Los más viejos conocerán, tal vez, la canción «Cuando llegue septiembre» que sonaba en los primeros guateques de los años sesenta y muy pocos. La cantaba Bobby Darin y en algunos de sus versos decía: «Cuando llegue septiembre se ocultará la luz más pronto y la noche y la noche sin final será el encanto de septiembre». Todo parecía maravilloso salvo para algunas rosas, que no seguirían vivas. Pues a algunas de las rosas socialistas del Sur, cuando llegue septiembre, con la sentencia de los ERE a cuestas, les va a costar trabajo sobrevivir.
Como no es la única sentencia que nos sorprenderá cuando llegue septiembre, es de suponer que el panorama político -todavía más si nos encaminamos como algunos auguran a unas nuevas elecciones en noviembre-, sufrirá nuevas convulsiones. Si los jueces se dan prisa, la sentencia de los ERE podría conocerse en septiembre, casi al mismo tiempo que la sentencia por la intentona de Golpe de Estado del separatismo catalán del 1-O de 2017.
Recordemos enseguida que este juicio celebrado en Sevilla durante casi todo 2018 afecta a dos ex presidentes nacionales del PSOE que fueron a su vez presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a 19 ex altos cargos, desde consejeros y viceconsejeros a directores generales de la Junta de Andalucía por delitos que comprenden la prevaricación y la malversación de caudales públicos.
Se enjuicia -y por ello es considerado el caso político de los ERE-, el procedimiento utilizado para conceder ayudas sociolaborales por un importe de alrededor de 800 millones de euros, muchos de los cuales recayeron en empresas «amigas», intermediados por sindicalistas «amigos» y en colectivos de trabajadores y zonas geograficas afectados por la crisis pero privilegiados respecto a los demás por razones partidistas.
Resumiendo, digamos que el procedimiento utilizado fue eliminar el habitual mecanismo de las subvenciones excepcionales, que tenían que tener control de la Intervención, por unas transferencias, llamadas de financiación y que el propio ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, calificó de «fondo de reptiles», donde se eludía todo tipo de controles y era ilegal, según el propio Interventor General de la Junta de Andalucía y procesado, asimismo, Manuel Gómez.
Tras el apartamiento de la juez Mercedes Alaya de los macrocasos que instruyó desde el principio, su sucesora la juez Núñez Bolaños, troceó todo el caso ERE contra el criterio de su antecesora. Además, inició una polémica instrucción que la tiene ahora pendiente de las quejas presentadas contra ella por la Fiscalía Anticorrupción. De todos modos, el caso político de los ERE fue llevado a juicio.
Hasta ochos de cárcel pide la Fiscalía para algunos de los procesados como el ex consejero José Antonio Viera -seis nada menos para el ex presidente del PSOE y de la Junta, José Antonio Griñán- aunque para otros, como Manuel Chaves, todo queda en peticiones de inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público.
Hace dos días, Diario de Sevilla titulaba una de sus piezas sobre el caso ERE: «El tribunal de los ERE pisa el acelerador«. Teniendo en cuenta que el juicio finalizó el pasado 17 de diciembre de 2018, ajustadamente después de las elecciones autonómicas del 2 del mismo mes, el parto del tribunal de la Audiencia Provincial, si todo va bien, se producirá nueve meses después, si se pisa el «acelerador» en agosto.
Atrás han quedado unas elecciones generales, unas autonómicas, unas municipales y un debate fallido de investidura. Pero, miren por donde, esta sentencia puede terminar dictándose en un período preelectoral con consecuencias mayores para las partes implicadas. Lo de pisar el acelerador tiene doble lectura porque acentúa la diligencia judicial exhibida ahora, pero deja adivinar que no siempre fue así y que el acelerador no fue pisado antes.
Hay tres magistrados de la Audiencia que tendrán que firmar la sentencia, presididos por Juan Antonio Calle Peña, que fue liberado desde hace seis meses de cualquier otra dedicación judicial. Las otras dos magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez también fueron liberadas desde el mes de abril de atender a ciertos asuntos y de asistir a juicios.
Aun así, y aunque la instancia superior andaluza, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha puesto como tope septiembre, nadie tiene seguro que la sentencia no se alargue hasta octubre o más. Pero, en cualquier caso, no cabe duda de que su resultado afectará a unas elecciones generales si es que finalmente se celebran, otras más, en noviembre.
Nadie puede dudar de dos cosas: de la complejidad del caso y de su repercusión política nacional. El caso contempla diez años de gestión política de la Junta de Andalucía regida por el socialismo desde 1982 y está relacionada con los presupuestos y la gestión contable de los fondos públicos, gran cantidad y calidad de pruebas periciales de la acusación y de la defensa donde destacan las aportadas por la Intervención General del Estado y las declaraciones de un centenar bien largo de testigos.
Todo el caso está adobado de escándalos laterales como las andanzas picarescas de un director general de Trabajo y su chófer, las maniobras de ex líderes sindicalistas que acumularon dinero «pa asá una vaca» gracias al procedimiento empleado y los enfrentamientos públicos entre un Interventor General y el ex presidente Griñán por la legalidad de lo practicado. Por si fuera poco, el que el Consejo General del Poder Judicial tenga que decidir si el comportamiento de la juez Bolaños ha sido o no lesivo para el resto troceado del caso, añade expectación al resultado.
Tampoco puede dudarse de la repercusión política nacional porque si el PSOE de Pedro Sánchez ha presentado, con éxito, al PP de Rajoy como el partido más corrupto de España, a partir de septiembre, si la sentencia le es adversa, puede sufrir una inversión de calado pasando a ser el único partido con dos presidentes nacionales condenados por corrupciones varias y, ojo, con dinero público.
Si, además, la sentencia de los ERE, cuando llegue septiembre o cuando pase, se dicta al mismo tiempo, o en tiempo cercano, que la otra sentencia esperada para otoño, la relativa al golpe de estado separatista de 2017 en Cataluña, no puede caber duda de que el otoño comenzará más que caliente y que algunas rosas, ya sean rojas o amarillas, no sobrevivirán al calurón político y la Junta de Andalucía, en manos de «los otros», ya no puede regar nada de ese jardín.
