Desprotege, que nada queda

Desprotege, que nada queda

ÁNGEL MONTIEL

 

La herencia del PP sobre medio ambiente en la Región de Murcia tiene como colofón el colapso del Mar Menor. Ahí es hasta donde ha llegado el ‘agua para todos’, incluidos los intocables piratas del regadío. Por esto, todavía sorprende más que el actual presidente, López Miras, no haya recurrido, como esta vez sí debiera, al recurso de que él estaba aprendiendo a tocar la flauta cuando sus antecesores históricos se cargaban el futuro medioambiental de la Región por un puñado de votos.

El mago te pone el puño derecho cerrado frente a la cara para concentrar tu atención en el prodigio mientras introduce la mano izquierda sutilmente en el bolsillo del pantalón para depositar en él la bolita que no ves cuando extiende la otra mano ante tus narices. Se llama, más allá del arte de la magia, maniobra de distracción. 

Así empezó todo. Con una frase de Ramón Luis Valcárcel, al poco de que el PP tomara posesión del Gobierno regional a mediados de los 90: «Mientras yo sea presidente no se construirá el acceso Norte a La Manga». Era una frase valiente, porque contra esa voluntad del entonces flamante presidente gravitaba la opinión del alcalde de San Javier, de su propio partido, que tenía expuesta en el hall del Ayuntamiento una maqueta del puente que habría de unir las dos orillas. Y también la de algunos consejeros de su propio Gobierno: el de Industria y Turismo me señalaba desde un restaurante junto a la desembocadura del Tajo en Lisboa, adonde acudimos políticos y periodistas con motivo de la Expo, el poderoso puente que cruza el río, y proclamaba: «Si se puede construir un gran puente sobre la desembocadura del Tajo, ¿por qué no en La Manga para enlazar el tramo final con la costa?». Quedaba claro que la opinión de Valcárcel era personal, pues sus alcaldes concernidos y sus consejeros con competencias sobre el asunto apostaban por el acceso Norte. 

EL TRUCO. No era difícil ponerse del lado de Valcárcel y valorar su coraje frente a las propias fuerzas vivas de su partido. Hasta que percibimos más tarde que lo del acceso Norte era el puñito que el mago nos ponía frente a los ojos mientras promovía con la otra mano la urbanización del espacio protegido de Cabo Cope en la costa de Águilas. Se trataba de construir una Marina D’Or de lujo en competencia institucional con las iniciativas privadas de resorts en otros puntos de la Región. Para llevar a los ‘turistas residenciales’ (una contradicción en términos) hasta Cabo Cope se hacía necesario construir un aeropuerto que diera lugar a un tráfico de cinco millones de pasajaros al año, y desde él trazar una autopista con destino a la almeriense Vera, pero con salida a la nueva zona turística, su verdadero punto de destino, una vía que solapaba el trazado de la autovía ya existente con idéntica meta, a escasa distancia del nuevo monstruo que se alargaba más cercano a la costa. Se construyó la autopista, que nadie inauguró y por la que nadie circula, una de las que el Estado ha tenido que venir a rescatar, y se construyó el aeropuerto, éste a trancas y barrancas, sin que hasta ahora la Región haya obtenido de él los grandes beneficios que se anunciaban sino que más bien constituye una nueva máquina de tortura para las arcas públicas. 

LA LAGARTIJA DEL RABO COLORAO. Los ecologistas, a los que el Gobierno despreciaba públicamente señalándolos como ‘enemigos del progreso’ porque preferían a éste la conservación de la ‘lagartija del rabo colorao’ (un bicho inexistente, pero convertido en metáfora de todo reparo proteccionista frente al desarollismo desenfrenado), recurrieron la urbanización de Cabo Cope ante el Tribunal Constitucional, y ganaron. Antes de que se emitiera la sentencia pregunté al presidente Valcárcel: ¿Qué pasará si el Constitucional anula la Ley que permite construir en Cabo Cope? Su respuesta fue: «Cambiaremos la Ley para que sea posible construir en Cabo Cope».

