La Policía Nacional ha detenido a cinco empresarios por un presunto delito contra los derechos de trabajadores en locales de masajes y cosmética por explotar a sus empleadas y obligarlas a hacer un final feliz a los clientes en el epílogo del tratamiento.

Según indican fuentes policiales, los detenidos son tres mujeres (dos de origen chino y una de origen colombiano con nacionalidad española y dos hombres (ambos de nacionalidad china). La actuación se ha extendido por nueve distritos de la capital: Chamberí, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Tetuán, Vallecas, Usera, Latina y Carabanchel.

Según la Jefatura Superior de Policía, la investigación se inicio contando con el apoyo y colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, dentro de un dispositivo de lucha contra el empleo irregular y la inmigración ilegal.

Para ello se realizaron inspecciones en más de 40 establecimientos de estética, manicura y masajes ubicados en nueve distritos de la capital, donde se ofertaban a clientes manicuras y masajes con final feliz (servicios de carácter sexual).

La investigación no ha podido demostrar de momento que las empleadas fueran obligadas a ejercer servicios de prostitución, según indican fuentes policiales consultadas, según Europa Press.

Los establecimientos ofertaban servicios de estética, manicura y masajes pero bajo esa «apariencia de normalidad» encubrían actividades de prostitución conocidas como masajes con final feliz.

En el transcurso de la investigación los agentes detuvieron a cinco empresarios como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Por su parte la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó 16 actas por diferentes infracciones en el ámbito de sus competencias. Tras su detención los empresarios han pasado a disposición de la Autoridad Judicial que decretó la libertad con cargos para todos ellos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELMUNDO