La juez del ‘caso La Sal’ convoca una vista para decidir si atiende a la petición de la fiscal de intervenir judicialmente la planta de Escombreras
Diez exalcaldes de otros tantos municipios de la Región acaban de ser citados a comparecer, en calidad de testigos, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, con motivo de los convenios que todos ellos suscribieron en su día con el Ente Público del Agua (EPA) para recibir caudales de la desalinizadora de Escombreras.
El llamamiento se enmarca en la investigación del llamado ‘caso La Sal’, que busca establecer si existió connivencia entre altos cargos de la Administración regional y empresas privadas, entre ellas varias pertenecientes al Grupo ACS, con el presunto propósito de malversar cantidades multimillonarias de las arcas públicas en torno al proyecto de construcción y explotación de la planta desalobradora. De hecho, la Comunidad asumió algunos compromisos tremendamente gravosos, como el de abonar 600 millones de euros en el plazo de 25 años y además con base al principio legal conocido como ‘take or pay’, que establece que los pagos se harán incluso aunque las instalaciones estén paradas.
Por otro lado, tanto la fiscal designada para impulsar este caso, María Isabel Neira, como la propia magistrada tienen la sospecha de que desde el Gobierno regional que presidía Ramón Luis Valcárcel se impulsó el EPA y la adquisición de la desaladora con el propósito de garantizar los caudales que necesitaban las promotoras privadas, soslayando de esa forma -de manera aparentemente irregular- el obligado y vinculante pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre disponibilidad de agua.
Para establecer si ello fue realmente así, la representante del Ministerio Fiscal propuso en julio tomar declaración a un amplio grupo de alcaldes que años atrás suscribieron convenios con el EPA. Y ahora la juez acaba de dictar un auto justificando esa medida. De esta forma, los antiguos munícipes del PP llamados a testificar son Pedro Antonio Sánchez, exalcalde de Puerto Lumbreras y expresidente murciano, Domingo Aranda (Caravaca de la Cruz), José Martínez García (Librilla), José Hernández Sánchez (San Javier), Juan Morales Cánovas (Totana), Francisco Blaya Blaya (Mazarrón), Eduardo Contreras Linares (Molina de Segura), José Bolarín Cano (Ulea), Francisco Jódar Alonso (Lorca) y Pedro Col Tovar (Beniel). Los dos últimos son los únicos que no se han visto salpicados en algún momento por investigaciones penales.
Frente a la magistrada del ‘caso La Sal’ también deberán explicar las condiciones establecidas en los convenios con el EPA y los costes que debían asumir los municipios, con el fin de establecer si, como aseguró el exconsejero Antonio Cerdá en su declaración como imputado, la previsión es que la desaladora pudiera autofinanciarse y no supusiera una carga para la Administración regional.
Control de los pagos a ACS
Al margen de todo ello, la instructora ha convocado a una vista a todas las partes del proceso, con el fin de determinar, como reclama la fiscal, si es necesario intervenir judicialmente el EPA y la desaladora de Escombreras. La razón de tal petición estriba en garantizar un control total sobre los fondos públicos que se mueven desde esos entes y sobre los pagos que se vienen efectuando a ACS, con el fin de evitar mayores daños al interés público.
