Documentos incautados apuntan a la connivencia de la Comunidad con empresas de la desaladora

La afirmación de que altos responsables de la Comunidad Autónoma habrían estado en connivencia con representantes de las empresas impulsoras de la desaladora de Escombreras, hasta el punto de adoptar decisiones que parecen carentes de toda lógica, que han tenido un coste de 600 millones de euros para las arcas públicas y que solo habrían favorecido a la parte privada del proyecto, es algo que empieza a ir más allá de un mera sospecha de la Fiscalía Superior de la Región. Numerosos documentos intervenidos por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ofrecen pruebas de que los empresarios habrían jugado en todo momento con ‘cartas marcadas’, toda vez que serían conscientes de que la Administración regional, y más concretamente la Consejería de Agricultura y Agua que lideraba Antonio Cerdá, estaba permanentemente ‘al quite’, no solo liberándoles de cualquier riesgo que pudieran asumir en esa operación, sino incluso asumiendo íntegramente unos compromisos de pago absolutamente «abusivos» que ellos mismos habían suscrito entre sí.

Los especialistas de la Policía, con base en Madrid, intervinieron casi 1,7 millones de documentos durante los registros que, a la largo de 2016, efectuaron en las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, en las oficinas de la firma Hidromanagement y en el despacho del abogado Andrés Arnaldos. En este ingente volumen de material documental, los funcionarios han hallado pruebas que vendrían a apuntalar la supuesta existencia de un concierto de voluntades entre promotores privados de la desaladora y representantes públicos, que se acabó traduciendo en un gravosísimo compromiso para las arcas públicas: 600 millones de euros a satisfacer en 25 años por la explotación de la desalobradora.

La magnitud de la cifra resulta todavía más descomunal si se tiene en cuenta que la planta fue presupuestada en su origen en 24,6 millones, aunque finalmente las empresas del Grupo ACS que la construyeron manejaron la cifra de 111 millones.

«Vestigios» encontrados

En un informe remitido por la UDEF a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, la Policía refiere los «vestigios» hallados que «pondrían de manifiesto que los actos que culminaron en el proyecto de construcción de la desaladora de Escombreras habrían contado con la intervención, o al menos el conocimiento, de la ‘parte pública’ desde una fase anterior a la que formalmente supuso su entrada en el proyecto».

Una de esas «evidencias» es un documento redactado el 9 de febrero de 2006, en el que los socios de la desaladora ya hablan de la entrada en el proyecto de la empresa pública Hidronostrum, a pesar de que esta sociedad no se crearía hasta ocho días después.

Igualmente, la UDEF intervino un índice, con fecha de 15 de febrero de 2006, en el que se enumeraban todos los contratos que habrían de firmarse en un futuro próximo, con indicación de fecha de firma, responsables de cada contrato, escrituras de compraventa de acciones…, cuyo único objeto sería lograr «que todos los contratos cuadren en el tiempo». Algo que resultaba de suma importancia, ya que «los contratos más gravosos para la administración pública se firmaron cuando las empresas participantes eran privadas».

Especialmente relevante es un documento hallado en la sede de la firma privada Hidronostrum, que indica que en diciembre de 2005 ya se preparaban para la constitución, tres meses después, de la empresa pública Hidronostrum y se apuntaba a que iba a adquirir el 51% de la firma, así como que los contratos de adquisición del agua se iban a suscribir bajo la fórmula del ‘take or pay’, que obligaba a la Administración regional a pagar por el servicio incluso en el caso de que no se produjera caudal alguno.