Hace pocos meses, el pleno del Congreso aprobó el cupo vasco a pesar de la férrea oposición del grupo de Ciudadanos. Tras la polémica surgida alrededor de este singular método de financiación autonómica (sistema de concierto o convenio que se aplica en las regiones forales), el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha llegado a proponer que este método sea la referencia del nuevo sistema de financiación regional, lo que supondría que las haciendas autonómicas recaudasen la práctica totalidad de los tributos para realizar finalmente una transferencia a la Administración General del Estado. La extensión de esta fórmula supondría unificar el sistema de financiación autonómica, lo que sería más justo por un lado, pero por otro incrementaría de forma muy considerable las disparidades económicas entre regiones.

Según concluye el informe realizado por Ángel de la Fuente, director de Fedea y autor de las famosas balanzas fiscales, la financiación de las comunidades más ricas se vería incrementada de forma sustancial: la Comunidad de Madrid aumentaría su financiación en un 54,8%, Baleares en un 31,4%, Cataluña un 21,4% y Valencia un 4%. Por el contrario, el resto de comunidades saldrían perdiendo. Por ejemplo, Extremadura tendría una caída del 42,7% de su financiación actual, mientras que La Rioja obtendría un 22,5% menos y Castilla La-Mancha un 21,8% menos.

Madrid, la gran ganadora

En términos absolutos, los datos muestran que la Comunidad de Madrid pasaría de tener una financiación de 14.370 millones (financiación actual) a contar con 22.408 millones de euros, cifra que es el resultado de la recaudación total de la comunidad después de haber pagado un cupo de 17.925 millones de euros. Este cupo se calcula teniendo en cuenta el PIB de cada región.

Este cambio se produce, por un lado, porque la Comunidad de Madrid recaudaría todos los grandes impuestos, lo que ya supondría un incremento de su recaudación de alrededor del 100%. Por otro lado, no sería necesario hacer aportaciones al Fondo de Garantía, cuyo objetivo es que todas las CCAA tengan unos recursos por habitante similares, distribuyendo los fondos según las necesidades estimadas de cada región (por lo que las más ‘ricas’ suelen salir perdiendo).

Por otro lado, tampoco habría que restar las cantidades destinadas al Fondo de Suficiencia que permite asegurar la financiación de la totalidad de las competencias de las CCAA. Madrid, Valencia, Baleares y Cataluña son las comunidades que más dinero aportan a estos fondos ‘equilibradores’, según otro trabajo del director de Fedea sobre la liquidación de 2015 del sistema de financiación de las CCAA de régimen común.

En el caso de Cataluña, la financiación aumentaría hasta los 20.895 millones de euros frente a los 17.160 millones actuales. Como el PIB de Cataluña (en 2015) era superior al de Madrid, la aportación o cupo al Estado sería de 18.095 millones de euros. Por otro lado, Baleares tendría que pagar un cupo de 2.407 millones de euros y su financiación se quedaría en 3.601 millones, unos 800 millones de euros más que la financiación actual.

Menos eficiencia y equidad

El trabajo muestra que la extensión del sistema foral (aplicado en el País Vasco y Navarra) al conjunto de España no sería una buena idea, ni con criterios de eficiencia ni de equidad». Comunidades como Madrid o las Islas Baleares saldrían muy beneficiadas al obtener una financiación muy por encima de la actual, pero otras comunidades tendrían que cubrir sus servicios con mucho menos dinero, como sería el caso de La Rioja, Extremadura, Andalucía o Castilla La-Mancha.

Con este cambio de sistema las comunidades pasarían a recaudar directamente todos los granes impuestos (IRPF, IVA y Sociedades), pero en contrapartida «tendrían que realizar una aportación o cupo para financiar las actividades de la Administración General del Estado. También desaparecerían las transferencias niveladoras del Estado y entre las propias comunidades autónomas, que son ajenas al sistema foral que se propone extender».

Para mantener constantes los recursos netos de la Administración General, todos los cupos regionales deben sumar la cantidad que el Estado recauda para su propia suficiencia en la actualidad con los grandes impuestos. Según datos del último ejercicio liquidado hasta el momento, los cupos deben sumar 87.249 millones de euros.

Por último, hay que tener en cuenta que Canarias ha quedado excluida de los datos presentados en este artículo por las peculiaridades de su régimen fiscal, que como destaca Ángel de la Fuente, presenta «una presión fiscal muy baja por tributos indirectos, que se traduciría en una financiación muy reducida en ausencia de transferencias del Estado o de otras comunidades». Esta singular situación distorsiona los resultados finales apareciendo Canarias siempre con la mayor perjudicada.

A modo de conclusión, de la Fuente sentencia que «los argumentos a favor de la generalización del sistema foral de concierto o convenio son muy poco convincentes. La propuesta supondría la renuncia de la Administración Central a la facultad de imponer tributos sobre sus ciudadanos, algo que hasta donde yo sé no sucede en ningún país del mundo». Además, casi con toda seguridad se produciría «un aumento muy considerable de la desigualdad territorial en financiación por habitante que plantearía serios problemas de equidad».

 

 

 

 

 

FUENTE: ELECONOMISTA