubre de 2019; y finalmente han terminado en estupor e indignación esta semana, cuando la fauna acuática ha sufrido un nuevo episodio de mortandad relacionado con el bajo nivel de oxígeno en puntos concretos del humedal (hipoxia), según las explicaciones del Comité de Asesoramiento Científico que orienta al Gobierno de la Región de Murcia en la recuperación del Mar Menor. Parece increíble que entre la anoxia y la hipoxia no se hayan puesto los medios suficientes para frenar la degradación galopante de la albufera, traducida cruelmente en la presencia de gobios, cangrejos, chirretes, lábridos, agujas y otras especies boqueando asfixiadas en la cara del agua.
Las acusaciones mutuas de que ni Comunidad Autónoma ni Ejecutivo central están ejerciendo sus competencias respectivas deja la sensación de que se está disputando una partida de ajedrez en la que ambos jugadores miden cada movimiento en función de variables como los sectores económicos afectados, los votos que se pueden quedar por el camino y la influencia de decisiones incómodas en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Mientras tanto, está pasando y lo estamos viendo, el Mar Menor se muere.
Responsabilidad compartida entre Estado y Comunidad.
El alcalde de San Javier y secretario general del PP en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, aseguró el lunes en su cuenta de Twitter que el Estado reúne el 80% de las competencias que afectan al Mar Menor. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata, deslizó al día siguiente en una tensa rueda de prensa que el Ministerio tiene «todas las competencias», aunque su jefe de comunicación matizó después que solo se refería a los vertidos de aguas cargadas con nitratos que llegan al Mar Menor a través de las ramblas o de forma subterránea desde el acuífero.
La realidad es la siguiente, de acuerdo con las diferentes normativas ambientales de ámbito nacional y el Estatuto de Autonomía: a la Administración del Estado le corresponde la vigilancia de los cauces públicos, la gestión de las aguas subterráneas, la retirada de fangos, secos y recuperación de playas en el interior del medio marino y las obras necesarias para garantizar la calidad del agua superficial y en el acuífero; la Administración regional tiene la responsabilidad de regular los sectores económicos (agricultura, ganadería, pesca…), la ordenación del territorio y el desarrollo urbanístico, los puertos, el control de vertidos y las actividades turísticas y deportivas, además de la aplicación general de las normativas medioambientales en un espacio natural amparado sobre el papel por seis figuras legales de protección; los ayuntamientos asumen el saneamiento y el alcantarillado, la salubridad de las playas y parte de la ordenación del territorio.
El volumen de las competencias que corresponde a cada estamento (nacional, regional y local) es difícil de cuantificar en tantos por ciento, pero el elevado peso de la responsabilidad sobre los hombros de la Comunidad Autónoma y el Estado es innegable.
«Estamos asumiendo, junto con los ayuntamientos, la retirada de fangos y materia orgánica porque el Ministerio no ejerce sus competencias», se lamenta el secretario general de la Consejería, Víctor Manuel Martínez. El Miteco se comprometió a llevar a cabo estos trabajos en septiembre de 2019 pero después cambió de opinión por entender que la Comunidad no cogía el toro por los cuernos; es decir, que no reducía la superficie de regadío.
«La agricultura es solo uno de los factores, no puede cargar con la culpa de todos los males. Y además se está adaptando. No vamos a abrir una guerra con el sector agrario, como pretende el Ministerio», advierte Víctor Manuel Martínez Muñoz, veterano político del PP que fue director general de Medio Natural entre 2006 y 2007.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, requerido por este diario, responde al Gobierno regional acerca de las acusaciones de inacción: «Las competencias de cada administración están claras, es absurdo recordarlas a cada momento. Pero resulta esclarecedor que haya una demanda en curso de la Fiscalía de Medio Ambiente contra la Consejería precisamente por no ejercer sus competencias. Si esa denuncia se ha presentado contra la Comunidad Autónoma y no contra el Gobierno central, será por algo», zanja el Miteco.
En cuanto a la pretensión del presidente regional de asumir ahora las competencias de Costas y cuenca vertiente, la ministra lo considera un «disparate» y una «cortina de humo» para «seguir sin asumir» sus obligaciones.
Denuncias cruzadas
La Fiscalía señala a la Consejería de Agricultura
El Ministerio se refiere a una denuncia de la Fiscalía contra la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente por no abrir expedientes sancionadores a diez grandes empresas agrícolas por los daños causados al Mar Menor con sus vertidos procedentes de desalinizadoras ilegales. Un año después de ser requerida por el Ministerio Público, la Comunidad se limitó a alegar que esa responsabilidad recae en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Una respuesta poco satisfactoria que motivó la querella de la Fiscalía. El consejero Antonio Luengo anunció a su vez el martes pasado una denuncia contra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por no frenar la entrada a la laguna de efluentes de riego cargados de nitratos.
Plan de Vertido Cero
El Ministerio rechaza el proyecto original
Ante la degradación sin freno del Mar Menor y el flujo constante de agua dulce cargada de nitratos, entre tres y seis toneladas cada día desde el inicio del verano según datos oficiales de la propia Comunidad Autónoma, el Gobierno regional exige al Estado que ponga en marcha el Plan de Vertido Cero que dejó aprobado el Ejecutivo de Mariano Rajoy y asumió a regañadientes el primer Gabinete de Pedro Sánchez.
Se trata de un ambicioso proyecto de ingeniería hidráulica consistente en la perforación de casi cien pozos para rebajar el nivel del acuífero Cuaternario, que almacena 300.000 toneladas de nitratos después de cuatro décadas de regadío en el Campo de Cartagena, y la construcción de una red de drenaje para reconducir el sobrante del riego hacia plantas desnitrificadoras que evacuarían al Mediterráneo. El problema es que el Miteco no se identifica con este plan porque considera que perpetuaría la presión de la agricultura intensiva sobre la laguna y trasladaría el problema de la contaminación a otro punto del litoral.
«Existe una diferente interpretación con respecto al Vertido Cero, que para el Ministerio consiste básicamente en actuar en origen reduciendo el uso de fertilizantes y en desmontar regadíos ilegales», insiste el Miteco, que ya ha dejado claras sus intenciones recortando la dotación de trasvases desde el Tajo alegando el mal estado del espacio natural. Esta vinculación directa del regadío con la contaminación del Mar Menor es una fuente de conflictos constante con el Ejecutivo de Fernando López Miras, que ha llegado a definirse como «un soldado más» en las reivindicaciones de las organizaciones agrarias contra la reducción de los aportes hídricos del Trasvase.
Qué se ha hecho hasta ahora
Saneamiento, monitorización, normativas y promesas
Las medidas palpables encaminadas a recuperar el Mar Menor caen con cuentagotas. El Ministerio ha prometido una lluvia de millones (400 durante los próximos años) y marca el camino a la Comunidad señalando los regadíos ilegales que deben ser desmantelados, 7.689 hectáreas hasta el momento. El Gobierno regional, sin embargo, asegura que a la Consejería solo han llegado setenta expedientes de restitución a secano de regadíos ilegales. «Y todos se han tramitado ya». La Comunidad Autónoma defiende su labor inspectora y sancionadora, y exige a la CHS que también actúe «en origen».
El Gobierno regional asegura que no se ha cruzado de brazos y recuerda la renovación de redes de saneamiento y depuración, la construcción de tanques de tormenta, la monitorización de los parámetros de la masa de agua y actuaciones como el banco de especies y la restauración de las Salinas de Marchamalo, entre otras, y los proyectos en estudio de balsas desnitrificadoras con biorreactores, bivalvos filtradores y sondeos piezométricos. También la normativa aprobada en los dos últimos años: el plan de gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, la ley de recuperación y protección de julio de 2020 y la estrategia de gestión integrada de zonas costeras.
Por desgracia, todo ha sido insuficiente para evitar que el Mar Menor siga pudriéndose.
Miguel Ángel Ruiz
