La Real Academia Española define la palabra dilema como aquella «situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas».
A la vista de la definición y el título de este artículo de opinión, entenderán conmigo los lectores que estamos ante un auténtico problema, de difícil elección y de máxima actualidad.
Nos contraemos a dos derechos constitucionales recogidos en nuestra Carta Magna que, en el presente, dado el grado de degeneración política alcanzado, chocan constantemente, pues a los medios de comunicación corresponde el deber de informar a la sociedad, pero sin vulnerar las garantías procesales de cada persona,resultando muy difícil equilibrar la satisfacción de ambos derechos.
El problema se enquista aún más cuando el periodismo o la justicia se politizan. No es extraordinario observar titulares que van más allá de la simple información dando por hechos los contenidos que se extraen de una denuncia o querella. En otras ocasiones, a sensu contrario, nos encontramos con informaciones que abogan desde el inicio de una causa penal por la defensa a ultranza del que solo denominan presunto, aunque haya sido cogido «in fraganti» sin otra posibilidad de defensa, que le asiste, de acogerse a la presunción de inocencia que resalta el medio en cuestión, cuando la sociedad, la justicia y otros periodistas están convencidos de su culpabilidad.
De otra parte, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo por el Congreso y el Senado, unido a ciertas actuaciones de los integrantes de uno y otro poder interfiriendo en competencias que no les asisten, procura inevitablemente la motivada sospecha social de que no existe la independencia judicial cuando de casos de corrupción se trata, pero no es admisible ni seria justo darle carácter de generalidad.
Para colmo, el dilema se complica aún más cuando asistimos a filtraciones a los medios de comunicación de diligencias judiciales extraídas de causas declaradas secretas o, lo que es peor, y a la inversa, se insiste en que hay que guardar silencio para no dañar el honor de las personas, siendo que lo que subyace es la pretensión de silenciar los abusos de poder.
En definitiva, jueces y periodistas son humanos, tienen sus inclinaciones ideológicas y no pueden evitar que sean objeto de opinión y critica, pero no deberíamos nunca soslayar que son profesionales del derecho y de la información y que, la inmensa mayoría, no se dejan influir e imparten justicia y transmiten hechos y emiten opinión, respectivamente, conforme a la ley y a la verdad objetiva y contrastada.
Dicho cuanto antecede, retomo el inicio de este artículo para concluir que el dilema seguirá sin resolverse, pero no diré que por desgracia, sino afortunadamente, porque ambos derechos constitucionales siguen vivos como sólidos cimientos de nuestra democracia, sin los cuales los excesos del poder no tendrían fronteras.
