Tras dos semanas de intensas reuniones, los equipos negociadores de PP y Ciudadanos han pactado las principales medidas que pondrán en marcha cuando asuman el Gobierno de Andalucía. Una de las más polémicas pasa por eliminar los “altos cargos puestos a dedo” en la Junta.
Entre las decisiones acordadas destacan una auditoría integral de gestión de la Junta, la eliminación de la subasta de medicamentos, garantizar la libre elección de centros educativos, y la Ley de evaluación de políticas públicas.
Ésta última norma servirá para eliminar subvenciones, suprimir “los altos cargos a dedo” y asesores, y deshacer “el clientelismo”, según fuentes conocedoras del pacto.
En el PP quieren “amortizar puestos” y “profesionalizarlos”, al igual que C’s, que ha propuesto la “eliminación de los cargos de libre designación por encima del nivel 30”.
Actualmente, la cúpula de la función pública andaluza se encuentra copada por cargos a dedo, elegidos por los políticos entre los funcionarios de su confianza. A partir de ahora dejarían de existir altos cargos de libre designación.
2.500 cargos en la “lista negra”
Fuentes del PP de Andalucía, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, explican que la “explosión controlada” –así la definen en el equipo de Juanma Moreno- del desalojo del PSOE de la Junta afectará, de entrada, a casi 2.500 trabajadores.
Actualmente, y por decisión del político de turno, ocupan puestos de libre designación en cargos directivos en la sanidad pública o son profesores con destino ‘a dedo’ en funciones administrativas o como asesores.
PP y Ciudadanos han comenzado a intercambiar las primeras “listas de negras” de trabajadores. Se trata de empleados que no van a perder su empleo, porque son funcionarios con plaza fija, pero que serán reubicados en otros destinos. La mayoría no cesan automáticamente -los asesores sí- cuando se vaya el político que los designó.
Los integrantes de ese listado sí verán mermados sus ingresos, al descender en el escalafón administrativo. Hasta ahora, vienen cobrando pluses y perciben un salario mayor que el de su puesto base porque su responsabilidad también es mayor.
‘Limpia’ en hospitales y Educación
Entre los 2.500 trabajadores que se verán afectados por el cambio de gobierno se encuentran identificados unos 400 directivos de los hospitales públicos, entre los que destaca el caso de los gerentes, que sin embargo cuentan con plaza fija a la que regresar si pierden esos cargos de responsabilidad.
En Educación, aparecen señalados unos 300 profesores andaluces que están destinados exclusivamente a tareas administrativas y de asesoramiento en las oficinas que la Consejería de Educación tiene en los servicios centrales de Sevilla y en las delegaciones provinciales.
Son docentes designados ‘a dedo’ por delegados y directores generales para ocupar esos puestos, que se cubren sin que medie ningún tipo de proceso que garantice la igualdad de oportunidades y la transparencia.
Con el cambio en la Junta, esos profesores están llamados a cambiar de puesto y regresar a las aulas, aunque no podrán ser despedidos porque se trata igualmente de funcionarios con plaza fija.
Evitar un aluvión de demandas
Según las fuentes consultadas, el principal escollo que debe salvar el nuevo Gobierno es que muchos trabajadores del sector público andaluz han consolidado con los años una serie de derechos, por lo que de inmediato acudirán a los tribunales si su salida no se ajusta a la ley.
Esa circunstancia ha provocado que PP y C’s hayan optado, de momento, por una reducción de plantilla progresiva, y “con todas las garantías”, con el fin de evitar un aluvión de demandas de empleados en los primeros meses de mandato.
Por eso, según explican a ECD responsables de ambos partidos, una de las alternativas que manejan ahora es reciclar a ese personal -calculan que la Junta tiene un déficit de 20.000 trabajadores- mediante oposiciones o concurso oposición, o bien convertirlos en empleados temporales.