No era posible el acceso Norte a La Manga (el señuelo con que el presidente se daba barniz ecologista), pero sí lo era plantar a mansalva edificios, hoteles y campos de golf en la última zona del litoral murciano libre de la presión del ladrillo por su protección medioambiental. La sentencia del Constitucional fue tan expeditiva que no permitió cambiar la Ley que permutaba, por apuntarlo gráficamente, el concepto protección por el de intervención. Pero ahí quedaron para los restos la autopista fantasma y el aeropuerto fantasmón, al que se le pretendió dar vida más tarde con el proyecto estupefaciente de la Paramount, otra auténtica jugada de mago en la que ya los espectadores adviertieron el truco con prontitud.

DEROGACIÓN DEL PROTECCIONISMO. A la par y antes y después de todo esto, el Gobierno regional se empeñó en derogar la ley del socialista Fuentes Zorita que preventivamente tomaba medidas sobre los efectos que contra el Mar Menor podían acarrear los desarrollos agrícolas en su entorno a consecuencia de la inyección hídrica del trasvase y de la alegría urbanizadora en los municipios de la costa. Valcárcel, Trillo y unos cuantos firmones agradecidos recurrieron esa Ley ante el Constitucional, en el supuesto de que el Gobierno socialista al que sucedieron los populares se había atribuido competencias que eran del Estado. El tribunal, sin embargo, refutó esa alegación y declaró que la Comunidad autónoma disponía de todas las competencias para regular tanto las directrices urbanísticas como los regadíos, tal y como figura explícitamente en su Estatuto de Autonomía.

Pero después llegó Aznar y decretó por Ley el mundo al revés. Antes de Aznar se podía construir allí donde las Administraciones lo autorizaran; con Aznar se podía construir en todo lugar, salvo si las Administraciones lo denegaban con alguna causa que debían justificar mediante muy estrictos argumentos. Parece lo mismo, pero no es igual. En la Ley del Suelo de Aznar prima lo privado sobre lo público, es decir, las Administraciones debían actuar a la defensiva, y eso en aquellas pocas que cargaban con la responsabilidad de moderar el despendole, y ahí empezó el cachondeo. 

FUERA ESA LEY. La Ley de Protección del Mar Menor fue la primera víctima de este cambio de foco, y a partir de entonces todo valía. Ancha es Castilla, tanto que los expertos en ingeniería legal se sacaron de la manga la posibilidad del ‘teletransporte urbanístico’, que consistía en levantar urbanizaciones en espacios hasta entonces vedados a cambio de ceder terrenos de monte a los Ayuntamientos, pericia en la que se especializó en su día el funesto alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, quien ahora considera que la crisis del Mar Menor es (atentos, atentos) una oportunidad para la colaboración público-privada. Es decir, para promover nuevos negocietes privados a costa de los intereses públicos después de que los intereses privados se hayan cargado el espacio público del Mar Menor y ni siquiera hayan respondido a la ley no escrita de que ‘quien contamina, paga’. El ‘teletransporte urbanístico’ es, para entendernos, una fórmula como la de los países que cumplen las limitaciones sobre contaminación establecidas en los pactos internacionales intercambiando su cuota con la que corresponde a naciones del Tercer Mundo. 

LA HERENCIA. Este es el legado medioambiental de Valcárcel, el hombre que no quería construir el acceso Norte a La Manga, aunque en su último mandato accedió a que se instalara un puente de madera para paseantes y ciclistas que habría colmatado el último espigón de la zona con pretendientes a disfrutar de ese espacio. Es también el presidente que, entusiasta de los eufemismos de la política europea, cambió el rótulo de la consejería de Medio Ambiente por el concepto de Desarrollo Sostenible, un maquillaje perfecto mientras su Gobierno apadrinaba la urbanización de La Zerrichera, Lo Poyo o los proyectos de presión urbanística sobre el Mar Menor diseñados por Hansa Urbana y otros, y alguno de sus diputados exhibía desde el escaño de la Asamblea Regional el libro El ecologista escéptico, de Bjorn Lomborg, que más que escético era negacionista. Pero entonces todo valía contra los proteccionistas de la lagartija del rabo colorao.  

