El botín que Eduardo Zaplana escondía presuntamente en dos cuentas bancarias en Suiza estaba formado por dinero en efectivo y productos financieros que totalizan 6,33 millones de euros, según ha podido conocer El Independiente en fuentes del caso. Los investigadores dan por recuperados todos los fondos que le rastreaban al ex ministro por el cobro de comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones públicas durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002).
La titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez Guerola, ha decretado este jueves libertad provisional para Zaplana y los otros dos investigados en el caso Erial que permanecían en prisión preventiva desde el pasado 24 de mayo (Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet). La magistrada considera minimizado el riesgo de fuga tras haberse localizado ya el dinero que se buscaba, pendiente ahora de que llegue a la cuenta del juzgado.
La Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la instructora consideran a estas alturas de la investigación que ha quedado ya acreditada la trazabilidad de los fondos desde que se pagaron las mordidas hasta que el dinero fue depositado en el país helvético. El abono se habría hecho en Luxemburgo a través de diversas sociedades con la intención de diluir el rastro del dinero y dificultar su detección.
Según la juez, el 90 % del dinero localizado en las dos cuentas suizas pertenecería a Eduardo Zaplana, correspondiendo el 10 % restante a sus dos presuntos testaferros, Joaquín Barceló y a Francisco Grau. El ex ministro, en un comunicado emitido horas después de que se conociera el auto de excarcelación, ha defendido que no cobró “ni un euro en sobornos o comisiones ilegales” y que no tiene cuentas en el país helvético.
Los investigadores le otorgan un papel clave en la trama corrupta a Sedesa, grupo empresarial controlado por la familia del ex presidente de las Cortes valencianas y ex director de la Policía Nacional Juan Cotino. Éste es otro de los imputados en el caso Erial, cuyo sumario está a punto de dejar de ser secreto.
Los investigadores consideran acreditada la trazabilidad de los fondos desde que se pagaron las ‘mordidas’ hasta que el dinero se ingresó en Suiza
El 26 de julio de 2001, en la recta final de Zaplana como presidente autonómico, el Gobierno valenciano aprobó el Plan Eólico de la Comunidad con el que reguló la instalación de parques con una potencia total instalada de 1.695 megavatios mediante el funcionamiento de un máximo de 2.720 aerogeneradores. Era en vísperas de que el sector viviera una ‘burbuja’ como consecuencia de la política de primas implantada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que relevó a Aznar en abril de 2004.
Uno de los grupos favorecidos por aquella adjudicación fue ‘Proyectos Eólicos Valencianos’, una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que Sedesa participaba con un 25 % del capital junto a Endesa Cogeneración y Renovables -hoy Green Power España SL, con un 55 %- y Bancaja (20 %). El grupo en el que se integró Sedesa fue una de las cinco empresas adjudicatarias de las 21 que habían presentado ofertas al concurso para el reparto de la potencia a instalar.
El otro proyecto del que habrían salido las comisiones ilegales presuntamente percibidas por el ex ministro de Aznar fue la privatización de las estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en diciembre de 1997. Levantina de Obras y Edificios SA -perteneciente al grupo Sedesa- fue junto a Servicios de Excavaciones SA e Inspecciones Técnicas y Verificaciones SA una de las empresas que integraban la UTE ‘Valenciana de Revisiones’, adjudicataria de uno de los siete lotes ofertados (concretamente el relativo a Castellón, Villareal, Vinaroz y Sagunto).
En el auto por el que ordenó el pasado 24 de mayo prisión incondicionalpara Zaplana y otros investigados, la instructora del caso Erial señaló a la luxemburguesa Imison International como la sociedad que habrían utilizado los integrantes de la trama para canalizar el cobro de las comisiones ilícitas. En dicha resolución, la juez Rodríguez Guerola indicó que parte de los fondos “fueron retornados a España durante los años 2005 y 2006” y que para la repatriación del dinero se recurrió a sociedades en las que figuraban como titulares personas vinculadas al ex ministro a modo de testaferros.
Zaplana niega cobro de sobornos
Al conocer su excarcelación, Zaplana ha emitido un comunicado en el que ha vuelto a defender su inocencia. “Quiero en este momento manifestar con la mayor rotundidad que nunca participé en las adjudicaciones de contratos de las que se me acusa de haber cobrado comisiones ilícitas; tal es el caso de las como las que se produjeron tras el proceso de privatización de las ITV (en 1997) o el desarrollo del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, cuya adjudicación en 2003 se produce cuando ya no era presidente de la Generalitat de Valencia”, asegura.
El ex ministro sostiene que, si bien durante su vida política pudo “cometer errores”, nunca cobró “ni un euro en sobornos o comisiones ilegales”, ni se apropió o distrajo “fondos o activos relacionados con la Administración Pública”. De forma rotunda, el ex presidente valenciano niega tener cuenta alguna “en Suiza ni en ningún otro país fuera de España, ni a mi nombre ni al de terceros. Tengo la tranquilidad absoluta de poder defender mi inocencia cuando se me permita”.
Titular de Trabajo y Asuntos Sociales en el último gobierno de José María Aznar (2002-2004) y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2008, Zaplana sigue ingresado en el Hospital La Fe de Valencia por las complicaciones de la leucemia que padece y por la que tuvo que ser trasplantado en 2015. No podrá salir de España, tendrá que entregar su pasaporte y habrá de comparecer en el juzgado cada lunes.