EL COLOFÓN DE UNA POLÍTICA. Esta es la herencia del PP sobre medio ambiente en la Región de Murcia, resumida a muy grandes rasgos. El colofón es el colapso del Mar Menor. Ahí es hasta donde ha llegado el ‘agua para todos’,, incluidos los intocables piratas del regadío. Por esto, todavía sorprende más que el actual presidente, López Miras, no haya recurrido, como esta vez sí debiera, al recurso de que él estaba aprendiendo a tocar la flauta cuando sus antecesores históricos se cargaban el futuro medioambiental de la Región por un puñado de votos. Vale, López Miras y los suyos son los herederos de ese poder acumulado sobre una promesa de falso progreso, pero tanto que presumen de una nueva política aunque se sustente en las mismas siglas, tal vez habría contribuido a su credibilidad que hicieran autocrítica del pasado y no recurrieran, como han hecho, a culpar al Gobierno nacional presente. En realidad, tanto Pedro Sánchez como López Miras pasaban por aquí mientras Valcárcel, hacedor de todo esto, debe cobrar como exeurodiputado una pensión de doce abuelos. Y ríase la gente.

YO DESREGULO, TÚ PAGAS. Tiene gracia. El PP regional ha promovido, defendido y alentado políticas desarrollistas sin freno ni control de las que se ha ido beneficiando electoralmente, con el recurso de la patá palante, y cuando esas políticas han colapsado con muestras gráficas de toneladas de peces asfixiados, instan al socorro del Gobierno central. Como si lo que está sucediendo en el Mar Menor fuera cosa de un tal Sánchez y no de un historial de desprotección medioambiental perfectamente estructurado hasta ayer mismo con los decretos derogatorios del propio López Miras a cuenta del estado de alarma consecuencia de la pandemia. Han llegado hasta el ridículo de pedir al Gobierno central la declaración de ‘zona catastrófica’ para el Mar Menor, como si el desastre hubiera obedecido a un hecho atmosférico cirunstancial. 

Pero lo más grave es que se acuerdan ahora de que no han solicitado las competencias que constan en el Estatuto de Autonomía acerca de la gestión hídrica interior, y esto sin reparar en que ya se las atribuye una sentencia del Tribunal Constitucional y el propio establecimiento de creación del Ente Regional del Agua (otro truco del mago Valcárcel) en el que se relacionan todas. Vamos a ver: está en trámite en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía, y resulta que ni siquiera, según el Gobierno regional, se han asumido todas las competencias del Estatuto original. ¿Podemos considerar que esto es una buena gestión tras veintiséis años de Gobierno? Más bien deberían ahorrarse ese pretexto, siquiera por pudor.

EL PP Y LA CHS. Al Gobierno López Miras se le olvida, además, cuando apela a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como el ramal del Gobierno central en la gestión del agua en la Región, que se trata de un organismo en cuya Junta de Gobierno ostenta la vicepresidencia el propio consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, un dato que mucha gente desconoce, así como otra media docena de representantes del Ejecutivo de López Miras. El plan general de actuacion de la CHS se establece en esa Junta de Gobierno, de manera que quizá debiera quedar reflejada en las actas la posición del Gobierno regional, aunque esté en minoría. Y hay que recordar que la CHS ha estado en manos del PP durante los ocho años del Gobierno de Aznar y los siete del de Rajoy. Sería interesante conocer qué hizo la CHS en la famosa rambla del Albujón, por ejemplo, durante los quince años en que el PP dirigió el organismo de cuenca. 

La desprotección del Mar Menor viene de muy atrás y arranca desde que el PP se hace cargo del Gobierno regional a mediados de los 90. Y no se trata de una circunstancia particular, pues afecta al conjunto de la política medioambiental de los sucesivos Gobiernos de este partido. Es la política de los trucos de magia: nada por aquí, nada por acá, como en el último libro de Antonio Botías.

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